Córdoba también lucha contra una medida de inhabilidad de 14
años en su contra, impuesta por la Procuraduría.
La Sala Plena del Consejo de Estado en Colombia reanuda este
martes el debate sobre la demanda que presentó la exsenadora Piedad Córdoba en
contra de la sanción por "Farcpolítica" en 2008, que la inhabilitó de
su cargo.
El caso será analizado por el magistrado William Hernández,
quien en su proyecto de fallo estipula que la defensora de Derechos Humanos fue
sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.
Esto podría colocar a Córdoba a un paso de librarse de la
inhabilitación política y de limpiar su nombre.
Según Caracol Radio, la también defensora de los derechos
humanos cuenta con el voto de la mayoría de la Sala a su favor, tras haber
finalizado la exposición de la ponencia que va anulando la sanción.
Cabe destacar que en ese mismo tribunal, cursa otra
inhabilidad de 14 años contra la dirigente, impuesta por la Procuraduría a
Córdoba, por su supuesto apoyo económico a la campaña de Ricardo Antonio
Montenegro para llegar a la Cámara de Representantes en el 2010.
Córdoba fue sancionada disciplinariamente por el Ministerio
Público por "colaborar y promover la guerrilla de las FARC", esto con
base en la información encontrada en los computadores hallados en el campamento
de 'Raúl Reyes' cuando fue bombardeado.
La Corte Constitucional valoró las pruebas presentadas por
la Procuraduría y dijo que eran legales; sin embargo, la Corte Suprema de
Justicia declaró que la cadena de custodia del computador de Reyes se había
roto, por lo que no había forma de garantizar que lo que se dijo que se
encontró en él fuera verdad.
La Corte Suprema dijo entonces que las pruebas eran
ilegales, además, manifestó que los documentos que hablaban de la relación de
Piedad Córdoba con las Farc eran archivos de Word, que podían modificarse fácilmente,
y no correos electrónicos.
No obstante, el Ministerio Público decidió destituirla de su
cargo como senadora e inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos.
Fuente: Telesur
