Soldado cipayo
Por Teodoro Boot
Un presupuesto nacional de mentirijillas desvela
a gobernadores, intendentes, senadores, diputados y a cuanto lechuguino tenga
alguna responsabilidad institucional y algún grado de dependencia de los fondos
nacionales. Desde luego, su aprobación –cualquier aprobación– también desvela,
y muy especialmente, al gobierno “nacional”, necesitado de exhibir algún trofeo
ante el Fondo Monetario.
Tal como ha sido demostrado en la práctica
cotidiana durante los tres últimos años, un agrupamiento político-comercial
funcional al sistema financiero internacional, que maneja los resortes del
Poder Ejecutivo Nacional, cuenta con la complicidad del Poder Judicial y está
cooptado por los grandes conglomerados mediáticos, no necesita de votos ni
mayorías parlamentarias y conforma, en sí mismo, un poder autocrático.
La gradual evaporación del carácter
semifederalista de nuestro país, pulverizado por reformas constitucionales,
leyes, decretos y usos y costumbres que han vuelto a las provincias cada vez
más dependientes de los fondos y arbitrios de la Casa Rosada, ha vuelto cada
vez más autosuficiente al Poder Ejecutivo, tanto que no necesita de la
aprobación de nada parecido a un presupuesto. Es que finalmente el Poder
Ejecutivo hace y ha hecho lo que se le canta con la guita, las deudas y los
recursos. Véase sino que sin tanta concentración del poder económico, Raúl
Alfonsín gobernó varios años sin prepuesto así como en algún momento tuvo que
hacerlo Cristina Fernández.
Los gobernadores y los lechuguinos varios, por
lo general opositores políticos, creen tener garantizados los recursos por el
solo hecho de que esas partidas figuren en un papelito que nadie está en
condiciones de hacerle cumplir al gobierno, así como nadie –y el diputado
Felipe Solá lo sabe perfectamente– puede hacer que el gobierno de Mr. Macri
cumpla con ninguna de las leyes aprobadas por el Congreso. Para recordarlo y
recordárselo al diputado Solá, que en su momento creyó pasarse de listo, como
ocurrió con la ley de blanqueo y la prohibición por él impulsada de que fueran
excluídos del beneficio parientes y amigos de los funcionarios. El bloque de
Cambiemos fingió aprobar esa adenda,pero el PEN la volvió papel picado mediante
un simple decreto de necesidad y urgencia. Ilegal, clamó con razón el diputado
Solá, en tanto ninguna ley puede ser modificada por un decreto. Sí, es ilegal
¿y qué?
¿Por qué entonces el PEN parece tan urgido en la
aprobación del presupuesto, de cualquier presupuesto? ¿Se han puesto a pensar
gobernadores y senadores –al menos aquellos que actúan de buena fe y no
incentivados por negocios particulares o disciplinados por acciones extorsivas–
por qué el Poder Ejecutivo aparece tan interesado en que sea aprobado un
presupuesto que, una vez más, no se respetará? ¿Creen seriamente que las
modificaciones parciales a artículos lesivos para las provincias, municipios,
universidades, etc., son capaces de mitigar, de modificar mínimamente la
intención ajustadora del gobierno macrista? A esta altura de las cosas, ¿creen
los señores gobernadores y los inteligentes senadores que conforman el
interbloque Argentina Federal –que, en la tradición nacional de nombrarse según
las cualidades de que se carece, no es ni una cosa ni la otra– que Cambiemos
tiene voluntad propia? ¿Que aun de proponérselo, aun en el remoto caso de que
tomara alguna conciencia del grave daño que está causando al país y a sus
habitantes, podría modificar mínimamente las órdenes del FMI, ante el que ha
rendido su voluntad y, en consecuencia, entregado la poca soberanía económica y
la independencia política que quedaba?
¿Por qué piensan los cráneos que ocupan las
gobernaciones y calientan las bancas del Congreso que el FMI y el gobierno
están tan interesados en aprobar un presupuesto que no se cumplirá?
Lo están por su alto valor simbólico: aprobar el
presupuesto del PEN, aun con todas las inútiles modificaciones que se le
quieran introducir, aun “garantizándose” la continuidad de partidas y subsidios
varios (como si la promesa de quienes han violado sistemáticamente toda clase
de pactos y juramentos pudiera ser garantía de nada), implica, práctica y
políticamente, la aprobación por parte de la mayoría de la representación
política de la sociedad, del acuerdo firmado en nombre de todos por los
empleados del grupo Clarín y el Fondo Monetario Internacional.
El valor de la aprobación (o desaprobación) es
simbólico, ya que sea cual fuere el presupuesto votado, no se lo ejecutará: la
única atribución –la única voluntad, además– del gobierno de Mr. Macri es
cumplir con las directivas del Fondo Monetario. No existe ninguna otra
alternativa mientras estas personas sigan ocupando los lugares que ocupan y
continúen fingiendo dirigir los destinos nacionales.
Si lo saben, si lo han aprendido por experiencia
propia, si a lo largo de casi tres años ningún compromiso ha sido respetado,
¿por qué gobernadores y legisladores insisten en buscar acuerdos y algún grado
de consenso con quien siempre los ha estafado?
Fuente: Pájaro Rojo
