La segunda denuncia por extorsión complica aún
más a Stornelli
Por Horacio Verbitsky
A diez días de la revelación de El Cohete a la
Luna acerca de la denuncia por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli y su
operador Marcelo D’Alessio, es posible reordenar la información y sacar algunas
necesarias conclusiones. Como informamos ayer en El Cohete, la primera denuncia
contra D’Alessio fue recibida por Stornelli en octubre del año pasado, por
parte del ex secretario presidencial Pablo Barreiro. Dos meses después, cuando
D’Alessio aborda a Etchebest para ofrecerle un trato con el fiscal
encuadernador, Stornelli conocía vida y milagros del aventurero, lo cual
destruye la coartada que intentó para alegar ignorancia sobre los métodos que
Etchebest grabó.
Stornelli, con D’Alessio y Sáenz, en CR, de
Pinamar
Este segundo caso, que en realidad fue el
primero de los ya conocidos, presenta una particularidad que caracteriza al
serpentario de Comodoro Py: son dos bandxs los que se disputan a los Barreiro y
ambxs les prometen acceso fácil a Stornelli y al juez Glock, para solucionar el
problema a cambio de dinero. La diferencia es que D’Alessio y sus asociados son
parvenus que irrumpen en un coto de caza privado, lo cual fastidia a quienes
durante décadas reinaron sin competencia en ese turbio mercado. Desde hace 30
años se sabe que las causas de Comodoro Py se resuelven por fuera del
expediente y que la clave está en los abogados a quienes jueces y fiscales
habilitan a realizar alegatos de oreja. De esa época es la anécdota de un juez
que cerró un trato a través de un operador como D’Alessio. La respuesta del
juez al afligido cliente fue sin palabras durante una audiencia formal: según
el color de la corbata que usara el magistrado, sería positiva o negativa su
respuesta al acuerdo. Durante su presidencia en la Corte Suprema de Justicia,
Enrique Petracchi tomó algunas medidas muy simples para controlar este
desborde. Desde entonces, la información pública sobre los recursos
extraordinarios que llegan a la Corte identifica a los abogados que representan
a las partes, en esa y en las anteriores instancias. Esta identificación de los
vendedores de influencias no anula, pero reduce el margen de discrecionalidad.
Del mismo modo, la cartelización de la obra
pública no tiene menos de medio siglo de antigüedad en el país, y es descripta
en mi libro de hace tres décadas Robo para la Corona. También hay una larga
referencia al método, circunscripto a la provincia de Jujuy, en mi libro de
hace tres años La Libertad no es un Milagro. Las decisiones acerca de quién
debe ganar cada licitación se adoptan entre las empresas constructoras, e
incluyen una cómoda división de roles. Para simular una auténtica licitación,
se acuerda qué empresas presentarán ofertas más onerosas que el vencedor. No
hay impugnaciones y luego el ganador entrega una parte de sus ganancias a
quienes fingieron la competencia. Además los roles son rotativos, de modo que
nadie quede excluido del reparto, que se realiza a espaldas del interés
público. Que Glock, Stornelli o Enrique Wagner pretendan que a los empresarios
les enseñaron este sistema Néstor Kirchner, Julio de Vido o Roberto Baratta es
un insulto a la inteligencia. Las grandes constructoras, y entre ellas en lugar
descollante las de la familia presidencial, eran virtuosas en esta práctica
cuando Néstor Kirchner no había ganado su primera elección municipal en Santa
Cruz. Sólo un personaje grotesco como Laura Alonso, titular de la oficina de
encubrimiento de la corrupción macrista, puede decir que los Kircher integran
el top ten de los gobernantes más corruptos de la historia mundial, ya sea que
lo crea o que mienta a designio, como lo hace su asociada Elisa Carrió, que se
hace pasar por loca para actuar con mayor impunidad.
Laura Alonso, del ridículo no se vuelve.
Cuestión de estilo
Las diferencias de estilo son notorias.
D’Alessio dice en forma brutal que Stornelli no es limpio, que pica boleto, que
pide una atención. En cambio el ex juez, camarista y conjuez de la Corte
Suprema, Fernando Archimbal, y su socio Luis Vila, quien fue juez federal en Santa
Cruz, se presentan como abogados respetables cuyos honorarios son altos por la
calidad del trabajo que realizan y rara vez hacen referencia a su rol como
lobbystas. Archimbal desempeñó ese rol para el entonces alcalde porteño
Maurizio Macrì, cuando fue procesado por las escuchas clandestinas. Se usó
entonces el mismo método con que la semana pasada se violó en forma ilegal la
intimidad de las conversaciones desde el teléfono público del penal de Ezeiza.
Un juez (Horacio Gallardo y Juan Luis Rey, de Misiones, en el caso de Macrì;
Federico Villena en el de la colonia penal de Ezeiza) ordenan la intercepción
en un caso cualquiera. Luego la nómina de teléfonos a escuchar se incrementa a
voluntad, aunque no tengan nada que ver con la causa en la que se emitió la
orden. La operación se completa con la complicidad del organismo encargado de
las escuchas (la Oficina de Observaciones Judiciales, OJOTA, entonces; la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado,
DaJuDeCo, ahora) que entrega las grabaciones que interesan al mandante oculto (
Macrì, entonces y ahora) interesado en espiar a sus enemigos personales,
políticos o de negocios.
Pero unos y otros afirman que tanto el fiscal
como el juez negocian con los imputados, les imparten directivas para que
señalen en la dirección que les interesa y que no dejan constancia de todo lo
actuado en el expediente (cosa que el propio Stornelli reconoció ante Joaquín
Morales Solá en un ataque de euforia impune respecto de José López Bolso). Stornelli le indicó a Fabián Gutiérrez, otro
ex secretario de Cristina que declaró como arrepentido, que llamara a Pablo
Barreiro para ablandarlo, le cuenta el propio fiscal a Vila. En esta causa se
van subiendo escalones para llegar a la Jefa, explica el abogado. Vila
adoctrina a su cliente sobre la forma de entrar y salir de la oficina de
Stornelli, eludir el café de Comodoro Py para evitar las fotos. Mientras Vila
se ofrecerá como cebo para los periodistas, Archimbal con la ayuda de una
secretaria de la fiscalía hará entrar a Barreiro en forma discreta por atrás al
despacho de Stornelli, “como charlamos con el gordo”, quien a su vez “lo trae a
Bonadío”. Cuando Barreiro dice que su rostro es muy conocido, Vila le responde
que “los periodistas son muy boludos”. Varias veces menciona a “Sebastián” y
aclara “el secretario”.
¿Es el mismo Sebastián que según D’Alessio le
entregaba de parte de Stornelli los documentos de la causa?
En un tramo de la conversación, Vila le sugiere
que diga que José López no tenía relación directa con Julio (De Vido) sino con
la Vieja. También dice que le contó a Stornelli que D’Alessio y Rodrigo González extorsionaban en su nombre, le
recomienda que lo declare ante el fiscal y que le haga escuchar los audios de
D’Alessio. También le señala que mencione la presencia en Olivos del lobbysta
Javier Fernández.
Francisco Javier Fernández: cambian los gobiernos. El servicio es el
mismo.
Además le explica un mecanismo de semáforo para
la relación con el fiscal y el juez:
*verde, contesta lo que le preguntan;
*amarillo, dice que no se acuerda;
*rojo se levanta para ir al baño.
Cuando termine todo, agrega, le regalará una
4.5, de esas que son para los jefes.
En vez de eso, le cobraron 40.000 dólares sólo
por haberlo acompañado a una audiencia con Stornelli y abandonaron la defensa
cuando se aclaró que los honorarios no eran 250.000 pesos sino dólares, que los
Barreiro no podían pagar. Escuchá este documento histórico sobre los métodos
del serpentario de Comodoro Pus.
Los cien días
Esto complica la situación de Stornelli, quien
100 días después necesitó una semana para denunciar a D’Alessio, de cuyo rol no
tenía dudas, ya sea porque efectivamente trabajaba para él, o porque se lo
habían informado los Barreiro en octubre del año pasado. La propia denuncia
forma parte de otra maniobra. Según Stornelli, D’Alessio sería responsable de
defraudación, cuando en realidad hay un solo delito, por el cual interviene
Ramos Padilla, que es la extorsión. La jugada consiste en quitarle la causa, si
consiguen un juez que acepte jugar con serpientes. Las miradas apuntan a
Federico Villena, otro de los que allanaron a D’Alessio. ¿Se animará?
La respetabilidad de estx segundx bandx es sólo
aparente. En el estudio de Vila y Archimbal se constituyó en el año 2000 la
sociedad que debía administrar los fondos clandestinos de la SIDE, durante la
presidencia de Fernando De la Rúa. También participaron en una maniobra fallida
para impedir la extradición de México a España del represor de la ESMA Ricardo
Cavallo. Se trataba de inventarle otra causa en la Argentina, en la que sería
puesto en libertad por falta de pruebas si México consentía en enviarlo al sur
y no al norte.
Igual que D’Alessio, Archimbal se precia de sus
contactos en Estados Unidos. El estudio de abogados Archimbal, Vila, Reyes
Oribe y Asociados fue elegido por la Cámara de Comercio del Medio Este de los
Estados Unidos para representarla en la Argentina.
La primacía de lo político
Nunca antes había sido tan explícita la primacía
de la decisión política sobre los componentes jurídicos de una causa federal.
Por eso, la principal defensa esgrimida hasta ahora por el gobierno nacional ha
sido que el juez que recibió la denuncia de Pedro Etchebest por extorsión
contra el fiscal Carlos Stornelli y el operador Marcelo D’Alessio, responde a
La Cámpora y/o milita en Justicia Legítima, dos organizaciones perfectamente
legales que son estigmatizadas como si se tratara de asociaciones criminales. Y
el eje de la respuesta es correrlo de la causa. El juez federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla, no ha incurrido en ninguna conducta que merezca semejante
desvalorización.
Al ser allanado, D’Alessio dijo a los gritos que
trabajaba para la DEA, y que el material contenido en los aparatos electrónicos
pertenecía a esa organización. El mismo Stornelli dijo que cuando el operador
judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, le presentó a D’Alessio, le dijo que
trabajaba para la DEA o alguna agencia de la embajada de Estados Unidos. Que
siempre tenía buena información que era muy confiable y nunca le había fallado,
que era “fuente de él”.
Queda claro cuál fue la fuente de la operación
de Santoro sobre presuntas cuentas offshore de Máximo Kirchner y Nilda Garré.
Como indican todos los manuales, la embajada negó cualquier relación con el
agente caído en desgracia. Lo mismo les pasaba a D’Artagnan y los tres
mosqueteros. El que cae pierde o, como dice una institución que practica el
oficio más antiguo del mundo, los hijos son pecadores pero la madre es santa.
Zona de riesgo
Stornelli también dijo que D’Alessio “jamás me
habló de los cuadernos. Era un tipo muy simpático. Parecía que sabía de
narcotráfico y terrorismo. No presentó credenciales pero decía que trabajaba
para alguno de esos lugares. Escribía mucho. Tuvimos comunicación durante un
buen tiempo”. Del descargo inicial de que apenas lo conocía a esta forzada
admisión de la intimidad que se advierte en las constantes comunicaciones entre
ambos media el tramo que va de la sensación de absoluta impunidad a la
conciencia de que esta vez lo pillaron y está en riesgo.
También al gobierno le llevó cinco días elaborar
una táctica de respuesta a partir de la publicación aquí de la nota Extorsión.
Por absurdo que parezca, se trató de acusar a los detenidos en la colonia penal
de Ezeiza de haber fabricado la causa para herir de muerte el expediente que
instruye Stornelli por las anotaciones atribuidas al chofer grafómano. La
vocería fue encomendada a la diputada cívica libertadora Elisa Carrió, quien ya
ni siquiera se ruboriza cuando basa su acción en las escuchas telefónicas
ilegales a los aparatos públicos de Ezeiza, que dice haber recibido en forma
anónima. Ese es el procedimiento tradicional por el que las fuerzas de
seguridad oficializan información obtenida de buches o por medios ilegales.
Para salvar a la democracia, cualquier recurso les parece bueno. El
republicanismo argento llega a cualquier extremo en su defensa del bien.
El propio Stornelli admitió haber gestionado la
designación de su hijo Mateo como escribiente en la DaJuDeCo, el organismo que
el presidente Maurizio Macrì puso en la órbita de la Corte Suprema de Justicia,
que se encarga de las escuchas ordenadas por los jueces en causas de los
denominados delitos complejos.
La denuncia de Carrió (firmada por dos diputadas
de su séquito) fue adjudicada al doctor Glock, en virtud del fuero de atracción
por el que se encarga de los principales procesos que pueden comprometer a la
ex Presidente CFK. Como no estamos en Jujuy, esto se hace pero no se dice. En
vez de excusarse, ya que el episodio le concierne en forma directa y D’Alessio
también lo menciona a él, Bonadío dio vista al fiscal Gerardo Para un Barrido
como para un Fregado Pollicita, el mismo que resucitó la denuncia del ex fiscal
general Natalio Alberto Nisman contra Cristina. Pero además, Stornelli denunció
a D’Alessio por defraudación y en este caso la máquina de sortear indicó el
nombre de Julián Ercolini, quien junto con el ministro de Justicia Germán
Garavano y la ministra de la Corte Suprema Elena Highton fueron señalados por
el embajador estadounidense Edward Prado como sus “amigos dentro de la
comunidad jurídica de la Argentina”. Ercolini ya procesó a Cristina por
administración fraudulenta y asociación ilícita y ordenó embargarle 10.000
millones de pesos que nunca tuvo. También sobreseyó a Bartolomé Mitre, Héctor
Magnetto y Ernestina Herrera, desvinculando la venta de Papel Prensa a La
Nación y Clarín de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la familia
Graiver. Ercolini era íntimo amigo personal del defensor de la viuda de Roberto
Noble en esa causa, Pablo Jacoby. Ari Lijalad recordó que su esposa, María
Julia Kenny, fue asesora del ministro de Justicia Germán Garavano y ahora dirige
la prensa del fiscal a cargo en forma interina de la Procuración General,
Eduardo Casal.
Con una de estas dos causas, el próximo paso
oficial es desplazar del expediente a Ramos Padilla, quien no intervino por ser
de Justicia Legítima o La Cámpora, sino porque su juzgado de Dolores es el que
tiene jurisdicción sobre Pinamar, donde se cerró la extorsión con el apretón de
manos que Stornelli le dio a Etchebest a pedido de D’Alessio, como prueba de
que el trato estaba cerrado. Cuando se levante el secreto del sumario podrá
conocerse la prueba adquirida, que deja en descubierto a Stornelli al confirmar
los dichos de Etchebest.
D’Alessio es desvalorizado, tanto por Stornelli
(“me parece un paciente psiquiátrico”) cuanto por la ministra de Seguridad
Patricia Bullrich (“es un hombre raro, tiene problemas”), lo cual puede ser un
primer paso hacia su declaración como inimputable. Pero ni eso aliviaría la
situación del fiscal. Cuanto más grave la patología que le atribuyan a
Marcelito, más inverosímil que Stornelli lo tuviera como operador y hombre de
confianza.
Chequear
En la emisión del domingo pasado de El Destape
Web dije que me faltó tiempo para chequear algunos datos. El aparato oficioso
de propaganda oficial se basó en ello para afirmar que la publicación carecía
de seriedad. Por suerte para ellos me faltó tiempo. Las cosas que no alcancé a
chequear fueron si Diego Cabot hizo certificar por un escribano la
digitalización del material escrito por Oscar Centeno, cuántos artículos había
firmado D’Alessio en Clarín, qué otros periodistas tuvieron la misma intimidad
que Santoro con él, si el extorsionador tenía alguna actividad comercial
registrada.
Con Cabot no pude comunicarme, porque estaba en
Paris, invitado por la empresa que aspira a operar el subte porteño, cuyos
intereses defendió a capa y espada al regresar. Durante una conferencia de
prensa del consorcio alemán que se presenta en sociedad con Roggio, Cabot acosó
a la vocera con preguntas sobre el rol de Aldo Roggio en la causa de las coimas
por la obra pública. Quien respondió alguna de mis preguntas fue el colega
serio de Cabot, Hugo Alconada Mon, en un artículo publicado en La Nación. Según
Alconada, “D’Alessio también afirmó que el notario que certificó las copias de
los cuadernos (…) fue un escribano que designó su tío, a quien identificó como
el actual escribano general de la Nación. Eso también es falso”. ¿Cuál de las tres cosas sería falsa? Y si no
hubo certificación en un tema de semejante importancia, ¿por qué?
En esa nota, Las incoherencias de D’Alessio,
publicada el jueves 14, Alconada confirmó que “D’Alessio sí mantenía una
relación fluida con Stornelli, con quien se reunió en Pinamar y en su fiscalía
del quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, como también
intercambió mensajes a través del servicio WhatsApp. Célebre por su carácter
seco y hasta hosco, Stornelli mostró un trato más amigable de lo habitual con
D’Alessio, como también demoró cinco días en radicar una denuncia en su contra
por presunta extorsión, a pesar del escándalo que los sacudía”. En un estilo
muy distinto al mío, Alconada sugiere lo mismo que El Cohete a la Luna:
D’Alessio, y no sólo él, parecen personajes de una comedia bufa italiana, pero
eso no le quita autenticidad ni magnitud a los hechos de fondo, aquellos que
configuran la extorsión.
Encontré por lo menos seis notas de D’Alessio
publicadas desde junio de 2017 en el diario Clarín, que lo presenta siempre
como especialista en lucha contra el narcotráfico:
Un breve video muestra a algunos de los
periodistas que cimentaron el prestigio de D’Alessio como expecialista en
Narcotráfico y terrorismo:
https://twitter.com/i/status/1095329967968120833Fuente: El Cohete a la Luna
