La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) incluyó en su denuncia al exjefe de Gabinete del área, Pablo Noceti. El
impacto de los casos Maldonado y Nahuel.
12 de Junio de 2019
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) denunció en la justicia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y
a su exjefe de Gabinete, Pablo Noceti, y otros funcionarios de la cartera, como
autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, y
señalaron que ese conflicto, desde diciembre del año 2015, tuvo “un salto
cualitativo de violencia y muerte”.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal
Nª5 de María Eugenia Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de
Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público
Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman. El fiscal es
Franco Picardi.
El organismo de Derechos Humanos señaló que el
Estado implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches
que desembocó en la muerte de dos jóvenes: la de Santiago Maldonado, durante la
represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y la de Rafael Nahuel, en
noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por
Prefectura.
“La APDH como querellante de ambas causas,
denuncia penalmente y exige que se investigue el rol de la ministra y el resto
de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad por ser autores de
esta represión planificada”, indica la presentación judicial que lleva las
firmas de las presidentas de la APDH, Gisela Cardozo, Norma Ríos y María Elena
Naddeo.
Aunque señalan como máxima responsable a la
titular del Ministerio de Seguridad, la Asamblea incluyó a como autores
mediatos a Nocetti, al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales,
Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de
Seguridad, Gerardo Milman.
En su denuncia, la APDH dijo que existía “un
plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado, con el objetivo
de llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las distintas
comunidades mapuches”. Según explicaron, tuvo un doble objetivo: impedir el
derecho a la protesta y el reclamo de tierras, así como “favorecer a diferentes
negocios inmobiliarios”.
En la denuncia acusan al Estado de cometer
delitos como la realización de inteligencia ilegal, amedrentamientos, lesiones
graves, torturas, abuso de autoridad seguido de muerte y homicidio agravado.
“Mediante la utilización de figuras como la
flagrancia, la eliminación de la prohibición al uso de armas de fuego y el
autocontrol de las fuerzas de seguridad, entre otras situaciones, se fueron
generando las condiciones para la ejecución de este accionar ilegítimo,
violento y de muerte, y que tiene como máxima responsable a Patricia Bullrich”,
precisaron.
La acusación a la Ministra fue por el
“hostigamiento y persecución a la comunidad mapuche tanto en Cuyamen como en el
parque nacional Mascardi”, explicó Naddeo a Tiempo. Y subrayó que “en las dos situaciones las instrucciones dadas por
el Ministerio a las Fuerzas de Seguridad se convirtieron en una mecánica de
persecución que terminaron con las muertes de Santiago y Rafael”.
La acusación se conoció luego de la detención
del prefecto Francisco Javier Pintos procesado por el asesinato de Rafael
Nahuel, tras el fallo de la Cámara Federal de General Roca que revirtió la
teoría oficial del Gobierno Nacional sobre el "enfrentamiento" y que
había ratificado la prisión preventiva del agente estatal.
Naddeo pidió tener en cuenta esa resolución
judicial y concluyó: “El ministerio de Seguridad está incumpliendo con la ley y
está incentivando la utilización letal de las fuerzas de seguridad”.
Detuvieron al prefecto acusado de asesinar por la espalda
a Rafael Nahuel
N.R. de
Utophia. Las órdenes de una ministra que atizaron la violencia, alentaron
"la cacería" criminal del Grupo Albatros, que disparó más de 120
balas contra los miembros de la comunidad mapuche que se hallaban desarmados,
asesinando al joven Rafael Nahuel.
Fue apresado en San Isidro luego de que la
Cámara Federal de Roca confirmara el pedido de prisión preventiva.
12 de Junio de 2019
La Justicia Federal ordenó la detención del
prefecto Francisco Pintos, acusado de matar por la espalda al joven mapuche
Rafael Nahuel durante la ocupación de un terreno en Villa Mascardi. La
detención fue concretada por la Policía Federal en San Isidro por orden de la
jueza federal Sandra Arroyo Salgado luego de que un fallo de la Cámara Federal
de General Roca dejara confirmada la prisión preventiva por homicidio agravado.
El fallo del tribunal dio por tierra con la
hipótesis del “enfrentamiento” apurada y sostenida con vehemencia por Patricia
Bullrich. Por unanimidad, el Tribunal rechazó la apelación presentada por el
defensor de Pintos y ratificó la prisión preventiva “en razón del cambio de
calificación y el imperativo del artículo 312 del Código Procesal Penal, puesto
que cuando estamos en presencia de un delito de los que se ha dado en llamar
‘no excarcelables’, la prisión preventiva debe ser dictada”.
El primer cargo contra Pintos fue “homicidio en
exceso de legítima defensa”, pero luego fue procesado por “homicidio agravado”
ocurrido el 27 de noviembre de 2017. El prefecto es representado legalmente por
Marcelo Hugo Rocchetti, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad
bonaerense. La "cacería" fue llevada a cabo por cinco miembros del
grupo Albatros que dispararon entre 114 y 129 veces con balas de plomo 9mm
contra miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
Desde el tribunal de Roca apuntaron con dureza
contra el Ministerio que encabeza Patricia Bullrich: “Es notorio que el
Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la
defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad
involucrados en episodios bajo investigación judicial (…) Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia
y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que
exige la República”, redactaron en su dictamen.
Fuente: Página 12
