La Cámara Federal de Resistencia confirmó el
procesamiento, sin prisión preventiva, de un gendarme que participó de la
Masacre de Rincón Bomba, de 1947, en la que fueron reprimidos y asesinados
cerca de 500 indígenas. A 68 años, el tribunal sentenció que “es un deber
jurídico del Estado, la investigación y sanción de los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos”.
ANTECEDENTES
La Masacre de Napalpí podría ser juzgada como
delito de lesa...
La Cámara Federal de Resistencia confirmó el
procesamiento sin prisión preventiva de un gendarme que, en 1947, participó de
la denominada “Masacre de Rincón Bomba”, donde se reprimió y asesinó a cerca de
500 indígenas de la etnia pilagá en el paraje Rincón Bomba en Formosa y en sus alrededores.
Años atrás, se presentó la denuncia en la justicia federal y ahora, a 68 años
de los hechos –se cumplen hoy–, la Cámara ratificó que se trata de delitos de
lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles porque se trató de “una masacre
contra originarios de la etnia Pilagás, a manos de sujetos que desempeñaban
funciones para el Estado”.
Documental Octubre Pilagá, de la directora
Valeria Mapelman
Panodiee tiene puesta una camisa, pantalón y
boina mientras termina de armar un palo afilado en la punta que se usa para
pescar. Se acerca a una pequeña laguna y, tras algunos intentos infructuosos, se va. “No hay nada”, se le
escucha decir con desazón, en lo que hoy es el paraje de Rincón Bomba. La
escena es una de las primeras que puede verse en el documental Octubre Pilagá,
de la directora Valeria Mapelman, que reconstruye a través de los testimonios
de sobrevivientes lo que ocurrió 68 años antes en Formosa.
Entre el 10 y el 30 de octubre de 1947,
alrededor de 500 indígenas de la etnia pilagá fueron masacrados por la
Gendarmería Nacional. El 6 de octubre pasado, los jueces de la Cámara Federal
de Resistencia, José Aguilar y Ana Victoria Order –tribunal de alzada de los
juzgados federales de Formosa– confirmaron el procesamiento del único imputado
por la masacre: Carlos Smachetti.
Veinte días de masacre
“Yo quería ver a dos abuelitas pero ya habían
quemado todo con gasoil”, dice uno de los sobrevivientes que se salvó porque,
cuando ocurrió la masacre, estaba trabajando en el ingenio Ledesma, en Jujuy.
“Los que hicieron macanas fueron los primeros gendarmes que mandaron de allá,
de Buenos Aires, a Las Lomitas”, dice otro. Recuerdan lo que empezó el 10 de
octubre de 1947. Por aquellos días, habían comenzado a llegar, a la zona de
Rincón Bomba, familias enteras de comunidades pilagas porque estaba Tonkiet, un
hombre que sanaba con su palabra. Los indígenas cantaban y realizaban
alabanzas. El aumento de personas sirvió de excusa: cerca de allí, se encuentra
la localidad de Las Lomitas y el Regimiento 18°, de Gendarmería Nacional.
En un comunicado enviado a las autoridades
nacionales de la época, sostenía que encabezados por el Pablito Navarro
(Oñedié) estaban los pilagá en “actitud de franco alzamiento” y eran
“irreductibles” e “intransigentes”. A esto se sumó el rumor de un posible malón
y un ataque inminente a Las Lomitas. Llegaron las advertencias a los indígenas,
por parte del entonces administrador de la reducción de Bartolomé De Las Casas,
Abel Cáceres, que les dijo que debían ir hacia allí. Pero caciques y sabios
decidieron no retirarse.
El entonces director general de Gendarmería,
Natalio Faverio, dio la orden de desplazar fuerzas para el madrejón donde
estaban las tolderías de los indígenas. El 10 de octubre por la tarde comenzó
la matanza. Los gendarmes rodearon el lugar donde estaban los indígenas y
empezaron a disparar con ametralladoras y fusiles. Durante esos días, hombres,
mujeres y niños fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos. Los niños
capturados fueron enviados a recibir “educación católica” y sus padres no los
volvieron a ver. Los que pudieron escaparse se fueron a las localidades de
Campo del Cielo y Pozo del Tigre. La persecución incluyó la participación de la
Gendarmería, la Fuerza Aérea y la entonces Policía de Territorios Nacionales.
El único procesado
La matanza a los pueblos originarios en Rincón
Bomba incluyó un ataque con un avión armado con una ametralladora. El 16 de
octubre, Carlos Smachetti “disparó a mansalva a los originarios de la comunidad
Pilagá” desde el avión JU-52T-153 que había salido un día antes de la base
aérea “El Palomar”. Smachetto era uno de los que estaba a bordo junto con otro
piloto, dos mecánicos y un radio operador. Con casi 97 años, es el único
imputado en la causa y fue procesado en 2014 por delitos contra los derechos
humanos. El martes pasado, la Cámara Federal de Resistencia confirmó su
procesamiento sin prisión preventiva.
Los jueces Aguilar y Order sostuvieron que actuó
“con conocimiento y voluntad dirigidos a la consumación del delito involucrado”
y confirmó el procesamiento por “homicidio agravado por alevosía, en
reiteración de hechos, con el concurso premeditado de dos o más personas, en
concurso real, en calidad de partícipe necesario” en el marco de delitos
considerados por los magistrados con “carácter de lesa humanidad”.
La defensa del imputado sostenía que debía ser
aplicado el ya derogado “Código de Justicia Militar, vigente en el año 1947, al
ser su defendido un militar en actividad, sosteniendo también que en autos se
violentó el principio de juez natural”. Durante el trámite del expediente, se
han encontrado distintas fosas comunes con gran cantidad de cadáveres de
indígenas.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Infojus
Noticias, los camaristas recordaron que “es un deber jurídico del Estado, la
investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como fue lo
acontecido en el sub examine, al tratarse de una masacre contra originarios de
la etnia Pilagás, a manos de sujetos que desempeñaban funciones para el
Estado”.
El magistrado que asesinó Pilagas
Leandro Santos Costa fue integrante de la Cámara
Federal de Resistencia hasta 1999, cuando presentó su renuncia. Pero no fue
sólo juez. En octubre de 1945, era alférez de Gendarmería y participó
activamente en la masacre de los pilagás porque tenía a su cargo una
ametralladora que disparó el 14 de octubre.
La propia Gendarmería Nacional lo felicitó por
la “valerosa y meritoria” intervención de octubre de 1947. Tiempo después,
dejaba las armas y se reconvertía en abogado, primero; y en juez, después,
actuando incluso durante la última dictadura cívico–militar. Santos Costas murió a fines de 2012, impune.
El ayudante de cocina que salvó vidas
En 1947, el sargento ayudante Américo Londero
era el responsable de la cocina del Regimiento 18° de Gendarmería de Las
Lomitas. Le había tomado cariño a dos chicos pilagas Setkoki´en y Maliodi’en, que trabajaban allí. La tarde
del 10 de octubre, les avisó: “Váyanse chicos, váyanse”, cuenta Maliodi’en en
el documental de Mapelman. “¿Entienden que van a disparar las armas?”, les advirtió
y les dio víveres para que escaparan de la masacre.
Fuente: Infojus Noticias
