Un mundo artificial donde el valor de
intercambio material es el dinero
genera desigualdades, porque hay distintos tipos
de clases sociales y costumbres
por las cuales comienzan a aparecer sometidos/as
y sometedores/as
De la Libreta de Santiago
La Argentina Mapuche I
El uso de una desaparición forzada
Por Carlos A. Villalba (*)
La desaparición forzada de Santiago Maldonado el
1° de agosto en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional contra las
protestas mapuches en la provincia de Chubut dio visibilidad a la situación de
las comunidades originarias en la Argentina, los litigios por sus tierras y los
centenares de miles de hectáreas en poder de terratenientes extranjeros y
desencadenó una serie de mecanismos de encubrimiento por parte de la ministra
de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destinados a disimular las
acciones de una de las fuerzas de seguridad bajo su dirección política.
Hechos
Además de nominar a la causa judicial, la
situación a la que fue sometido Maldonado constituye una “desaparición forzada”
porque así la definen la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas, promulgada en el país el 11 de octubre de 1995 por Ley 24.556 y
con jerarquía constitucional desde mayo de 1997, y la Convención Internacional
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de
Naciones Unidas, ratificada por ley 26.298 del 28 de noviembre 2007. Así, el delito de desaparición forzada fue
incorporado al Código Penal en el artículo 142 ter promulgado por ley 26.679
del 5 de mayo de 2011, con penas de prisión de entre 10, 25 años y perpetua.
Inmediatamente después de recibir el informe de
los estudios realizados por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la
Universidad de Buenos Aires sobre el ADN de las muestras que extrajeron de los
regimientos y de las camionetas supuestamente involucrados en los hechos de la
Ruta 40, la ministra Bullrich aseguró que el mismo “Despeja muy fuertemente lo
que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada” (sic).
La funcionaria intentó durante semanas ubicar a
Santiago Maldonado -artesano solidario con la reivindicación mapuche de sus
propias tierras ancestrales- en la Mesopotamia argentina, en territorio cuyano,
tras la cordillera de los Andes, clandestinizado luego del “autosacrificio” de
una “desaparición voluntaria” tendiente a darle visibilidad a los reclamos de
los pueblos originarios, o herido en algún lugar tras recibir un puntazo en la
noche cargada de estrellas de los cielos del Chubut.
Ese “periplo”, acompañado, fogoneado y
“enriquecido” por los medios de mayor peso comunicacional del país, no solo
alejaba a Maldonado del lugar en el que se produjo su desaparición sino que,
además y más grave, hacía correr un tiempo que, en este tipo de casos, son de
vital importancia, sobre todo para la vida y la salud del detenido
desaparecido.
Mientras las horas, los días, las semanas y el
primer mes y medio transcurrían, Patricia Bullrich se salió de caja, dejó las
formas de la función pública, eligió mirar para otro lado, negar los hechos e
incluso la información que su propia Gendarmería ya acopiaba y decidió “bancar”
a sus efectivos, por encima de las sospechas que recayeron sobre ellos y contra
los protocolos relacionados con las acciones que deben tomarse sobre fuerzas o
agentes de seguridad implicados en hechos de violencia.
Triple play
En este sentido, cada desaparición debe ser
investigada de forma independiente e imparcial, lo que abarca a la fuerza
involucrada, al juez de las causas y a los fiscales. Por lo tanto, la
Gendarmería no debió ser la “investigadora” de un hecho que puede constituir un
delito cometido por ella misma; después de la represión en el área del km 1847
de la Ruta 40, el juez Guido Otranto debió apartar a quienes dirigieron el
operativo por él ordenado y a todos los efectivos que participaron del mismo,
algo que no hizo sino hasta ocho días después. En simultáneo, Seguridad tampoco
los puso en disponibilidad.
Otra irregularidad es el hecho de que el
magistrado -recusado por la familia y
sostenido por sí mismo- terminó investigando sus propias decisiones, ya que
tiene a su cargo la pesquisa por el desalojo de la Ruta 40, ordenado por él; el
habeas corpus por Maldonado, desaparecido a partir del hecho anterior, y la “desaparición
forzada” caratulada por la fiscal Silvina Avila, en el marco de un
operativo ordenado por el magistrado. Tres en uno.
Más de una semana es tiempo de sobra para
unificar y limpiar discursos de los subordinados, borrar huellas en la estepa,
las rutas y los vehículos y hasta para desaparecer un cuerpo.
La única medida tomada con rapidez fue anunciar
una recompensa de $2 millones, algo no recomendado para los casos de
desapariciones forzadas, y alertar a los pasos fronterizos y terminales
terrestres y aéreas, en un claro mensaje destinado a generar la imagen de
alguien que está tratando de huir y no de una persona desaparecida en el marco
de una acción represiva estatal.
Desaparición forzada
Aunque la vocera del Gobierno de Mauricio Macri
para el caso crea que la falta de coincidencias genéticas en las pruebas
tomadas muchos días después de los hechos y en vehículos lavados incluso con
sustancias químicas, las normas hablan por sí mismas, son obligatorias y
preexistentes.
De acuerdo con la definición de la OEA y de la
ONU, de carácter constitucional en la Argentina, una desaparición forzada es
“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de
libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas
que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Al
hecho, además, debe seguirle “la negativa a reconocer dicha privación de
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Los organismos internacionales consideran
también que no es necesario el desarrollo de un “plan sistemático” para que se
constituya una desaparición forzada, como sucedió durante la última dictadura
cívico militar. Por eso Macri se equivoca al argüir como defensa de sus
“jóvenes” gendarmes que no puede homologarse sus acciones actuales con hechos
acaecidos en los setenta: no por ser una dejaría de ser una “desaparición
forzosa”.
Santiago Maldonado fue visto por última vez en
el marco del operativo del 1°de agosto de la Gendarmería Nacional, destinado al
desalojo de una protesta de la comunidad mapuche contra la detención de su
dirigente Facundo Jones Huala. Según testigos del hecho, el joven de 28 años
fue golpeado y capturado por entre uno y tres uniformados.
La fuerza de seguridad niega la captura y su
jefa política aseguró en diferentes ocasiones que “no hay pruebas” del hecho,
además de afirmar su rechazo a “tirar un gendarme por la ventana” o a
“estigmatizarlo”, en consonancia con el rechazo presidencial hacia aquellos
que, según él,
“quieren que linche a la Gendarmería”.
El protocolo internacional de actuación de los
gobiernos, por encima de la visión de cualquiera de sus funcionarios y ante un
hecho de “desaparición forzada”, considera que durante las “primeras horas de
la investigación” es “fundamental que se tomen todas las medidas necesarias
para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las
investigaciones” y “garantizarse que las personas, fuerzas, agentes de las que
se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en
condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones
y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los
allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes
participan en la investigación”.
Exactamente lo contrario a lo realizado por el
Estado argentino, que no respetó distintos fallos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA y disposiciones de la Convención de la ONU en lo
atinente a los pasos que debe recorrer la “investigación de oficio”, el trazado
de diferentes “líneas de investigación” con “un criterio de amplitud respecto
de las hipótesis, incorporando y analizando recíprocamente la mayor cantidad de
información posible”, la “actividad exhaustiva de búsqueda” con la actuación
“pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales
ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del
paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de
libertad”, además de ignorar el “resguardo de evidencias” y la “protección de
testigos”.
Invasión
El lunes 31 de julio a las 11 de la mañana un
grupo de mapuches concretó un corte de la Ruta 40 para denunciar la prisión del
líder Facundo Jones Huala y reclamar su libertad. Repartieron sus panfletos
explicando la situación y sus derechos y dialogaron con los conductores que
pasaron por el lugar, en su mayoría camioneros.
Alrededor de las 17 hs llegó Gendarmería, con un
camión Unimog y tres camionetas cargadas de efectivos. Se registraron disparos
de los uniformados y las pedradas de respuesta. Los agentes retrocedieron
algunos centenares de metros y uno de ellos leyó por altoparlante una orden de
desalojo firmada supuestamente por el juez Guido Otranto, que otorgaba dos
horas para desalojar vía de comunicación nacional.
Entrada la noche, un grupo de camionetas
oficiales se acercaron con las luces apagadas al territorio mapuche aunque sin
entrar en acción. La situación se mantuvo en esa tensa “estabilidad” hasta la
madrugada del día siguiente, cuando se instaló un nuevo contingente de
Gendarmería, con gran cantidad de vehículos. Eran las cinco de la mañana.
Antes del mediodía el grupo mapuche, algo más de
una docena de personas, volvió a la ruta. De ahí en más ya nada sería igual,
para ellos, para Santiago y su familia ni para la sociedad argentina. Los
efectivos dependientes de Patricia Bullrich, su jefe de Gabinete Pablo Nocetti,
y del presidente Macri se desplegaron a lo ancho del asfalto, con escopetas,
armas cortas y piedras, como está documentado en las piezas fílmicas que fueron
filtrándose en las últimas jornadas.
El piquete se replegó sobre su propio
territorio, creyendo que Gendarmería no
penetraría en él porque lo tiene prohibido por Ley, como le manifestaría
después el magistrado al propio Nocetti. Sin embargo, la tropa rompió el
candado de la tranquera e invadió el terreno protegido por los disparos de sus
fusileros y el parapeto del unimog.
Quebrada su capacidad de resistencia, los
mapuches corrieron hacia el Rio Chubut, lo atravesaron, más caminando que a
nado, y se pusieron a resguardo en la otra orilla. En la huida y ante lo
granado de los piedrazos y los disparos oficiales, un testigo asegura que uno
de ellos decidió regresar hacia la costa.
Los propios gendarmes, en sede judicial y contra
de las afirmaciones vertidas por la conducción política del cuerpo,
reconocieron que algunos de ellos entraron en contacto físico con sus
perseguidos.
Comprobado
A pesar del “banque” represivo y las teorías
distractivas del gobierno de Mauricio Macri, a siete semanas de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado -el “Lechu”, “Ardilla”, o simplemente el Santi,
de 25 de Mayo-, hay una serie de hechos confirmados e incriminatorios contra el
Estado nacional:
Santiago Maldonado estaba en el lugar de los
hechos acaecidos entre el 31 de julio y el 1° de agosto. Pasó la noche de aquel
lunes en la casilla mapuche (ruca) del Pu Lof (la comunidad parental) de la
localidad de Cushamen, en territorio cuya propiedad reclama la empresa
transnacional Benetton.
Participó del segundo corte de la Ruta 40,
realizado el 1° de agosto
Gendarmería penetró en territorio mapuche
excediendo el límite espacial de las instrucciones del juez que dispuso que se
liberase el camino. Esa acción ilegal se concretó de manera violenta y queda
por peritar el tipo de armas utilizadas durante la misma, el calibre de las
mismas y el uso de proyectiles no contemplados en el protocolo operativo de la
fuerza.
Se produjeron uno o más avistamientos y
encuentros de los gendarmes, a orillas del río Chubut, con una o más de las
personas que huían de la represión.
Desde ese día, Santiago Maldonado no volvió a
aparecer, motivo por el cual la fiscalía actuante caratuló la causa de
“desaparición forzada”
Involución y
perejil
La situación descripta ubica a Maldonado y a la
Gendarmería en el lugar de los hechos en los que se registra una desaparición
forzosa de persona; la lógica de las acciones, sus coordenadas de tiempo y
espacio y los testimonios en sede judicial de los propios efectivos
involucrados y de los testigos mapuches, terminan de implicar a la institución
con lo sucedido a Maldonado.
Durante las primeras semanas el gobierno
nacional negó la situación, eludió responsabilidades y trató de correr la
escena de lugar, negar los hechos y correr al
protagonista involuntario del drama de su papel de víctima en que las
decisiones oficiales lo colocaron.
Mientras se queman las últimas brasas de los
escenarios dibujados por el Ejecutivo y el propio juez de las tres causas,
desde el “sacrificio” hasta el “ahogado”, el discurso empieza a cambiar, aunque
no hacia la autocrítica institucional y el enjuiciamiento y el castigo de los
responsables de delitos que conllevan penas de décadas de prisión no
excarcelables, sino hacia el “exceso”, al “por ahí a algún gendarme se le fue
la mano” y a la acción individual.
Los estrategas del esquive, con escaso o nulo
tacto legal, no advirtieron que la desaparición, el exceso o la “bronca” de un
suboficial condimentado con perejil y la negación de los hechos, además de
configurar la “desaparición forzosa”, pone a las máximas autoridades del
Ministerio, empezando por su titular, ante cargos como los de “falta de
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de
informar sobre el paradero de la persona”, comprendidos en el Artículo 142 ter
del Código Penal, con penas de prisión de diez a veinticinco años e
inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función
pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público implicado.
En la cima del poder gubernamental los
razonamientos no se alteran. Se mantiene la lógica de funcionamiento del modelo
socio económico del equipo empresarial de Macri, destinado a la más fenomenal
transferencia de ingresos y recursos hacia los sectores más concentrados de la
economía. El resto es solo un paisaje que, en tiempos electorales, cada tanto
hay que “medir”.
Cuando el análisis de los grupos focales y las
encuestas gubernamentales mostraron a los propagandistas del PRO el altísimo
nivel de interés de los argentinos por el “caso Maldonado”, en la Casa Rosada
decidieron los primeros cambios en el discurso oficial. No lo lograron la
desaparición, las denuncias, los protocolos violados, ni dos manifestaciones
masivas bajo las ventanas rosadas del poder institucional; fueron los focus
groups los que impusieron el suave viraje. El Presidente al promediar
septiembre seguía creyendo que el tema tendrá “costo cero en las urnas”.
De todos modos, ya le prepararon un Plan B con
dos alternativas para el caso de que desde Chubut lleguen malas noticias para
la Gendarmería. La primera consiste en el máximo castigo para el o los
gendarmes que, de manera inorgánica, hayan infringido la ley en el operativo
contra los mapuches. La segunda es por si antes de las elecciones generales del
22 de octubre cayeran pruebas como un alud sobre la ministra de Seguridad, su
jefe de gabinete y los jefes de la fuerza actuante; incluye corte de cabezas.
Nocetti y los jefes locales primero. Si los focus group indicaran que no le
alcanza para dar vuelta el resultado bonaerense de los comicios… la Bullrich
cambiaría su traje camuflado de
gendarme, por los trajecitos sastre de la diplomacia política. Sería el último
“as” electoral de Cambiemos.
Y todo esto sin especular con lo peor, apenas a
la espera de la aparición con vida de Santiago y el castigo a los culpables.
Fuente: Estrategia. Gentileza del autor Carlos A. Villaba para Utophia
(*) Psicólogo y periodista. Investigador
argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
Nota ilustrada con
fotos de 6 de los 8 murales que Santiago pintó en las calles de 25 de
Mayo, que serán declarados patrimonio cultural municipal por el Concejo
Deliberante de esa ciudad bonaerense.
