Cayo y Bejarano, una vez sometidos al proceso de moralización.
Por Horacio Verbitsky
En enero de 2016 el gobernador Gerardo Morales
amenazó con quitar la personería y excluir de cualquier programa social a los
cooperativistas que permanecieran junto a Milagro Sala en el acampe frente a la
casa de gobierno. Así obtuvo que muchos desertaran, entre ellos Emilio Cayo y
Jose Luis Bejarano, los responsables de la Organización de Desocupados
Independientes de Jujuy (ODIJ). Bejarano había sido objeto de mil denuncias por
parte del radicalismo entre 2013 y 2015: era violador, prepotente, amenazaba con
armas, intentaba tomar sedes sindicales. Pero en cuanto aceptó darse el baño de
moralidad todo cambió. En enero de 2016, mientras Milagro Sala era detenida por
orden de Morales, Cayo y Bejarano acompañaron al gobernador en un acto público.
Cayo es diputado provincial y Bejarano concejal, ambos por el Frente Unidos y
Organizados (FUYO) que respondía a Milagro Sala. Cayo también estuvo entre los
acusados en la causa penal por el acampe, pero en cuanto aceptó moralizarse el expediente pasó a dormir en
un cajón de la justicia independiente de Morales. En febrero, la ODIJ adjudicó
110 viviendas en Alto Comedero pese a que aún estaban sin terminar y en
noviembre Morales entregó las resoluciones de adjudicación de esas viviendas en
Alto Comedero, durante un acto en el que lo acompañaron su hermano Walter y el
presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Mario Negri.
Morales dijo entonces que estaba admirado por la velocidad y la calidad del
trabajo de la ODIJ.
Pero vecinos que en noviembre escribieron a
“TodoJujuy.com” dijeron que después de las lluvias, entre las viviendas se
forma un río que impide pasar a los chicos para ir a la escuela y la semana
pasada el canal 2 de la televisión jujeña informó que la construcción no
concluyó, que esas unidades son inhabitables y que carecen de servicios básicos
y de red cloacal. El canal y el portal Jujuy al momento, de la misma empresa,
entrevistaron a varios titulares de las viviendas. Uno de ellos dijo que la
adjudicación que les entregó Morales “dice que estas viviendas son de nosotros,
que nosotros ya vivimos y que están en condiciones de ser habitadas.
Inconscientemente nosotros recibimos ese papel y lo firmamos, pero no nos
dejaron leerlo. Como se puede observar, las casas no están habitadas, no tenemos
luz, no tenemos agua, están en condiciones infrahumanas. Como todos los vecinos
necesitamos las viviendas porque nosotros alquilamos, pero todavía no pasa
nada”. Añadió que “las casas no tienen luz, agua ni cloacas. La condición
cuando nos entregaron las viviendas era que nosotros mismos hagamos nuestro
propio pozo ciego, yo lo hice y hay gente que pagó hasta 12.000 pesos por el
pozo, pero ya se llenaron de agua y ahora hay que desagotarlos”. Otra de las
damnificadas, Marcela Mohr, madre soltera de dos hijos explicó que no le
alcanza para pagar un alquiler. “Estábamos viviendo con mis hijos en la
Terminal, pero yo dije si tengo mi casa, ¿por qué tengo que estar viviendo en
la calle?”. Cuando decidió mudarse a la casa sin terminar “vinieron obreros a amenazarnos,
nos corrieron, mi nena de 7 años se asustó y me fui. Me corrieron porque
dijeron que todavía no habían autorizado a que viva nadie ahí, tampoco me
autorizaron a poner una cerradura, así que me fui y dejé mis cosas y que Dios
me ayude. Me fui a Tucumán a la casa de mi familia y cuando volví me habían
robado todo y un sereno me dijo que la misma gente que tenía que terminar mi
casa me robó las cosas”. Les habían dicho que las viviendas estarían terminadas
el 15 de enero, un año después de la detención de Milagro y del anuncio de
Morales. “Leí las resoluciones donde dice que estamos conformes y que las casas
están completas, yo lo único que pido es que me pongan luz y agua y si no
quieren ponerlo, por lo menos que me dejen vivir en mi casa porque no tengo
adónde ir”, concluyó.
Fuente: Página 12
