Periodistas y fotógrafos, uno de los objetivos
de las detenciones arbitrarias y las balas de goma
En las últimas movilizaciones masivas, más de
medio centenar de trabajadores de prensa sufrieron los abusos de las fuerzas de
seguridad mientras estaban registrando el accionar violento de sus agentes.
Por Irina Hauser
Sólo el último lunes se registraron al menos 36
trabajadores de prensa heridos.
En uno de los momentos de máxima tensión, cuando
la policía empezó a tirar balas de goma y gases para desarmar la movilización
del lunes último contra la reforma previsional, Diego Murrone y tres compañeros
de FM La Patriada se alejaron por avenida de Mayo. Allí buscaron dónde quedar a
resguardo, y se ubicaron abrazados entre sí en la entrada de un edificio, donde
permanecieron inmóviles. Lo único que no dejaron de hacer fue filmar a los
uniformados que disparaban hacia otras personas. “Un grupo de policías pasó
delante nuestro y siguió de largo. Otro agente nos gritó ‘¡Salgan!’ y apenas
dimos unos pasos el pelotón inmediatamente pegó la vuelta y se nos vino encima.
Así, de la nada, nos llevaron detenidos a las piñas”, reconstruye Murrone. “Una
vez en la comisaría pedí que avisaran que yo estaba ahí, incluso dije que soy
periodista, y la respuesta fue ‘No vas a poder informarle a nadie que estás
acá”, relató. Las detenciones y agresiones físicas dirigidas a trabajadores de
prensa han sido un constante en las movilizaciones populares de 2017, con un
ensañamiento que recrudeció en la primera marcha por Santiago Maldonado y las
dos recientes contra el ajuste de jubilaciones, pensiones y asignaciones. En la
marcha del lunes último hubo 36 fotógrafos, camarógrafos y cronistas heridos, según relevó el
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). El jueves anterior, 12
fotógrafos baleados, y tres afectados por gases y chorros de los camiones hidrantes
y un periodista agredido por policías.
Las fuerzas de seguridad hacen foco en quienes
las enfocan a ellas: quienes están en las movilizaciones documentando y tomando
registro de todos lo que sucede. La escena que vivió el fotógrafo Pablo
Piovano, trabajador free lance que desarrolló una larga trayectoria en
PáginaI12, en la primera manifestación contra la reforma previsional no deja
lugar a dudas. Cámara en mano, Piovano seguía a un grupo de policías que iban
de dos, en moto, una modalidad muy extendida en estos operativos: uno conduce y
el otro dispara. La manifestación se replegaba por primera vez. “Yo había
estado en la plaza, en medio de los gases, y me fui solo al lado de un puesto
de diarios a recuperarme. Todo estaba más tranquilo ya, en especial donde yo me
encontraba, en Rivadavia y Montevideo. Pero de pronto, en el momento más
impensado, un policía me mira fijo, levanta la escopeta y a muy pocos metros me
descarga un montón de balazos en el torso y el abdomen”, relata. Le quedaron 14
orificios perfectamente marcados, como se ve en una imagen suya que se viralizó
ese mismo día. Recién a las seis de la tarde pudo llegar al hospital Argerich:
además de recibir una curación se abrió una causa judicial por sus heridas.
¿Alguien investigará realmente ese ataque policial?
PUBLICIDAD
Sebastián Hacher, periodista, editor, fotógrafo,
escribió en Cosecha Roja, luego de ser herido en la cabeza en medio de la
ofensiva policial: “Nunca hasta ayer había tenido que dejar de trabajar por un
golpe. Lo peor de la represión es eso: cuando te lastiman, cuando te detienen,
dejás de disponer de tu cuerpo. Cuando empezó la represión estaba adelante de
todo. Siempre trato de quedar del lado de la gente: me siento más seguro ahí.
En algún momento empezó el avance de la policía y quedé mal posicionado, escondido
atrás de un tacho de basura mínimo con Leandro Teysseire, fotógrafo de
PáginaI12, uno de los mejores. Yo hice un chiste sobre lo pequeños que eran
nuestros lentes para la situación en la que estábamos. Es mi forma de mantener
la calma. ‘Parapetate’, me dijo él. ‘Estamos regalados’, dije yo. Luego supe
que un rato más tarde también cobró”. Sebastián cuenta que se tocó la cabeza y
brotaba mucha sangre. Su última foto salió movida. No le quedaba otra que
buscar quien lo atendiera. Lo acompañó otro fotógrafo, Alfredo Srur, dos
cuadras hasta que encontraron una ambulancia. La única que encontraron fue una
ambulancia de la Corriente Villera, de la Villa 21-24. La compraron en el
barrio, cuenta, cuando dejó de entrar el SAME. Lo atendió una enfermera llamada
Marta. En el móvil había un chico que tenía un balazo de goma en el ojo. “Lo
perdí, no veo nada”, le dijo. Era cierto, lo había perdido.
Como Sebastián, y como otros trabajadores de
prensa, Silvina Rouvier -que intentaba filmar los sucesos para el portal La
García, de Cynthia García– también quedó fuera de juego cerca de las 15.30, y
no tuvo la suerte de dar con la ambulancia villera. Encontró una carpa del
SAME, pero la ignoraron. Allí atendían a los agentes heridos, según pudo ver.
“Estaba filmando a un grupo de policías que le disparaba a los manifestantes
que estaban a una cuadra de la plaza y en ese momento recibo un impacto de bala
de goma en la boca. Me voló uno de los dientes de adelante, lo perdí, y cortó
el labio. Finalmente en una guardia me dieron cuatro puntos. Una corresponsal
que estaba conmigo me dijo que un pelotón abrió fuego hacia mi lado y yo me
agarré la boca”, le contó a PáginaI12. “Quedé impactada por lo que viví, y de
ver cómo les disparaban a personas que no hacían nada. Grabé el audio de la
plaza porque estremecían los sonidos, los gritos, los disparos”, cuenta. Víctor
Caivano, director de Associated Press en Argentina y para el Cono Sur, estuvo
trabajando, con su cámara y un casco que dice “Prensa” delante de todo de la
movilización, cerca de las vallas. A él, que a diferencia de otros colegas
tenía la cabeza protegida, eligieron tirarle a las piernas. “Me quedaron ocho
balazos en las piernas y en los glúteos y uno en el brazo izquierdo. Me tiraron
también una granada que me llenó la pantorrilla de unas pequeñas esquirlas,
además de dejarme sordo un buen rato”, describe a este diario.
La verdad de las imágenes
En la mayoría de las protestas desarrolladas
este año fue ostensible que la represión de fuerzas de seguridad, al mando de la
ministra Patricia Bullrich, recrudecía en los momentos de desconcentración o de
repliegue de manifestantes, que los agentes hicieron detenciones al voleo y que
en algunos casos se trató de personas que pasaban de casualidad por la zona.
Pero también quedó a la vista cierta selectividad dirigida a trabajadores de
prensa, en especial a quienes filman y sacan fotos. La experiencia en Argentina
ha mostrado la relevancia que tienen los medios de comunicación y sus
trabajadores al momento de documentar los abusos y delitos cometidos por
fuerzas de seguridad como ocurrió con el asesinato de Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán en 2002.
Después del atropello del jueves 14 diciembre,
cuarenta organizaciones sociales, gremiales, ambientalistas y de derechos
humanos de todo el país, pidieron una medida cautelar ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Señalaban “la escalada de
hostigamiento, represión, cercenamiento a la protesta social” así como “la
represión ejercida contra las trabajadoras y trabajadores de prensa”. El jueves
último, ya después de la segunda movilización, la CIDH y la Relatoría especial
para la Libertad de Expresión difundieron una advertencia hacia el Estado
argentino en la que señalan “preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado
de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina, que dejó
decenas de heridos, detenidos y de periodistas lesionados”. El texto hace
referencia a los hechos tanto del 14 como del 18 de diciembre.
“El Estado tiene el deber de garantizar que los
periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa
en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados,
agredidos o limitados de cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo
su profesión”, señalan la CIDH y la Relatoría, y agregan que esos ataques y la
destrucción de equipos que usan los trabajadores violan la libertad de
expresión. Parecen expresiones obvias, pero pese a ellas el Gobierno nacional
siguió doblando la apuesta con un pedido del presidente para que las personas
detenidas en protestas no sean excarceladas, en un discurso que generaliza el
uso de la palabra “violencia” y la extiende a cualquier actor social menos a
las fuerzas de seguridad.
Arrestos ilegales
La detención repentina del grupo de trabajadores
de La Patriada, que es parte del Proyecto Comunidad, quedó filmada y fue
entregada al juzgado de Sergio Torres. Tanto Murrone, que es el director de ese
proyecto, sus otros compañeros arrestados, que son Lorena Sfeir, Eva Luna Lillo
y Francisco Scarzella, presentaron su denuncia contra la policía también ante
la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). “El delito lo cometió el
Estado, no nosotros”, advirtió Murrone. Contó también a este diario que la
policía mantuvo malos tratos hacia ellos hasta el momento en que públicamente fueron informados quiénes y
dónde estaban detenidos. Algunos medios de comunicación afines al Gobierno,
como se vio en los programas de Alejandro Fantino y Eduardo Fenimann,
exhibieron una foto de Eva Luna en el momento en que se la llevan presa con una
leyenda que la sindicaba como una de las “agresoras del Congreso”. Un mínimo
chequeo da cuenta de que estaba simplemente parada en el hall de un edificio
con sus compañeros cuando la policía se le vino encima.
La detención deliberada de periodistas, en plena
labor de filmar y fotografiar, ya había ocurrido durante la marcha del 1 de
septiembre cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
En aquella oportunidad llegaron a estar 72 horas detenidos a disposición del
juez Marcelo Martínez de Giorgi, que decidió procesarlos finalmente por
intimidación pública y resistencia a la autoridad, además de daños. Ezequiel
Medone, de la Red Nacional de Medios Alternativos y Antena Negra fue uno de
ellos. “No me importa que seas periodista”, le gritó un policía al detenerlo y
en el instante menos pensado le amarró los brazos para llevárselo. Medone, como
muchas de las otras personas, denunció que las actas policiales eran truchas,
que señalaban horas y lugares de detención que no eran reales, y decían que
estaban tirando palazos, piedras y quemando tachos cuando, a duras penas, uno
aparecía en una foto levantando algo que parecía una piedra. La Cámara Federal
revocó los procesamientos, precisamente por falta de pruebas, tanto de Medone
como de su compañero, Carlos Ardila Guerra, que es fotógrafo de ATE y la
fotógrafa Paola Barriga Montero. Esta semana quedaron perplejos al ver que el
fiscal de Cámara, Germán Moldes, sacó un dictamen que no sólo pide que los vuelvan
a procesar y los acusa de “ir disfrazados de fotógrafos con una máscara de baja
calidad” sino que pide una ley que restrinja las excarcelaciones en contextos
de protestas sociales. Describió a quienes protestan como “canallas y
facinerosos” y cuestionó el “festival de liberaciones” de los detenidos de esta
semana. Su dictamen, que se focaliza en estos cuatro trabajadores de prensa
aunque extiende sus convicciones a cualquiera, podría parecer un exabrupto
solitario del mismo fiscal que reivindica la denuncia de Alberto Nisman contra
el gobierno anterior y facilita el sobreseimiento de funcionarios macristas.
Pero el respaldo a su propuesta represiva que hizo pública Mauricio Macri puso
en escena una vez más esta alianza judicial-política y de medios afines que con
apariencia jurídica ponen en riesgo derechos y garantías.
Fuente: Página 12
