12 julio, 2017
Ex presidente Lula da Silva es condenado a 9
años de cárcel y se teme por su futuro político
Ley brasileña permitiría que Lula sea elegido
presidente aún condenado por corrupción.
Ex presidente Lula da Silva es condenado a 9
años de cárcel y se teme por su futuro político
En un fallo histórico, el ex mandatario ha sido
condenado por corrupción y lavado de dinero en la causa del Lava Jato. El fallo
-emitido en tiempo récord- no estipula que Lula entre en prisión de inmediato.
El juez de primera instancia Sergio Moro condenó
al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por
corrupción pasiva y lavado de dinero. La decisión fue divulgada este miércoles
(12), pero el político sólo iría a la cárcel si el fallo es confirmado por un
tribunal de segunda instancia.
La decisión judicial no tiene precedentes: se
trata de la primera vez en la historia de Brasil que un ex presidente es condenado
a prisión por corrupción. Además, el fallo salió en tiempo récord, ya que el
mismo tribunal tardó un promedio de 16 meses para dictaminar en casos
similares, y la decisión de Lula salió en menos de diez meses.
Lula está acusado de haber recibido sobornos por
parte de la constructora OAS, en forma de un apartamento en el litoral
paulista, entre otras ventajas. OAS era contratista asidua de Petrobras, y los
sobornos habrían sido a cambio de contratos con la petrolera estatal.
El juzgado del juez Moro nunca pudo demostrar
que el apartamento playero pertenezca al ex presidente o sus familiares, por lo
cual sus defensores legales y políticos argumentan que el objetivo de la causa
es inhabilitarlo para que sea inelegible. Lula está bajo investigación en otros
cuatro procesos.
Según los investigadores del Lava Jato, Lula fue
el jefe de un esquema de corrupción que funcionaba en Petrobras, y junto a OAS
habría desviado cerca de 30 millones de dólares de la petrolera.
Reporte Brasil
Ley brasileña permitiría que Lula sea elegido
presidente aún condenado por corrupción
El ex presidente y precandidato presidencial
Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado este miércoles (12) en primera
instancia a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Ahora la incógnita es si podrá seguir su carrera política tras el fallo. Según
el juez Sergio Moro, Lula recibió más de un millón de dólares de una
constructora que era contratista de la estatal Petrobras. La prueba que esgrime
Moro es la posesión y uso de un apartamento en el litoral paulista por parte de
la familia del ex presidente.
Lula da Silva fue acusado por estar implicado en
la red de corrupción del caso Lava Jato
La sentencia no estipula que Lula vaya a prisión
hasta ser confirmada en segunda instancia, ya que Lula había desmentido las
acusaciones (no hay pruebas documentales que lo vinculen al inmueble) y
anunciado que apelaría en caso de ser condenado por Moro.
La ley brasileña establece que sólo políticos
condenados por más de un tribunal sean inhabilitados para cargos electivos. Es
decir, que con este fallo, Lula no queda fuera de juego hasta que un nuevo
fallo ratifique la sentencia en su contra.
Pero en el intrincado sistema legal brasileño,
incluso una condena en segunda instancia no garantiza la inhabilitación. Si el
tribunal de segunda instancia lo condena antes de las presidenciales de octubre
de 2018, por caso, su candidatura queda sin efecto. Pero si el fallo es
posterior al registro de la candidatura, aún podría ser candidato “sub judice”
(en suspenso). Y en caso de ganar, la Constitución prevé una eventual
suspensión del proceso legal en su contra.
Y hay jurisprudencia: el diputado federal Paulo
Maluf fue condenado por improbidad administrativa en Sao Paulo (durante su
mandato como alcalde en la capital paulistana), y apeló la negativa de su
inscripción como candidato a diputado. Mientras el fallo no salía, mantuvo su
candidatura; el Tribunal Regional Electoral de Sao Paulo falló en su contra,
pero el Tribunal Superior Electoral dictaminó a su favor y Maluf asumió como
diputado federal, a pesar de contar con un amplio prontuario local y global por
desvío y lavado de fondos públicos.
Fuente: Nodalam
