El Grupo de Trabajo sobre la detención
arbitraria de Naciones Unidas indicó que "no existen elementos legales
para justificar la prisión preventiva" de la dirigente de la organización
Tupac Amaru. La dirigente social está detenida en Jujuy desde el 16 de enero
pasado, a instancias del gobierno Gerardo Morales.
La resolución de la ONU será explicada durante
una conferencia de prensa prevista para las 16 en la sede del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), de la que participarán el presidente y el
director ejecutivo de ese organismo, Horacio Verbitsky y Gastón Chiller,
respectivamente, además de la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
El comunicado del Centro de Estudios Legales y
Sociales dice:
El Grupo de Trabajo sobre la detención
arbitraria de Naciones Unidas decidió que "la detención de la señora
Milagro Sala es arbitraria" y en consecuencia solicitó "al gobierno
de la República Argentina liberarla de inmediato".
El Grupo de Trabajo determinó que hubo un
entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales
para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. El
Grupo concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial.
Además, al analizar las causas judiciales por
las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos
legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que
existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación
que justifiquen su privación de libertad.
A su vez, consideró que el Estado impidió el
ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad
de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos
por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de
parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.
El Grupo entendió que la detención de Sala
"se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos",
solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus
derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan
a repetirse. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las
medidas determinadas por el Grupo de trabajo.
Esta decisión del Grupo es consecuencia de una
denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el CELS y ANDHES
en febrero de este año, luego de la detención de Milagro Sala en la provincia
de Jujuy. El trámite incluyó sucesivas presentaciones de las organizaciones y
del Estado argentino.
Fuente: Diario Registrado
