El Consejo de la Magistratura acumuló ayer
imputaciones contra el juez federal Alejo Ramos Padilla y lo convocó a hacer un
descargo. La movida alentada por la coalición judicial, política y mediática
que está alineada con Cambiemos tuvo el apoyo de Graciela Camaño, del Frente
Renovador y significa una real presión sobre el magistrado. Las aguas estaban
quietas respecto del juez de Dolores hasta que emprendió, en enero, la
investigación sobre la asociación ilícita que extorsionó, coaccionó y armó
pruebas falsas, con el falso abogado Marcelo D’Alessio en el centro y el fiscal
Carlos Stornelli como uno de los usuarios. Al quedar la trama al desnudo, el
propio presidente Mauricio Macri pidió la destitución de Ramos Padilla diciendo
que “ya hizo varias así”. La frase presidencial puso en marcha denuncias del
gobierno, a las que se sumó otra de un particular quien sostuvo que la causa de
la asociación ilícita se armó a partir de una supuesta operación, orquestada
desde la cárcel de Ezeiza. El sustento de esa acusación fue una denuncia de
Elisa Carrió quien dijo que recibió un anónimo con transcripciones de escuchas
de la cárcel de Ezeiza.
Este fin de semana, al unísono, dos programas
políticos de televisión emitieron escuchas ilegales, sin peso probatorio
alguno, con las que trataron de volver sobre la hipótesis de la operación
tramada por presos kirchneristas. Los diálogos no demuestran nada de nada, sólo
que algunos dirigentes conocían que ya tenían filmados y grabados a Stornelli y
D’Alessio en un encuentro en Pinamar y que estaba en marcha la denuncia por una
extorsión del empresario Pedro Etchebest.
En sintonía con los medios, la Comisión de
Acusación puso otra vez en marcha la ofensiva contra Ramos Padilla, pero
utilizando el llamado artículo 11 por el cual le piden al magistrado un
descargo. Es una escala más leve que el uso del artículo 20, que es equivalente
a una indagatoria.
Fuente: Página 12
