Simpatizantes de Lula exigen la liberación del
líder del PT frente al Ministerio de Justicia.
La conmoción causada por la revelación sobre
cómo se armó la operación judicial-mediática contra Lula ya impactó en la Corte
Suprema, donde uno de los jueces la consideró “muy grave”. En el Congreso
impulsan una Comisión Investigadora y desde distintos sectores reclamaron la
inmediata libertad del ex presidente.
Por Dario Pignotti
Desde Brasilia
Después de un tornado llamado “Morogate”.
Brasilia, centro del poder político nacional, quedó estremecida por la potencia
destructiva de las informaciones publicadas en el sitio The Intercept sobre las
maniobras que coordinaron el ex juez Sergio Moro y el jefe de los fiscales de
Lava Jato, Deltan Dallagnol, para acusar a Luiz Inácio Lula da Silva a pesar de
las hasta hoy inexistentes pruebas sobre la entrega, como parte de una coima,
de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá. La defensa de Lula, que
prepara medidas legales, exigió la libertad del ex mandatario. “Los hechos
imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró
Gilmar Mendes, miembro del máximo tribunal.
Artículos de la Constitución y el Código Procesal, establecen que
sólo el Ministerio Público cuenta con atribuciones en la formulación de la
denuncia de un ciudadano investigado y que el juez es pasible de impugnación si
se conduce con parcialidad. En este caso el magistrado obró como si fuera el
coordinador de los procuradores, según se desprende de los primeros artículos
del sitio editado por el periodista norteamericano, ganador de un Pulitzer,
Glenn Greenwald.
Minuto1. Complot contra Lula
“Todavía no hemos terminado de estudiar las
medidas legales que vamos a llevar adelante, nos estamos reuniendo ahora con el
resto del equipo de trabajo, pero sin dudas esto es causal para que el
expresidente sea puesto en libertad con urgencia”, declaró la abogada Valeska
Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula, en diálogo con PáginaI12. “Este tipo
de vinculación entre un juez y fiscales es totalmente ilegal, todo esto
confirma lo que siempre dijimos, este fue un caso de persecución política para
retirar al ex presidente de las elecciones del año pasado” en las que era
favorito hasta un mes antes de la votación, cuando tuvo que desistir de su
candidatura asfaltando el camino el triunfo de Jair Bolsonaro.
La abogada recordó que “este caso típico de
Lawfare (guerra judicial con motivos políticos)” es motivo de una causa abierta
en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la defensa cuenta
con la participación jurista australiano Joeffrey Robertson, que fue
patrocinante de Julian Assange.
Ayer Moro fue incapaz de disimular los daños
sufridos. Escogió viajar a la Amazonia acaso para tomar distancia de las
preguntas de los reporteros de la Capital Federal y formuló dos declaraciones
contradictorias en menos de doce horas: primero admitió la existencia de las
conversaciones que tuvo con Dallagnol a través de la aplicación Telegram y
luego puso en duda aquel diálogo.
Además acusó de emplear métodos “delictivos”
para obtener las informaciones a los periodistas responsables del reportaje de
un medio de comprobada credibilidad como es The Intercept. Su editor Greenwald
fue quien publicó en 2013 los documentos obtenidos por el ex agente Edward
Snowden de la agencia norteamericana NSA, nunca desmentidos.
Hasta el cierre de esta crónica, en la noche del
lunes, el presidente Jair Bolsonaro se había llamado a silencio sobre las
peripecias de su “superministro” de Justicia y Seguridada Pública. Pero hace un
mes le agradeció su contribución para
que llegara a la presidencia en las elecciones atípicas de octubre de 2018.
En una de las conversaciones transcriptas por
The Intercept el entonces juez Moro, de la primera instancia federal de
Curitiba, le dicta a Dallagnol los pasos a ser dados en una de los tantos
operativos de Lava Jato. Y en otra apercibe al fiscal por la demora en generar
nuevas acciones, generalmente espectaculares, que siempre eran amplificadas por
la propaganda (con apariencia de noticia) de las empresas periodísticas (ver
aparte).
A partir del destape del “Morogate” tal vez se
haya dado inicio a una temporada de vendavales que amenaza dejar más a la
intemperie al magistrado de provincia voló hasta lo alto del poder nacional
como un personaje de historietas. En las marchas por el impeachment de Dilma
Rousseff se vendían muñequitos de Supermoro, con su capa roja. El mismo
personaje inflado de gas, de casi diez metros de altura, se volvió a ver en una
reciente concentración de bolsonaristas en el centro de Brasilia.
Moro hizo de Lava Jato una bandera capaz de
amalgamar al amplio campo conservador, donde germinaría un núcleo neofascista,
encuadrado detrás de la premisa de acabar con Lula luego de derrocar a Dilma
Rousseff. Y así fue: Dilma cayó en 2016, Moro condenó a Lula en 2017 y en abril
de 2018 lo encarceló, tras la ratificación de su fallo por parte de una cámara
de apelaciones.
Leer más "Debe ser puesto en libertad con
urgencia" | Declaraciones de la abogada del expresidente Lula
“Moro pateaba corners y cabeceaba al mismo
tiempo”, comentó un juez del Supremo Tribunal Federal a un periodista de la
radio CBN, de la cadena Globo. Según ese magistrado del Supremo, protegido por
el anonimato, con la depreciación de la credibilidad del ministro de Justicia
subieron las chances de que Lula acceda al régimen semiabierto como lo solicitó
la semana pasada una procuradora al Superior Tribunal de Justicia, de la
tercera instancia.
Los hechos imputados al funcionaro más notorio
del gabinete son “muy graves”, declaró sin proteger su identidad Gilmar Mendes,
él también miembro de la más alta Corte.
En el Congreso, el líder de la bancada del
Partido de los Trabajadores Paulo Pimenta, anunció el inicio de conversaciones
con otras fuerzas de izquierda para la creación de una Comisión Parlamentaria
de Investigaciones con foco en Moro y Dallagnol. Otra de las transcripciones
divulgadas por The Intercept informa sobre la indignación de algunos fiscales
sobre la posibilidad de que Lula conceda una entrevista antes de las elecciones
y la preocupación con que pueda contribuir a la victoria de su apadrinado
político, Fernando Haddad.
En ese mismo trecho de la nota los miembros del
Ministerio Público planean una estrategia para que ese reportaje a los diarios
Folha y El País – que finalmente no se hizo en 2018– sea convertido en una
conferencia de prensa a fin de que en ella haya periodistas afines a Lava Jato.
Fuente: Página 12
