El Presidente junto a su secretario Legal y
Técnico, Pablo Clusellas.
Denuncia sobre violación de la independencia
judicial
La asociación Ajus elevó una denuncia
contundente y detallada y las Naciones Unidas hicieron un pedido de informes al
Gobierno. “Las informaciones recibidas son suficientemente fiables”, dijo el
relator García-Sayán.
Por Martín Granovsky
Por primera vez en cuatro años la Organización
de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la
independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una
presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia
Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados
que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para
contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.
El documento de García-Sayán fue recibido por el
ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el
viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el
ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.
“Hace poco más de un año, en septiembre de 2018,
hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima
para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones”, dijo a Página/12
Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.
“Lo que nos deja satisfechos --dijo Desojo-- es
que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno
los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural
del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo
de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el
Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la
política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero
laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas.”
Este diario pudo saber que los detalles de la
denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro,
“Justicia a la carta”, sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años
de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400
páginas.
Uno de los párrafos señala que Macri buscó
“establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la
imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la
magistratura, sino más bien todo lo contrario”. Es decir, “encontrar un respaldo
punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser
llevadas a cabo”.
Herramienta
Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de
plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:
* Una es que Macri se apure y responda de aquí
al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final
de su mandato.
* Otra es que suponga que le conviene aprovechar
el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la
burocracia estatal.
El Presidente no la tiene fácil, porque
García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base
de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras
espera la respuesta insta al Gobierno a que “adopte todas las medidas necesarias
para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e
investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona
responsable de las violaciones alegadas”. También lo insta “a que tome las
medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.
Fiables
“Tengo la intención de expresar públicamente mis
preocupaciones en un futuro cercano”, señala la carta del relator. “Considero
que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que
existe un asunto que justifica una atención inmediata.” Más aún: “Además,
considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las
implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.
En términos institucionales, para la ONU los
responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no
responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado
bajo la jefatura de Alberto Fernández.
En ambos casos, como Presidente electo o como
Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya
no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el
funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como
serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no
será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Urgencia
En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno
argentino “atención urgente” para la información que recibió “respecto de la
presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del
Poder Judicial de la República Argentina”. Lo interroga a partir de una
denuncia sobre “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la
independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de
una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder
Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado
resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
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Macri
García-Sayán no hizo un simple pedido de datos.
Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el
Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los
jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se
arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.
Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado
por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la
Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli,
la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para
trasladar como subrogantes “magistrados vinculados o cercanos al partido
gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación”.
Un ejemplo de subrogación sería el de Juan
Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos
Aires. Culotta no había concursado para ello. “Según la alegación recibida, el
doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el
Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo
Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación”.
Otro ejemplo es el conjunto de presiones para
que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Hay capítulo especial en la denuncia que se
llama ”ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los
objetivos del Presidente Mauricio Macri”. Otro capítulo lleva por título
“ataque a los abogados y jueces laboralistas”.
Creada en 2011 por un grupo de abogados “para
defender los derechos de las personas”, según la definición del propio Desojo,
Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque
a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos
Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del
Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de
Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal.
Fuente: Página 12
