Cayó otro montaje de Benetton y Patricia
Bullrich
En base a esta causa, la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, había acusado a la comunidad mapuche de terroristas de la
RAM. “Ellos siempre dijeron que no pertenecían a la RAM y no tengo motivos para
no creerles”, sostuvo la jueza Karina Estefanía,
Por Sebastián Premici
La jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel
absolvió a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones
Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo
Jaramillo y Nicolás Hernández Huala, por el delito de usurpación y abigeato
impulsado por Benetton y la provincia de Chubut. Esta había sido la causa madre
utilizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para acusar a la
comunidad de terroristas de la RAM, argumento rechazado por la magistrada.
“Ellos siempre dijeron que no pertenecían a la RAM y no tengo motivos para no
creerles”, sostuvo Estefanía, quien también ordenó la conformación de una mesa
de diálogo para que sea el Estado provincial –junto a todas las partes
involucradas- quien resuelva la cuestión territorial para esta comunidad
originaria. A su vez, ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una
investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, el primer impulsor
de la denuncia contra la Pu Lof.
Al finalizar la audiencia, con los puños en
alto, y luego de un desahogo generalizado al grito de “¡ia iaiaiaia ia!” se
escuchó “¡Santiago Maldonado, presente!”, “¡Rafael Nahuel, presente!”.
-¿Cómo están ahora?-, le consultó este diario a
Martiniano Jones Huala, tío del lonko Facundo Jones Huala, preso en Chile y
ahora absuelto en la Argentina.
-Bien, ahora, bien. Pero hay cosas que quedan,
que están marcadas acá, en el pecho. Las muertes de Santiago y Rafael no pueden
ser olvidadas-, respondió antes de salir del juzgado para encontrarse con sus
peñis y lamiens.
La jueza Estefanía leyó la sentencia durante
cuatro horas. De los imputados sólo estuvieron Fernando Jones Huala, Sergio
Ruiz Huenchupan y Andrea Millañanco. Al momento de decretar la absolución de
todos los imputados por el delito de usurpación (sí les endilgó a los
integrantes de la comunidad una apropiación parcial del campo, sin permanencia
constante, aunque sin ningún tipo de tipificación penal), la jueza enumeró
algunas de las irregularidades que se cometieron durante la investigación por
parte del Ministerio Público Fiscal, que le sirvieron a la magistrada para
decretar la absolución.
“El día que se detuvo a los integrantes de la
comunidad (27 de mayo de 2016) no se les secuestró teléfonos ni vestimenta
para compararlas con las fotos del día
de ingreso al campo, se imputaron personas a las que luego no se le realizó
acusación formal, las autoridades policías y el MPF primero hablaron de
violencia y luego sostuvieron que desde la comunidad había disponibilidad al
diálogo; no se pudo probar si hubo robo de ganado, no se ofrecieron pruebas
para entender cómo pudo haberse cometido ese delito. Y a modo de reflexión digo
lo siguiente: advierto sobre posibles violaciones a pactos internacionales (por
cómo se llevó adelante el conflicto), sostuvo la jueza.
La defensa había trabajado sobre la hipótesis de
la criminalización de la protesta pero la magistrada rechazó ese planteo. Aun
así, sostuvo que debería ser el Estado quien resuelva la cuestión territorial
para las comunidades originarias. Por eso ordenó la conformación de una mesa de
diálogo –como la que se había armado en octubre de 2016, clausurada
intempestivamente por el gobernador Mario Das Neves-, donde se sienten todas
las partes. Estableció un primer plazo de 90 días para los primeros informes
sobre esa negociación.
Durante las audiencias del juicio, fueron varios
los testigos de la policía de Chubut quienes confesaron que recibían presiones
directamente de “La Compañía” para avanzar contra la comunidad. El comisario de
El Maitén, Víctor Osvaldo Veloso, declaró que “se había sentido presionado por
La Compañía para hacer cosas ilegales”. Cuando le repreguntaron “de qué cosas
hablaba”, el agente insinuó los pedidos de la empresa para detener a Jones
Huala “bajo distintos métodos”.
En momentos de la recuperación territorial
ocurrida en marzo de 2015, el titular de la Sociedad Rural de Esquel era Hernán
Alonso, hoy ministro de la producción de Mariano Arcioni. Alonso aparece
mencionado en una causa por espionaje contra la Pu Lof –donde están procesados
dos comisarios, un ex agente de la SIDE y todavía debe definirse la situación
procesal de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini- como la persona que
presionaba tanto a fiscales como a la policía local para avanzar contra la
comunidad. Fue el abogado de Bottini, Julián Ariel Schettini, quien vinculó
directamente a Alonso con las presiones que se ejercían en aquella época para
avanzar en la acusación contra los integrantes de la Pu Lof.
Esta causa por usurpación no era un proceso
judicial cualquiera. Fue utilizado por Bullrich para construir su informe sobre
la RAM presentado en diciembre de 2017 junto a los gobernadores de Chubut
(Mariano Arcioni), Neuquén (Omar Gutiérrez) y Río Negro (Jorge Weretilnek). La
ministra venía trabajando en esta línea de persecución -afín a la embajada de
los Estados Unidos según un informe de 2005, que colocaba al indigenismo como
las “nuevas amenazas”- desde febrero de 2016, cuando visitó por primera vez la
ciudad de Bariloche junto a Pablo Noceti, por entonces jefe de Gabinete de su
cartera y hoy secretario coordinador con los Poderes Constituciones. En esas
primeras reuniones de febrero, los empresarios rurales patagónicos les habían
solicitado a la funcionaria expresamente la represión a los mapuches. Y ella
actuó en consecuencia.
De las 96 causas vinculadas a la RAM difundidas
por Bullrich, 84 eran NN. Es decir que no tenían autores identificados. Del
conjunto de denuncias, 18 estaban relacionadas directamente a la Pu Lof en
Resistencia Cushamen, que es el territorio donde desapareció y murió Santiago
Maldonado. Una causa madre y 17 conexas para articular toda la persecución
hacia Facundo Jones Huala y vincular a esa comunidad mapuche con la RAM.
En su sentencia, la jueza Estefanía sostuvo que
no había elementos para hablar de la RAM, que los integrantes de la Pu Lof
siempre rechazaron ser de esa organización y que incluso se habían armado más
de 50 legajos de investigación paralelos para acusarlos. Por eso solicitó que
también sea investigado el fiscal Oscar Oro.
