Goles en Moscú, palos en Buenos Aires
Mientras la selección de Senegal brillaba por su
victoria ante Polonia en el Mundial, organizaciones de DDHH denunciaron los
operativos y detenciones colectivas contra ciudadanos senegaleses. Advirtieron
que la Policía de la Ciudad y la fiscalía "utilizan un perfil racial” para
los procedimientos.
Los operativos y detenciones colectivas
impulsadas por el gobierno porteño contra ciudadanos senegaleses fueron el
centro de las críticas con las que Amnistía Internacional y una veintena de
organismos de derechos humanos y de inmigrantes conmemoraron ayer el Día
Mundial de los Refugiados. A través de un duro documento, denunciaron “el trato
discriminatorio, racista y violento” contra esa comunidad y exigieron “poner
fin a las prácticas extorsivas y persecutorias” que la Policía de la Ciudad
ejerce contra ellos. La declaración se dio apenas unas horas después de que la
selección senegalesa fuera el centro de los elogios tras derrotar a Polonia por
2 a 1 en su debut en el Mundial de Rusia.
La declaración es un cuestionamiento a la
política migratoria de la administración de Cambiemos con la que se encienden
las alertas sobre el cumplimiento del Estatuto del Refugiado en la Argentina.
No obstante, las críticas no fueron dirigidas solamente al gobierno porteño de
Horacio Rodríguez Larreta sino también al Poder Judicial. Las organizaciones
denunciantes advierten que “tanto la policía como la fiscalía utilizan un perfil
racial” a la hora de hacer los procedimientos.
La declaración fue emitida una semana después de
los “allanamientos violentos e injustificados” en viviendas de ciudadanos
senegaleses en los barrios de Flores y Balvanera. Bajo la excusa de concretar operativos
contra la venta ambulante ilegal, las fuerzas de seguridad y la Justicia
secuestraron mercadería, detuvieron a 24 personas, golpearon a quienes
intentaron defenderse e inclusive hirieron con un arma blanca a uno de ellos.
Se trata de Kane Serigne Dame, quien el 5 de
junio “fue abordado de manera violenta en plena vía pública y terminó con una
profunda herida en su brazo derecho e imputado en dos causas judiciales”, cita
el texto. El ejemplo de “los altos niveles de violencia institucional” fue que
a este hecho ocurrido el 5 de junio pasado le siguieron allanamientos masivos
tres días después y luego de una masiva protesta concretada por miembros de esa
comunidad en el barrio de Flores. Hechos de este tipo no son nuevos,
prosiguieron, sino que se vienen sucediendo “desde 2016” y con un “gravísimo
incremento”.
La “violencia institucional y policial” de esos
“operativos policiales desproporcionados” es una “envestida contra los derechos
humanos”, subrayó la denuncia pública, que además alertó sobre el carácter
“constante” de esa política que incluye una “intimidación constante” con
“episodios de violencia física y verbal” contra trabajadores senegaleses.
Según las organizaciones de derechos humanos,
estos hechos no solo “criminalizan la venta ambulante” sino que tienen un
trasfondo más perjudicial: poner en riesgo la permanencia de senegaleses ya que
“el inicio de causas penales, que encubren detenciones arbitrarias, asimismo
les provoca complicaciones con las autoridades migratorias, que incluso pueden
llegar a provocar su expulsión del país”.
Por este motivo, los firmantes de la declaración
instaron al Estado argentino a revertir “de manera urgente” estos hechos y
acelerar la “regularización documentaria y la generación de alternativas
laborales sustentables” para los integrantes de esa comunidad.
Fuente: Página 12
