Exclusivo: La presentación judicial del Cepis
con datos y documentos
La misma asociación civil que en 2016 logró el
fallo de la Corte Suprema exigiendo el llamado a audiencias públicas, investigó
el costo del gas en boca de pozo y llegó a la conclusión de que los incrementos
no se basan en razón alguna.
Por Martin Granovsky
Una presentación judicial busca demostrar por
primera vez con cifras fundadas por qué no es razonable el aumento de tarifas
de gas ordenado por el ministro de Energía Juan José Aranguren. El documento,
al que tuvo acceso exclusivo PáginaI12, devela también el misterio mejor
guardado por el Gobierno: el costo del gas en boca de pozo, es decir en el
punto donde salen los fluidos antes de ser conducidos. Según datos elaborados
sobre la base de cifras brindadas por YPF a Wall Street, ese costo oscila en
los dos dólares. Muy lejos de los 6,80 fijados por Aranguren para los usuarios.
El Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad (Cepis) se presentó ante la Justicia federal con
asiento en La Plata para pedir lo que en la jerga judicial se llama declaración
de certeza. En este caso los abogados Mariano Lovelli y Pedro Sisti alegaron
que les producen incerteza las decisiones de Aranguren. Y la acompañaron con un
anexo documental de 800 páginas.
La inseguridad que intenta esclarecer la acción
declarativa de certeza no es psicológica sino constitucional. “Nosotros creemos
que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son
inconstitucionales”, dijo Lovelli a PáginaI12. “Entonces nos dirigimos a la
Justicia y pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce
oscuridad.”
“Los argumentos utilizados para el aumento de
tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en
las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte
Suprema nos dio la razón con un fallo”, afirmó Lovelli. “Y encima esos
argumentos fueron usados para fijar tarifas confiscatorias.”
Según el abogado y presidente del Cepis, si la
Justicia coincide con su postura podría declarar la inconstitucionalidad de los
aumentos. La presentación es colectiva y sobre el final pide pericias y
testimonios de ejecutivos de las empresas petroleras.
El Cepis quiere saber “si resultan compatibles
con nuestra normativa (o no), los diversos cuadros tarifarios establecidos por
dicho ministerio, como resultante de la Revisión Tarifaria Integral, que fueran
aprobados mediante Resoluciones 212/16 Y 74/17, por entender esta parte que,
por un lado, no se cumplió en brindar la información adecuada y veraz
establecida en el art. 42 de nuestra Constitución; por otro lado, entendemos
que las actuales tarifas violan los preceptos de razonabilidad, justeza y
accesibilidad, doctrina del Máximo Tribunal Nacional en el caso “CENTRO DE
ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS C/
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA S/AMPARO COLECTIVO”, expediente FLP 8399/16”.
“Entendemos que el precio irrazonable
establecido para el PIST causa que los usuarios vean afectados sus derechos
humanos reconocidos constitucional y supraconstitucionalmente”, dice el texto.
Contradicciones
La discusión jurídica tiene una base fáctica.
Según el Cepis, Aranguren arguyó “un supuesto deterioro económico de las
empresas del sector gasífero entre 2002 y 2015”. Pero para los demandantes lo
que el Poder Ejecutivo no explicó ni en las audiencias ni en las resoluciones
“fue la rentabilidad que han conseguido las empresas en función de la
aplicación de las mencionadas resoluciones ministeriales, claramente ilegales”.
Agrega la argumentación: “Estas falencias hacen
que resulte imposible analizar si el precio que intenta fijar el Ministerio
resulta razonable o no. Es sabido que para poder establecer la razonabilidad de
un precio deben analizarse los costos, como así también los márgenes de ganancia
pretendidos, para luego compararlos con otro tipo de actividades que posean un
riesgo similar y ver el margen de ganancias que allí obtienen. Este análisis
resulta imposible sin la información de los costos debidamente desagregada, por
lo tanto, la información brindada por la administración resulta a todas luces
insuficiente”.
El Cepis cuestiona el hecho de que, a su juicio,
las resoluciones de aumento de tarifas descansan en una contradicción: “la no
correspondencia de lo sostenido en los considerandos con la realidad del
sector”.
Uno de los argumentos oficiales para subir el
PIST o precio en boca de pozo era la crisis de la energía, “sin embargo, de la
propia exposición de los actores de dicho sector quedó en evidencia que desde
el año 2013 (con la implementación del Plan Gas Plus) se venía dando una
mejoría sostenida en el ámbito de la producción de gas”.
Uno de los que elogió la mejora de las
condiciones generales por el Plan Gas del 2013 fue el ministro de Energía de
Neuquén, Alejandro Nicola.
“Fue una señal de precios distinta, fue un
incentivo a la producción; y rápidamente la industria reaccionó en forma
positiva”, dijo Nicola en la audiencia pública, usando términos que no fueron
recogidos en el mismo sentido después por el ministro Aranguren. “La industria
reaccionó rápidamente con una inversión que hizo que empezáramos a producir
más, se revirtiera la tendencia negativa de la producción y pudiéramos pasar en
promedio a producir un 12 por ciento más de energía.”
Agregó Nicola que el país se ahorró en divisas
4200 millones de dólares que no tuvo que gastar para la importación de energía.
Aclara el Cepis que “esa mejora y recuperación en la producción de gas se dio
sin modificaciones a los precios de las tarifas que pagaba todo el universo de
usuarios y consumidores”, como residenciales, comercios, industrias y entidades
de bien público.
Al dirigirse al juez que recibió su demanda dice
el Cepis: “A modo de síntesis, el ministro del área de la principal provincia
hidrocarburífera del país, donde se concentra casi el 50% de la producción de
gas, manifestó aquella vez –cuya exposición puede observarla V.S. en el link de
video del canal de Youtube del Ministerio de Energía y Minería de la Nación
<https://www.youtube.com/watch?v=qVolA2vBhD0> minuto 36:21 en adelante–
que las importaciones energéticas medidas en dólares presentan una tendencia a
la baja entre 2013 y 2015, pasando de 11.046 millones a 5.665 millones y que el
camino a la reducción del déficit energético se verificó desde 2013”.
La demanda del Cepis también constata una
contradicción entre lo que dijo en audiencia pública el representante de YPF,
Fernando Giliberti, y lo que fue utilizado por el Ministerio de Energía y
Minería. Giliberti presentó un panorama positivo del pasado reciente: “Como se
ha mencionado recientemente hay un factor determinante que ha ayudado a que la
producción de YPF haya crecido sostenidamente desde el 2012 a la fecha, a razón
de un 4,4% acumulativo anual. Ese factor determinante es la señal de precios
que los productores de gas natural han recibido a finales del 2012 conocido
como Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural…”.
Por la empresa Total habló el ejecutivo Hernán
Silva, quien pintó un panorama similar al descripto antes por el ministro
neuquino y el directivo de YPF. Gracias al Plan Gas, el consorcio con cabeza en
Total puede explotar off shore en el Mar Argentino tres campos de los cuales el
último, a partir de 2016, está ubicado en Tierra del Fuego: Vega Pléyade (ver
más información en estas mismas páginas).
“Con Vega Pléyade estamos inyectando 22 millones
de metros cúbicos al gasoducto San Martín”, dijo Silva. “Eso representa más de
un 20% de la producción del país. Hemos subido de 6 millones a 22… La
producción de Vega Pléyade ha permitido reducir en un volumen equivalente la
importación de GNL. Estimamos que esa reducción de importación de GNL le hace
ahorrar al país importaciones de 500 millones de dólares por año.”
Igual que YPF, Total hizo una presentación en la
Bolsa de Nueva York, cuya copia el Cepis aportó a la Justicia. Allí informa que
al momento de reportar las principales inversiones globales para el año 2016,
Total anunció a las autoridades norteamericanas de manera oficial importantes inversiones que “se asignarán
principalmente a proyectos de desarrollo, entre ellos Vega Pléyade, siendo
éste, el iniciado en 2013 en Tierra del Fuego, el primero de los proyectos de
desarrollo globales que destaca la petrolera, para luego mencionar desarrollos
en Bolivia, Angola, Kazajistan, Australia y otros”.
El valor
La presentación del Cepis se interna en el
análisis del valor del gas en boca de pozo, conocido entre los técnicos como
PIST. “Podemos lograr establecer una serie de indicios que nos llevan a pensar
que el precio no resulta razonable bajo ningún concepto”, dice el texto.
Atribuye la presunta falta de razonabilidad a un “ocultamiento” que apuntaría a
“evitar exponer el grado de utilidad que pasarían a tener las empresas del
sector”.
La presentación ofrece antecedentes del misterio
que Aranguren buscó crear en torno de ese número.
La primera omisión se produjo cuando Aranguren
visitó al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Ante la consulta
del diputado José Luis Gioja, de San Juan, respecto del costo promedio de la
producción de gas a boca de pozo, contestó Aranguren: “Me resisto a contestar
esa pregunta”.
La segunda omisión surgió en el encuentro con
asociaciones civiles para presentar el nuevo cuadro tarifario que se discutiría
luego en la audiencia pública. Ante el pedido por la cifra, dijo el ministro
tras negarse a darla: “Hagan juicio si quieren”.
Como si recogiera el guante, el Cepis buscó
elementos para su pedido de acción declarativa y encontró uno en el informe
anual que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima elevó a la SEC
(Securities and Exchange Commission, equivalente de la Comisión Nacional de
Valores) de la Bolsa de Nueva York. YPF lo hizo porque cotiza allí.
En las páginas 49 y 50 de ese informe figura un
cuadro (cuyo facsímil se muestra en estas páginas). El cuadro, que se publica
en estas páginas, incluye una oración que no deja lugar a dudas: “Petróleo y
Gas: Costos y Precios de Producción”.
Sobre esa base el Cepis elaboró una tabla que
muestra los costos del petróleo crudo y del gas en la Argentina.
“Para la petrolera, su costo de producción
asciende a $171,59 por BOE (barril de petróleo equivalente, o barrel of oil
equivalent, según su sigla en inglés)”, señala la presentación del CEPIS. “En
su conversión, un BOE equivale a 5,615 MMBTU (Millones de unidades térmicas
Británicas). Por lo tanto, efectuando las equivalencias convirtiendo los pesos
al dólar y del BOE al MMBTU, el costo de producción de gas –incluyendo el
costo/costo, el pago de impuestos/regalías y el de transporte/logística–
asciende a la suma de 2,09 u$s/MMBTU.”
Conclusión del Cepis: “Es decir, según información
oficial de YPF SA, principal productora de gas en nuestro país, su costo de
producción es apenas superior a DOS DOLARES ESTADOUNIDENSES”.
El Gobierno, en cambio, fijó el valor del millón
de BTU para los usuarios en 6,80 dólares. “Es irrazonable”, dice la
presentación del Cepis. “La irrazonabilidad de la tarifa comienza con el
irrazonable valor otorgado al precio de gas PIST, pero continúa con la
valorización del insumo en moneda extranjera (que ante la devaluación del peso
encarecerá necesariamente la tarifa) y finaliza con la eliminación de los
subsidios; esto significa la absorción por parte de los usuarios del valor
antedicho, transformado en tarifa de servicio público.”
La presentación de YPF ante la SEC de Wall
Street.
