Silvia Ferreyra
23/01/2018
Pascua Lama es un proyecto de la empresa Barrick
Gold para extraer oro y plata, una mega minera a cielo abierto con uso de
cianuro, ubicada a 4.000 metros de altura, rodeada de glaciares, en la frontera
de Chile (en Alto del Carmen, provincia del Huasco) y Argentina (departamento
Iglesia, provincia de San Juan). Asentado en un vasto territorio que abarca
espacios a ambos lados de la frontera, administrado y custodiado por la
transnacional, pretendía convertirse en un virtual “tercer país” instalado
entre Chile y Argentina. Uno de los proyectos más importantes de la empresa,
único por su condición binacional, no hay antecedentes ni normativa en el mundo
para proyectos mineros a cielo abierto con esta característica. El marco legal
en este caso es el tratado minero firmado por ambos países a fines de los
noventa, que permite que cada proyecto establezca sus propias reglas.
“Durante más de 17 años la comunidad del Valle
del Huasco le insistió al mundo que el proyecto binacional Pascua Lama era un
despropósito, era inviable; contra los estudios, estadísticas y lobby a todo
nivel de la entonces mayor minera de oro del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce
y se clausura definitivamente la faena minera que nunca debió haber sido
aprobado e iniciada su construcción”.
El comunicado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA,
que acompaña desde el primer momento a las comunidades denunciantes, habla de
la lucha desigual llevada adelante para lograr este resultado.
La máxima autoridad ambiental de Chile, el
Superintendente del Medio Ambiente Cristián Franz, señaló que “dada la
naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego
de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como
jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las
partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y
definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada
y proporcional en este caso”.
La empresa sin embargo insiste en la continuidad
del proyecto. Tras la decisión del gobierno, el director ejecutivo de Barrick
Chile, René Muga, además de destacar que esperaban una multa mayor a los u$s
11,5 millones finalmente dispuestos por la autoridad, afirmó que la sanción
impuesta “se refiere a eventos del pasado y que actualmente, Pascua Lama está
enfocada con una perspectiva de sustentabilidad”, adjudicando el cambio a
una“respuesta a las inquietudes expresadas por las comunidades” por la que “la
compañía está realizando estudios de optimización del proyecto para evaluar un
posible desarrollo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y sociales”.
Lucio Cuenca, dirigente de OLCA, detalla el
largo peregrinar para lograr que finalmente se haga justicia: “El expediente
del caso es grueso y da cuenta de más de 30 infracciones a las Resoluciones de
Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que por las mismas irregularidades,
quedó a medio construir desde comienzos de 2013, y está paralizado por medidas
cautelares de la autoridad fiscalizadora que fueron confirmadas por los
tribunales, sin poder terminar la construcción para entrar en operación. La
empresa ha buscado mañosamente minimizar las faltas, que en la mayoría de los
casos fueron relevadas por la comunidad, no por el Estado, pues en Chile opera
el auto-control de las empresas, por lo tanto la fiscalización es indirecta y
estatalmente deficitaria. Sin embargo, las presiones de una minera sobre
gobiernos extractivistas, rinden fruto: por ejemplo, logró que se acumularan
los dos procesos de sanción en curso (A 002-2013 y D 011 – 2015), por eso
cuestiones que ocurrieron hace más de cuatro años están siendo vistas con otras
que ocurrieron en fechas posteriores a 2013, esto impide que un proceso
constituya precedente del otro, evitando que la reincidencia agrave las faltas
que se han seguido produciendo, sobre todo en lo referido a la contaminación de
las aguas y el daño irremediable a los glaciares. Sobre este mismo punto, a mediados de 2016, Barrick logró que se
modificara la RCA del proyecto cambiando el sistema de monitoreo de las Aguas,
fijando una nueva línea base de éstas, con parámetros de concentración de
metales pesados más altos que lo que tenía el río antes de la llegada de la
minera al Valle del Huasco, por lo tanto eximiendo de responsabilidad a la
empresa de la contaminación que ha traído consigo y estableciendo que ésta es
un fenómeno natural”.
En Argentina conocemos muy bien el “modus
operandis” de Barrick desde mucho antes que los tres derrames recientes en la
mina Veladero, en San Juan. Desde la propia sanción del Tratado Minero
Argentino-Chileno en ambos países a fines de los años noventa –actualmente
vigente – la minera no escatimó esfuerzos para lograr con Pascua Lama su propio
“Tercer País” en el medio de la cordillera. En el libro “El país virtual. El
lado oscuro del tratado minero chileno-argentino”, su autor Julián Alcayaga
Olivares, asesor del titular de la comisión de minería de la cámara alta
chilena en aquél momento, el senador Jorge Lavandero, describe cómo en una cena
con su jefe, el propio abogado de Barrick José Antonio Urrutia destacó que la
empresa “no sólo había sostenido desde hacía varios años, un diálogo con las
más altas instancias administrativas y políticas de Chile y Argentina para
viabilizar su proyecto, sino que además había redactado el Tratado Minero
[sic]”.
Apenas inició la construcción de la mina, las
comunidades del Valle del Huasco, agricultoras en su mayoría, alertaron sobre
el peligro que significaba para su principal fuente de agua: los glaciares. La
denuncia se extendió hacia este lado de la cordillera, y hubo una incipiente
coordinación entre distintos sectores de ambos países para detener el proyecto
y dar a conocer los riesgos del Tratado. Una de las estrategias fue elaborar
proyectos de leyes de protección de glaciares para presentar en ambos países.
En el caso de Argentina fue presentado por la entonces diputada Marta Maffei,
aprobado el 22 de Octubre de 2008, y vetado días después por Cristina
Fernandez, con poca sutileza en sus fundamentos: “Gobernadores de la zona
cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma
sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico
y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”.
Miguel Bonasso, presidente en aquél entonces de
la comisión de ambiente de la Cámara de Diputados, presentó en diciembre de
2008 un nuevo proyecto con el mismo texto de Maffei para su nueva sanción;
mientras la Secretaría de Ambiente y el titular de la comisión de ambiente del
Senado, el senador Daniel Filmus, convocaban a los gobernadores de las
provincias cordilleranas para redactar una nueva ley. Filmus presentó su
proyecto en agosto del 2009, con un marco de protección más estrecho que el
texto vetado, logrando media sanción en Senado en octubre de ese año. Ambos proyectos se enfrentaron en Diputados.
La ley de protección de glaciares y los
fundamentos del “Veto Barrick” empezaron a difundirse a lo largo del país,
principalmente en las provincias donde fruto de la movilización ya se habían
establecido restricciones a la actividad minera o existía un rechazo a nuevos
emprendimientos. Muchas organizaciones aprendimos qué era el ambiente glaciar y
periglaciar, para qué servían, porqué era importante su preservación, qué
intereses había tras el veto, quién era la Barrick Gold, hasta dónde la
megaminería nos beneficiaba como país. Se abrió un debate importante en la
sociedad que por suerte perdura hasta estos días.
Tal es así que el proyecto de Bonasso obtuvo
mayoría en reunión conjunta de minería y ambiente en Diputados, en mayo de
2010. Un mes después, la presidenta se entrevistó en Canadá con Peter Munk,
titular de Barrick, en el marco de una reunión del G-20; varios gobernadores
participaron del convite: Beder Herrera (La Rioja), José Luis Gioja (San Juan),
Juan Manuel Urtubey (Salta). A la vuelta del viaje –oh, casualidad- varias
provincias presentaron leyes de glaciares provinciales de expresa
desprotección, que fueron sancionadas todas en trámite “express”, antes de la
aprobación de la nacional. Finalmente Filmus resolvió unificar su proyecto con
el de Bonasso, con modificaciones “positivas”, logrando la aprobación
definitiva el 29 de septiembre de 2010 en el Senado, luego de varias idas y
vueltas para su tratamiento en ambas cámaras, con prácticamente todo el
radicalismo y la coalición cívica votando a favor y la mayoría del Frente para
la Victoria votando en contra.
Vale recordar toda esta cronología un tanto
tediosa, ya que desde hace unos meses el gobierno insiste con modificar la Ley
de Glaciares, en el marco de ampliar y consolidar las ventajas que viene
otorgando al sector minero. Al mismo tiempo que la justicia argentina de la
mano del juez Casanello procesa a ex funcionarios por el incumplimiento de la
ley en la mina Veladero, en San Juan, y el gobierno chileno –sin contar con ley
protectora- dispone la clausura del proyecto más añorado por Barrick, entre
otras causas, por afectar esta importante fuente de agua dulce.
No le va a ser fácil al gobierno avanzar con una
medida que divide incluso a su propia base de apoyo, tal como vienen
demostrando sectores del radicalismo y de la coalición cívica en algunas
provincias. Es difícil que “Cambiemos” el modelo de país, sin mirar atrás y
discutir de cara a la sociedad, entre otras cosas, qué minería queremos, de qué
manera y en beneficio de quiénes.
Referencias:
http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/911-sma-sanciona-a-pascua-lama-2018
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107114
http://radio.uchile.cl/2018/01/11/pascua-lama-y-el-afan-de-borrar-los-limites/
https://www.cronista.com/negocios/Barrick-evalua-el-impacto-por-la-clausura-de-Pascua-Lama-20180119-0033.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/146980/norma.htm
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2200.09/S/PL
Silvia Ferreyra
Coordinadora del Área de Ambiente del ISEPCi.
