A días de conmemorarse el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por el 42º aniversario del
golpe de Estado que dio comienzo a la última dictadura cívico militar
(1976-1983), el gobierno de Macri, con la excusa de que la capacidad de las cárceles
está colapsada, provocativamente sugirió un listado de presos y presas en
condiciones de abandonar las cárceles federales bajo los beneficios de la
libertad condicional o la prisión domiciliaria. Entre los 96 condenados por
delitos de lesa humanidad que aparecen en el listado hay varios nombres
emblemáticos de la dictadura, entre quienes se encuentran Jorge “El Tigre”
Acosta, Raúl Guglielminetti, Julio Simón (a) “El Turco Julian”, y el ex
capellán Cristian Von Wernich.
Una lista que ilusiona a los represores
Organismos de derechos humanos advirtieron sobre
el informe elevado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial
de Unidades Carcelarias. Figuran Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán
castrense Christian Von Wernich, entre otros.
Por Ailín Bullentini
Entre los 96 condenados por delitos de lesa
humanidad que aparecen en el listado hay varios nombres emblemáticos de la
dictadura.
Casi un centenar de represores integran un listado
de presos y presas en condiciones de abandonar las cárceles federales bajo los
beneficios de la libertad condicional o la prisión domiciliaria. El listado, en
el que figuran genocidas como Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense
Christian Von Wernich, fue elaborado por el Sistema Penitenciario Federal y
enviado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de
Unidades Carcelarias, según confirmó a este diario su presidente, el juez de la
Cámara de Casación, Gustavo Hornos. “No es tarea del sistema definir sobre los
casos particulares” de los presos y presas, aclaró Hornos sobre el listado que
le llegó a principios de año a ese ente en el que jueces, defensores, fiscales,
miembros del Congreso de la Nación y organizaciones de la sociedad civil
monitorean la situación de los presos y presas en cárceles federales.
Organismos de derechos humanos advirtieron por ésta situación y remarcaron que
“es mentira” que mandando a la casa a imputados y condenados por delitos de
lesa humanidad se va a solucionar el hacinamiento de los penales. “No son ni el
1 por ciento de la población”, apuntó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo,
Alan Iud. “El único lugar para un genocida es la cárcel”, insistieron desde
Hijos.
Hornos confirmó a este diario que en calidad del
presidente del Sistema de Coordinación recibió a fines de enero pasado un
listado en el que el SPF enumeró a 1111 presos y presas en condiciones de
recibir la libertad condicional o de cumplir condena en su domicilio. 96 de
esos más de mil son imputados o condenados por delitos de lesa humanidad, como
el Tigre Acosta, como Von Wernich; como “El Turco” Julián Simón, el médico
naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti.
El SPF envió el nuevo listado con el argumento
de responder a un reclamo de la Corte Suprema que buscaba dar “una solución” a
la sobrepoblación de la unidad penitenciaria 28, ubicada en Comodoro Py. “No
nos corresponde hacer nada con eso, ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es
tarea del Sistema decidir sobre los casos particulares”, indicó Hornos, quien
apuntó que “tampoco” saben la razón por la cual el SPF remitió el listado que
ya había enviado en dos oportunidades, por lo menos, durante 2017. Este diario
intentó sin éxito comunicarse con esa institución que, según un comunicado que
circuló ayer, aclaró que la lista enviada “solo implica compartir información
con el Poder Judicial de aquellos que están en condiciones objetivas de ser
evaluados para el acceso” a los beneficios.
En ese sentido, Iud calificó de “curioso” que
sea el mismo Ejecutivo que impulsó leyes de mano dura el que se preocupa por
solucionar el sobrepoblamiento
carcelario. “Las cárceles no están saturadas por los casos de lesa humanidad.
Por el contrario, hay una tendencia creciente a otorgarles domiciliarias. El
grupo de los represores condenados e imputados no representan ni el 1 por
ciento de la población carcelaria del SPF”, remarcó Iud para indicar que “es
una falacia absoluta presentar que la prisión domiciliaria para los represores
va a desagotar las cárceles”. Además, apuntó, “una buena cantidad (de los
genocidas) están detenidos en la cárcel de Campo de Mayo en condiciones de
claro privilegio”. En Marcos Paz y en Ezeiza, los presos por crímenes de lesa
humanidad cuentan con un pabellón exclusivo. Por su parte, Giselle Tepper de
Hijos remarcó que “no es posible” la justificación de “ningún beneficio” a
genocidas que implique su salida de la cárcel. “El único lugar para un genocida
es a cárcel”, insistió. “Nos preocupa el retroceso que implica el mensaje que
se le está dando al Poder Judicial, el ‘consejo’ de que se mande a la casa a
delincuentes que no son comunes, que se empiece a relativizar nuestro reclamo
de cárcel común y efectiva –completó–. Un apropiador no deja de ser apropiador
como Hidalgo Garzón no deja de ser un apropiador, un violador como el Tigre
Acosta no dejar de ser un violador, no pueden volver a sus barrios”.
Meses antes de que culmine el año pasado,
integrantes del organismo de control de unidades carcelarias mantuvieron una
reunión de carácter “interministerial” en el Ministerio de Justicia en la que
participó el SPF. “Nos preocupa la sobrepoblación de las cárceles, hay en la
actualidad el doble de personas detenidas que hace 15 años”, apuntó el director
general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria
Nacional, Ariel Cejas Meliare. En ese encuentro, la Procuración pidió al PSF
que enlistara a los detenidos y detenidas en condiciones de recibir el
beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad condicional. Obtuvo la
respuesta en diciembre, con un documento que circuló por medios de comunicación
alternativos y que enumeraba a más de cien represores e imputados en
condiciones de dejar los penales entre más de mil presos y presas comunes. En
la lista figuraban el genocida de la bonaerense Miguel Etchecolatz y el ex
agente de inteligencia y apropiador Carlos Hidalgo Garzón, entre algunos otros
que todavía no habían obtenido el beneficio de cumplir condena en sus casas. La
Procuración Penitenciaria confirmó a este diario que realizó presentaciones
judiciales para que esos beneficios se agilizaran en más de un centenar de
casos. No hubo pedidos por genocidas o imputados por violaciones a los derechos
humanos durante la última dictadura.
Fuente: Página 12
