Por Ari Lijalad 12 de octubre de 2017
La familia presidencial sigue sin pagar su deuda
con el Estado, mientras frena los peritajes sobre sus empresas para determinar
a dónde fue la plata del Correo Argentino. La fiscala Gabriela Boquin rompe la
impunidad judicial que protege a los Macri con su último pedido de pruebas.
La fiscala Gabriela Boquin resiste los embates
de la familia Macri para apartarla del #CorreoGate e insiste en investigar y
hacer peritajes sobre las maniobras de vaciamiento. En un nuevo dictamen
presentado ayer, Boquin contrarresta la estrategia judicial de los Macri que
pretende, de máxima, desplazarla. De mínima, que no indague más en las turbias
arenas de los negocios de la familia presidencial.
La fiscala Boquin es como un tábano para Macri.
A diferencia de buena parte de la corporación judicial, que se bandeó por
reflejo, convicción o presión al oficialismo de turno, Boquin resulta
inexpugnable al lobby judicial macrista. Tras la explosión del escándalo de
Correo Argentino, el Gobierno buscó esmerilarla por todas las vías posibles.
Desde operaciones mediáticas y falsas acusaciones de las principales figuras
del Gobierno hasta, como reveló el periodista Ariel Zak, sospechosas fallas en
el dispositivo de seguridad apostado en su casa. En la causa judicial por la
histórica deuda de la familia Macri con el Estado, la cuál siguen sin pagar,
estas embestidas contra la fiscala Boquin tienen una traducción judicial. En su
último escrito, Boquin refuta los cuestionamientos e insiste con investigar.
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En este expediente todos juegan para Macri. Sus
abogados, encabezados por Jaime Kleidermacher, despliegan una batería de
recursos legales y de lobby para frenar, como los últimos 15 años, el pago de
la deuda de la familia presidencial. La última táctica que aplicaron los Macri
es buscar apartar a la fiscala Boquin bajo el argumento de que no tiene
legitimación para intervenir en el caso y que se extralimita en sus funciones.
Sus aliados, la jueza Marta Cirulli y las sindicaturas, que en lugar de
controlar las cuentas las hacen a piacere de la familiga Macri. Todo para un
objetivo central: que no se realicen los peritajes sobre Socma, Sideco y Correo
Argentino que pidió Boquin para dilucidar las maniobras de vaciamiento que
perjudican, al fin de cuentas, a todos los acreedores de los Macri. Entre
ellos, y en primer lugar en cuanto a los montos, al Estado.
Como informó Nuestras Voces, los Macri buscaron
desvirtuar el pedido de peritajes. La jueza Cirulli aceptó realizarlos pero, en
lugar de que estén a cargo de un perito contador sorteado, puso al frente a las
sindicaturas. Éstas, en varios escritos, acompañaron la posición de Correo
Argentino de que no se precisan los peritajes. Lo que ninguno recordó es que la
jueza Cirulli, las sindicaturas y Correo Argentino están imputados junto a
Macri y Oscar Aguad en la causa penal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo
bajo letargo electoral. Y que fueron imputados justamente por las maniobras de
vaciamiento.
“La posición asumida por las sindicaturas al
responder el memorial de la concursada, renuente a la investigación y
obstaculizando la misma corroboran la necesidad de las medidas requeridas por
esta fiscal y de que la prueba solicitada sea producida por un perito único de
oficio”, plantea Boquin en su nuevo dictamen. “Los síndicos más que cumplir la
función que la ley les encomienda, sólo favorecen y siguen los lineamientos de
la concursada”, concluye la fiscala.
Legitimación
En su nuevo dictamen, Boquin señala todas las
maniobras de los Macri para apartarla de esta causa. No es para menos: fue
quien logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la
familia presidencial, tal como reveló Nuestras Voces. “La concursada (Correo
Argentino) en prieta síntesis sostiene que la Fiscalía General ante la Cámara
Comercial carece de legitimación para solicitar las medidas de prueba”, resume
Boquin.
En el escrito de Boquin quedan al descubierto
las contradicciones de la estrategia judicial de la familia Macri en cuento a
la legitimación de la fiscala, es decir, si esta funcionaria judicial tiene
potestad de investigar tal cuál lo hace en la causa. En primer lugar, Boquin
recuerda que en esta misma causa ya se saldó la discusión cuando la sala B de la
Cámara Comercial reconoció su legitimación en dos oportunidades y los abogados
de los Macri no se quejaron. Ergo, lo dieron por válido.
Boquin afirma que “la deudora (los Macri)
confunde e ignora las prerrogativas y roles que tanto la Constitución Nacional
como la ley confieren al Ministerio Público”. Y agrega: “La interpretación que
la deudora hace del texto constitucional y de la norma que la reglamenta es
arbitraria, malintencionada y caprichosa, teniendo como único fin obstruir la
actuación de esta Fiscal en ejercicio de su rol constitucional”.
En su último dictamen, la fiscala Boquin plantea
que los intentos de la familia presidencial de apartarla del #CorreoGate
“importan un avasallamiento y un intento de lograr un retroceso institucional
más allá del año 1994”, cuando la reforma constitucional incorporó al
Ministerio Público Fiscal como un órgano independiente, autónomo y autárquico,
Esta insistencia de correrla de esta causa tiene, para Boquín, un objetivo
claro: “implica un retroceso institucional inadmisible y contraria a la ley con
la única finalidad de dejar posiblemente impunes conductas como las denunciadas
en mis anteriores dictámenes”.
Para negarse a los peritajes, desde Correo
Argentino los abogados de los Macri había planteado: “en el Fuero Comercial, la
Fiscalía resulta ser un órgano de consulta, NO VINCULANTE para los magistrados,
por lo que no debe arrogarse funciones que no le pertenecen”. En su respuesta a
esto, la fiscala Boquin incluye citas de la Corte Suprema, de ex Procuradores Generales
y de la propia Cámara Comercial que desmienten esta afirmación. “El rol de
actuación del Ministerio Público Fiscal excede al de la opinión meramente
consultiva, no vinculante, que Correo Argentino SA predente”, desafía Boquin.
“La pretensión de Correo Argentino es
manifiestamente incompatible con la organización de nuestro sistema
constitucional”, sentencia Boquin. La fiscala también refuta la pretensión de
los Macri de que por tratase de una fiscal comercial y no penal no puede
impulsar la investigación y producir y aportar pruebas. “Que ello sea
inconveniente a la parte no le otorga el derecho de negar las prerrogativas
legales”, concluye.
Vaciar y vaciar
En 2016, los Macri sacaron de los fondos de
Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares, todo en complicidad con la
jueza Cirulli. En 2017 quisieron repetir la operatoria pero la fiscala Boquín
intervino gracias a la avaricia de los personeros de los Macri: el 10 de abril
la jueza de primera instancia Cirulli, que siempre les autorizó a retirar
fondos de la empresa, les denegó a un pedido de retiro por 422.973 pesos y
12.290 dólares. No era el momento, en medio del escándalo del #CorreoGate. Pero
los Macri, en lugar de esperar, apelaron esta decisión y así le llegó el
expediente a Boquín, que luego denunció el vaciamiento. “La mayoría de los
fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las
controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)”, sostuvo entonces. Luego, en otro
dictamen, reconstruyó otra fase del vaciamiento que implicaba la compra de
acciones de Neficor, una firma uruguaya supuestamente para un proyecto
automotriz, por 2.100.000 dólares.
Tras conocerse esas maniobras, los Macri
desistieron de retirar los fondos de Correo Argentino y plantearon,
básicamente, que la fiscala Boquin no se meta más con el tema y que no se haga
ningún peritaje. Pero hay un dato clave: los Macri no abandonaron el
vaciamiento de Correo Argentino, simplemente lo suspendieron de forma
transitoria. Para la fiscala Boquin, que no sigan vaciando la empresa no
significa que no se investigue el vaciamiento previo.
“Con el desistimiento del recurso y por ende
renunciando transitoriamente al retiro de fondos, pretende que no se
investiguen los hechos denunciados por esta Magistrada, lo que es a todas luces
inadmisible, pues una vez que la Fiscalía tomó conocimiento de los graves
hechos que denuncia no puede quedar con los brazos cruzados por un criterio
procesal efímero y sin relevancia a los efectos de la investigación”, afirma
Boquin.
Así, en este nuevo dictamen, Boquin apela la
decisión de la jueza Cirulli e insiste en que se realicen los peritajes del
vaciamiento por un perito contador sorteado. Definen, como siempre en esta
causa, las juezas Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini,
señorías de la sala B de la Cámara Comercial. Desde hace más de 15 años que
estas juezas, junto a la familia Macri y algunos funcionarios de turno, demoran
la definición de esta causa.
La familia judicial
El periodistas Rogelio García Lupo tenía una
rutina: leía los avisos fúnebres del diario La Nación. Referencia ineludible
para el periodismo de investigación, García Lupo buscaba en esos avisos las
conexiones entre los apellidos del poder, que no durante décadas no escatimaron
en la exposición pública de sus condolencias en el diario fundado por Bartolomé
Mitre. Si bien es un tradición en declive entre las familia patricias y los
nuevos ricos, sigue siendo un recurso útil.
Hace pocos días falleció Hector Díaz Cordero,
esposo de Maria Lilia Gomez Alonso, la jueza que maneja los hilos del
CorreoGate hace años. Un ejercicio de la rutina García Lupo muestra lo
siguiente.
Entre el 8 y el 11 de octubre hubo 124 avisos
fúnebres para el “Negro” Díaz Cordero, abogado al igual que su esposa. Muchos provinieron
de jueces y otros funcionarios judiciales. Se entiende, dado que la jueza Gomez
Alonso de Díaz Cordero es actualmente la presidenta de la Asociación de
Magistrados y tiene una larga trayectoria dentro de la política judicial. La
acompañaron, por ejemplo, sus compañeras de sala Ballerini y Ana Piaggi
(excusada hace años en la causa Correo tras beneficiar a los Macri en 2003).
También jueces como Liliana Catucci, Marcos Grabiker, Leopoldo Bruglia,
Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, miembros del Consejo de la Magistratura
como Adriana Donato, Miguel Piedecasas y Jorge Candis y la Defensora General de
la Nación Stella Maris Martínez, entre muchos otros.
Un aviso que llama la atención, en especial por
el tono, es el de Marta Cirulli, la jueza de primera instancia de la causa
Correo Argentino. Junto a otras personas, publicaron: “despiden nostálgicamente
a una gran persona y profesional, y acompañan con cariño entrañable a María
Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Jimena, Ezequiel y Agustina Díaz Cordero y
sus familias, rogando una oración en su memoria”. Un texto de notable cercanía
con su superior y su familia.
Otro de los avisos decía: “Julio César Rivera,
Graciela Medina y Julio César Rivera (h.) participan su fallecimiento y
acompañan en su dolor a María Lilia, Agustina, Ezequiel y familia”. Rivera
junto a su socio Beltrán Louge están a cargo de la sindicatura general de la
causa Correo Argentino. También fueron denunciados por la fiscala Boquin por
conflictos de interés, ya que fueron abogados de las empresas Macri e incluso
del propio Mauricio Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy en 2005.
“El ministro de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, Germán C. Garavano, participa con pesar su fallecimiento y acompaña
a María Lilia, Agustina y familia en tan doloroso momento”, rezaba otro aviso.
Más allá de que existe cierta justificación de este aviso, denota una cercanía
entre el Ministro de Justicia de Macri y la jueza que tiene que definir sobre
las deudas de la familia presidencial.
También publicó un aviso Julio Conte Grand,
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires impulsado por Maria Eugenia Vidal.
Otro aviso decía: “El consejero Juan Bautista
Mahiques participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este
momento tan difícil”. Mahiques es el representante del Gobierno en el Consejo
de la Magistratura, artífice de las maniobras del macrismo en ese organismo.
Entre los funcionarios que manifestaron sus
condolencias también figura Maria Eugenia Talerico, videpresidenta de la Unidad
de Información Financiera (UIF), a donde llegó tras ser abogada del oficial de
cumplimiento antilavado del banco HSBC.
También llegó el acompañamiento de los abogados
del establishment y de Ricardo Yofre, ex funcionario de la última dictadura
militar.
Fuente: Nuestras Voces
