BAILANDO EN LA CUERDA FLOJA: Presidente Mauricio Macri, intendente de Lanús Néstor Grindetti.
31 julio, 2019
31 julio, 2019
El próximo 4 de octubre, el Tribunal Oral
Federal 4 comienza un juicio que esperó 28 años. La gigantesca estafa de la
represa de Yacyretá, más conocida como «Monumento a la corrupción», que
involucra un monto de 191 millones de dólares. Los acusados son tres
empresarios: Guillermo Henin, Robert Jacques Ortega y Gianfranco Rizzo. El
denunciante es el señor Antonio Casabona, que tiene hoy 82 años y debió esperar
seis jueces hasta lograr que la causa llegara a un juicio. “Ahora, a los 82 años, espero encontrar un
resultado que reivindique mi lucha con tanto dolor porque tengo hijos y
nietos», le contó Casabona a la colega Catalina D’Elía, editora de Judiciales
del portal de A24. Casabona vincula la construcción de dos represas, Yacyretá y
Urugua.I, por un mismo modus operandi, un mismo «dibujo» multimillonario para
cobrar reembolsos.
Escribe la Catalina D’Elía: «Su lucha se remonta
a 1987 cuando la empresa Sideco americana, del Grupo Macri, ganó la licitación
de la construcción de la represa hidroeléctrica de URUGUA.I. Antonio fue quien hizo el cálculo del costo
impositivo de la misma. Es también quien detectó y luego denunció maniobras
fraudulentas en la represa Yacyretá para el cobro indebido de reembolsos
impositivos del 15% en cuanto al hormigón utilizado para la construcción, y del
25% sobre los neumáticos utilizados en la obra entre el 15 de enero de 1990 y
el 8 de noviembre de 1999.
Ello no contaba con respaldo normativo ni
documental, habiéndose aprovechado, a tal fin, de lo previsto en la ley de
beneficios impositivos nro. 20.852. Es decir, utilizaban productos extranjeros
más baratos, los nacionalizaban y cobraban los reembolsos. Las maniobras quedaron documentadas en los
certificados de reembolso, facturas y expedientes.
Los artífices de los reembolsos fraudulentos
eran Guillermo Henin, titular de Dicmar SA, la firma que se encargó de
gestionar los reembolsos impositivos que podía cobrar la constructora de la
represa UTE ERIDAY (Empresas Reunidas Impregilo Dumez y Asociados para
Yacyretá); Robert Jacques Ortega, gerente administrativo del consorcio
constructor en representación de Impregilo, el socio mayoritario; y Gianfranco
Rizzo, ejecutor de la obra en su carácter de gerente general y representante
legal del consorcio constructor».
Antonio Casabona, que tiene hoy 82 años es el denunciante que debió esperar
28 años hasta lograr que la causa llegara a juicio.
El diálogo con la colega se transcribe con la
certeza de que, además de gravísima, la denuncia adquiere una relevancia enorme
en estos tiempos políticos.
¿Cuándo hizo la denuncia y por qué?
Año 1987 la empresa Sideco Americana, del grupo
Macri, gana licitación de la construcción de la represa hidroeléctrica de
Yacyretá
Yo fui el que hizo el cálculo del costo
impositivo de la licitación. Empecé a encontrar una oposición tremenda, el
cobro indebido de reembolsos impositivos. Eso terminó con mi apartamiento, a
través de la intermediación del responsable del área financiera – actual
intendente de Lanús – Néstor Grindetti. Me di cuenta que me separan para poder
llevar adelante el modus delictivo, que contradecía mi forma de trabajar. Esto
me llevó a hacer la denuncia
¿Y el rol del Estado?
El rol del Estado fue el de formar parte de una
inconcebible corrupción: no controlaron y dejaron prescribir la acción penal.
Por ejemplo, la AFIP.
¿Cuál era la maniobra?
Cuando se hace un certificado de reembolso, hay
que acompañar con la factura del proveedor especificando la naturaleza del bien
sobre el cual se va a pedir el beneficio. Esa factura era confeccionada por el
propio beneficiario. Nadie controlaba esto.
De hecho, quien fue subsecretario de Industria y
Comercio, Miguel Ángel Cuervo, fue condenado, en una causa aparte, por el
delito de defraudación por siete generadores
italianos (Ansaldo sociedad anónima) usados en la construcción de la
represa Yacyretá que los hicieron pasar por nacionales. Acá robaron todos.
De aucerdo con el artículo, «los artífices de
los reembolsos fraudulentos eran Guillermo Henin, titular de Dicmar SA, la
firma que se encargó de gestionar los reembolsos impositivos que podía cobrar
la constructora de la represa UTE ERIDAY (Empresas Reunidas Impregilo Dumez y
Asociados para Yacyretá); Robert Jacques Ortega, gerente administrativo del
consorcio constructor en representación de Impregilo, el socio mayoritario; y
Gianfranco Rizzo, ejecutor de la obra en su carácter de gerente general y
representante legal del consorcio constructor «.
La empresa Sideco Americana, se reitera, pertenecía
al Grupo Macri. Y el responsable del área financiera era Néstor Grindetti.
Según Casabona, Grindetti es quien lo apartó de la empresa «para poder llevar
adelante el modus delictivo». Sin comentarios.
Fuente: La Unión de Lanús
