Por Francisco Pizarro
El gobierno del presidente Rafael Correa,
antecesor de Moreno, con la valentía y dignidad que lo caracterizan, otorgó
protección a Assange. Lo hizo, porque éste era perseguido político y sufría el
acoso de sus gobiernos aliados, el Reino Unido y Suecia. Existían incluso
indicaciones y declaraciones que ponían en peligro la vida da Assange.
El presidente del Ecuador, Lenin Moreno, decidió
entregar a la policía londinense a Julián Assange, asilado diplomático en la
embajada de ese país en el Reino Unido. Lo hizo por sorpresa y en el medio de
la noche. La decisión vulnera el derecho de asilo, consagrado en acuerdos
internacionales, con el agravante que además desprotege a un ecuatoriano,
nacionalidad que le había sido otorgada a Assange. Pero, más grave aún, la
decisión de Moreno tiene una connotación moral ineludible, lo que afecta la
dignidad de los ecuatorianos.
Assange, fundador de Wikileaks, se había
convertido en una persona peligrosa para los Estados Unidos. Publicó miles de
documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado, que revelaban
los crímenes cometidos por soldados norteamericanos en las guerras de
Afganistán e Irak. Los aparatos de seguridad no perdonan. Se inicia una
persecución implacable contra Assange, que lo obliga a buscar asilo político en
la embajada ecuatoriana en Londres.
El gobierno del presidente Rafael Correa,
antecesor de Moreno, con la valentía y dignidad que lo caracterizan, otorgó
protección a Assange. Lo hizo, porque éste era perseguido político por los
Estados Unidos y sufría el acoso de sus gobiernos aliados, el Reino Unido y
Suecia. Existían incluso indicaciones y declaraciones que ponían en peligro la
vida da Assange.
En efecto, Assange logró obtener las
conversaciones de un gran jurado secreto en los Estados Unidos, que lo acusaban
formalmente. Posteriormente, Wikileaks consiguió los correos diplomáticos desclasificados
que confirmaban la existencia de esa acusación formal secreta. Además, esos
documentos indicaban que Australia no tendría objeciones a la potencial
extradición EEUU. Assange temía ser enviado a Guantánamo, junto a los
terroristas musulmanes y luego terminar con una larga condena.
Los dichos de dirigentes políticos de los
Estados Unidos son decidores:
Sarah Palin, excandidata republicana a la
vicepresidencia de los Estados Unidos, decía en noviembre del 2010: “Assange es
un operador antiestadounidense con sangre en sus manos ¿Por qué no fue
perseguido con la misma urgencia que perseguimos a los líderes de Al-Qaeda y el
Talibán?”.
Newt Gingrich, candidato presidencial en las
primarias republicanas, decía en diciembre 2010: “Julián Assange está
involucrado en terrorismo. Debe ser tratado como un combatiente enemigo.
WikiLeaks debería ser clausurado permanente y decisivamente”.
El mundo desarrollado no daba garantías a
Assange y optó por refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres. El asilo
era plenamente justificado. Y el gobierno de Correa se lo otorgó.
El asilo es una larga tradición latinoamericana.
Presidentes, dictadores, políticos y guerrilleros han encontrado amparo en este
recurso, normado por la Convención de Caracas de 1954, surgida a raíz de la
larga estadía de Víctor Raúl Haya de la Torre, opositor al dictador Odría, en
la embajada de Colombia, en Lima.
El dictador Stroessner de Paraguay, después de
su derrocamiento, obtuvo asilo en Brasil hasta su muerte. Salvador Allende, en
1971, otorgó un asilo de paso a guerrilleros argentinos que, fugados de la
cárcel de Trelew, se dirigían a La Habana. Las dictaduras genocidas de
Pinochet, en Chile, y Videla en Argentina, no se atrevieron a capturar a
asilados que se protegían en las embajadas en Santiago o Buenos Aires. Y, por
cierto, ningún gobierno complaciente con esos regímenes fue capaz de entregar a
los asilados a las policías represoras. Moreno ha hecho todo lo contrario.
Ecuador se ha caracterizado por ser exportador
de destacados asilados políticos. Son los casos de José Velasco Ibarra, Gustavo
Noboa, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, exmandatarios que se asilaron en
Colombia, República Dominicana, Panamá y Brasil, respectivamente. Ecuador ha sido respetuoso de ello y también
ha sido generoso en otorgar asilo a políticos opositores provenientes de las
dictaduras del cono sur en los años setenta y ochenta. Por ello es tan
sorprendente la decisión de Moreno.
El asilo asegura la protección que un Estado
ofrece a personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad se
encuentran en peligro por actos, amenazas o persecuciones de las autoridades de
otro Estado. En consecuencia, la decisión del presidente Lenin Moreno vulnera
el derecho al asilo y es éticamente reprobable, colocando en vergüenza a toda
la sociedad ecuatoriana.
Hace pocos días, el relator especial de Naciones
Unidas sobre la tortura, Nils Metzer, señalaba su preocupación por los peligros
que acosan a Assange. Pidió al gobierno de Ecuador que no retire a Julián
Assange su condición de asilado porque si lo hace “…es probable que sea
arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos”.
Y, tal decisión “…podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves a sus
derechos humanos”. La respuesta del gobierno de Moreno fue entregarlo a la
policía londinense.
Jaime Merchán, embajador ecuatoriano en Londres,
fue el encargado de entregar a Julián Assange (contra su voluntad) a la policía
británica.
Todos los latinoamericanos tenemos la obligación
de defender la libertad de Julián Assange. En primer lugar, porque Moreno, al
quitarle el derecho de asilo, vulnera la protección a los perseguidos
políticos, consagrada en el derecho internacional. En segundo, porque esa
decisión convierte al pueblo ecuatoriano en cómplice de los peligros que pueda
sufrir Assange. En tercero, porque la persecución contra Assange es un ataque a
la prensa libre e independiente, otro derecho fundamental que debemos defender
Fuente: Alainet
