El Gobierno, sin
apuro
Para Claudio Avruj la resolución es solo “una
opinión y no es vinculante”. También derivó el tema “a la Justicia de Jujuy”.
De todas formas, hay preocupación en el Gobierno y el informe se está
analizando.
Por Alejandra Dandan
Los integrantes de organismos de derechos
humanos sostienen que si el gobierno no cumple con el reclamo de Naciones
Unidas de otorgar la “libertad inmediata” a Milagro Sala pagará un altísimo
costo político internacional. El gobierno de Cambiemos no desconoce el peso de
las instancias internacionales. Los abogados del Área Jurídica Internacional en
materia de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos mantuvieron
ayer maratónicas reuniones, a puertas cerradas, sobre el informe. En diálogo
con Página/12, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que van a
“tener en cuenta” la resolución, pero le bajó el precio: “Es una opinión y no
es vinculante”.
El informe del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de Personas de la ONU llegó a Cancillería el jueves con un
plazo de 24 horas para ser comunicado. Hasta el mediodía de ayer, los
organismos de derechos humanos que impulsaron el reclamo (ver aparte) no habían
sido notificados oficialmente. Pero uno de los responsables del área
Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos había estudiado el informe
durante toda la noche.
Parte de los problemas del Gobierno son algunos
de sus propios antecedentes: el caso de Belén, la joven que estuvo presa en
Tucumán acusada de un aborto que en realidad fue espontáneo y las posiciones
que asume a nivel internacional ante resoluciones de organismos internacionales
sobre Venezuela.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó
en julio un informe que incluyó una recomendación para liberar de forma
inmediata a Belén. En ese caso, el Estado nacional buscó herramientas políticas
para articular con el estado provincial y la Justicia y levantar la prisión. En
agosto, Belén salió en libertad. Aquel reclamo era incluso menos incisivo,
porque habló de “recomendación” y no de “solicitud”. La abogada de Amnistía
Internacional Paola García Rey recuerda para este caso que el gobierno ya
aceptó el lugar de autoridad del Grupo de la ONU al receptar las denuncias y
responder los pedidos de informes.
Avruj estuvo ayer en Tucumán. Atendió a
Página/12 bien dispuesto, pero sólo con siete minutos de tiempo antes de
embarcar.
–Naciones Unidas solicitó al gobierno la
inmediata liberación de Sala. ¿Qué va a hacer el gobierno?
–Es una opinión de la comisión de trabajo, y no
es vinculante. No requiere un inmediato cumplimiento de parte del Estado. Lo
que le corresponde es elevarlo a las áreas indicadas, que es lo que hicimos
hoy, al entregarlo a la justicia de Jujuy. Es un reclamo a la Justicia y
nosotros somos respetuosos de la independencia de los poderes y de la autonomía
de cada provincia, en este caso de Jujuy. Las respuestas del Superior Tribunal
de Justicia podremos elevarlas ante la Comisión. Son los pasos normales. El
Comité recibió la denuncia del CELS y de otros organismos. Elaboraron este
informe que no es vinculante y llega al Estado argentino. La Justicia de Jujuy
ahora tiene hasta seis meses para analizar y hacer las observaciones que
considere sobre las recomendaciones y opinión del Comité.
–Dice que es una opinión, pero es una resolución
de la ONU que tiene antecedentes: en Córdoba con un joven detenido y luego
liberado y el más reciente, con el caso Belén. En ese caso no era ni siquiera
una solicitud, sino una recomendación y el Gobierno hizo gestiones. Que diga
que es una “opinión” minimiza esto que parece grave.
–Estamos diciendo qué nos corresponde hacer:
elevarlo a la Justicia y tomarnos el tiempo debido para analizarlo. Ver, en
consecuencia, si nos corresponde o no una acción más, pero siempre respetando
esa independencia. Esto nos llegó hoy. Nuestro equipo de abogados lo estuvo
viendo y lo mandamos. Fue una primera reunión. Trabajaremos con Cancillería
para cumplimentar, porque respetamos el sistema internacional de derechos
humanos al cual pertenecemos y sostenemos.
–Habla de la independencia del poder judicial.
Pero cuando interviene una instancia como Naciones Unidas esto deja de ser un
problema de una provincia o de la Justicia: el que aparece como responsable es
el estado nacional. El Ejecutivo ya no puede delegar la responsabilidad en el
poder judicial de Jujuy.
–Siempre es el Estado el responsable en todas
las causas frente a los organismos internacionales. Tenemos claro que es así.
Por eso trabajamos con las provincias. Ahora, como esto no es taxativo ni para
ya, lo tenemos que estudiar. Somos respetuosos. Acá hay una opinión de la
Justicia. La primera causa por la cual fue detenida ya no está en vigencia
(NdR: el acampe), pero hay otras que tienen que ver con malversación,
corrupción o actos de violencia que están en pleno proceso. De la primera
lectura de los abogados –por eso le pido un poco más de tiempo– no surge que
todas esas situaciones fueran debidamente tomadas en cuenta por la Comisión.
–Hubo oportunidades en las que el gobierno
nacional y la justicia provincial pudieron defender sus fundamentos. Ante la
evaluación de las respuestas, el organismo internacional tomó la decisión que
tomó. También refieren a los fueros parlamentarios, un tema mal respondido
aparentemente por el gobierno en los pedidos de informe, porque dicen que es un
tema resuelto.
–No sé si fueron mal respondidos o es una mala
interpretación del Comité. Aquí hubo resoluciones por el tema de los fueros del
Parlasur. Los abogados están trabajando y van a seguir, el lunes a lo mejor
puedo ampliar algo.
–Un diagnóstico como éste, más allá de si lo
considera vinculante ¿no le hace repensar lo que sucede con Sala?
–Por eso marcaba que somos respetuosos de las
instancias internacionales, porque consideramos que son importantes y vamos a
tenerlo en cuenta. Esta resolución es una opinión. Hay que darle la entidad que
tiene. Por eso queremos la respuesta de la Justicia jujeña. Queremos ir viendo
qué pasa con los días. Como no tenemos apuro, vamos a ir viendo y respetando
claramente la autonomía de la Justicia.
Tenemos 60 días para pedir una revisión si lo
creemos necesario. El tema es importante. Y es serio. Eso lo sabemos.
Fuente: Página 12
