Beatriz Sarlo, entre otros...
Nucleados en 'Espacio de Pensamiento Crítico',
pensadores como Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella y Rubén Lo Vuolo, esbozaron
duras críticas al gobierno de Cambiemos con el cual dicen ver un retroceso.
La corriente de pensadores nucleados en 'Espacio
de Pensamiento Crítico' arremetió contra las políticas del gobierno de Mauricio
Macri en un comunicado público donde expresaron todas sus diferencias.
NOTA RELACIONADA- “El gobierno utiliza la extorsión, si no hacés lo que te dicen te sacan un carpetazo y te meten en cana”
Entre las profundas, se encuentra la cuestión de
los Derechos Humanos y las libertades indivisuales, donde ven un "grave
retroceso".
"La protesta social, la problemática
indígena, la seguridad ciudadana", y sobre todo "la violencia
institucional" son los tópicos que marcaron como delicados desde la
asunción de Macri.
En ese sentido, mencionaron el caso de Santiago
Maldonado y el crimen del joven mapuche, Rafael Nahuel, "asesinado por
fuerzas de Prefectura". Pero, además, criticaron la postura del Gobierno y
sus funcionarios ante estos terribles hechos.
El caso Chocobar también forma parte del texto,
sobre el que puntualiza que "desde los lugares más prominentes del
Gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una
opción más” y "se busca justificar crecientes acciones de represión
estatal”.
Este es el documento completo:
Hacia una caracterización del gobierno de
Cambiemos
La ampliación del horizonte punitivo y los
derechos humanos
A más de dos años de gestión, es necesario
hablar del gobierno de Cambiemos sin utilizar como atenuante la insistente
coartada acerca de la “herencia recibida”. Importa analizar el actual gobierno
en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en sí mismo; esto es,
como un proyecto autocontenido, visible en las políticas que se han venido
aplicando en los diversos órdenes, a lo largo de estos dos primeros años.
Eso no significa que haya que dejar de lado el
pasado o analizar la situación actual del país ignorando la historia anterior.
Al contrario, podríamos señalar las continuidades y rupturas que representa el
gobierno de Cambiemos respecto de otras gestiones gubernamentales, post-1983;
también podríamos hacer hincapié sobre las responsabilidades del gobierno
anterior en el actual estado de cosas (social, político, económico) o su
tolerancia para con la corrupción; asimismo, podríamos marcar los problemas
económicos y sociales traspasados por el gobierno anterior así como la ausencia
de autocrítica de parte de diferentes sectores –políticos, económicos e
intelectuales- respecto de las políticas previas a 2015. También podríamos
ocuparnos de ciertas mejoras que se observan en algunas áreas de gobierno con
respecto a gobiernos anteriores, como así también del accionar de muchos grupos
de la oposición cuya crítica sólo busca limpiar las responsabilidades propias
en el pasado y culpar a la actual gestión de todos los problemas del país.
Sin embargo, y no sólo por un problema de
extensión, en este primer documento de análisis crítico de la gestión de
Cambiemos, nos interesa ocuparnos de una cuestión que ya es un signo inequívoco
de este gobierno y que merece una reacción urgente: su retórica y su política
en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. Para ello, lo primero
es señalar que las referencias al pasado ya no son suficientes para explicar lo
que está sucediendo; incluso, se vuelven cada vez menos necesarias para
caracterizar al actual gobierno argentino. Más aún, el uso y abuso que la
gestión actual ha venido haciendo de la “herencia recibida” en muchos casos no
buscó siquiera superar problemas heredados sino más bien tendió a
profundizarlos, tal como lo ilustra la continuidad de la dinámica polarizadora
de la sociedad o la profundización de la violencia política estatal y del
carácter represivo del accionar de las
fuerzas de seguridad.
Nuestro propósito en este documento es hacer eje
en las transformaciones que promueve el presente gobierno, con la convicción de
que se trata de un proyecto político-ideológico que pretende volverse
hegemónico y consolidar un nuevo orden político, económico y social en el país.
Este texto no busca agotar esta complejidad sino que representa nuestro primer
análisis y nuestra primera declaración en la materia, centrada en la temática
de los derechos humanos, vinculada a la protesta social, la problemática
indígena y la seguridad ciudadana, por entender que la misma representa una ruptura
con los mejores valores que buscó construir la recuperación democrática en el
país.
En términos de
violencia política estatal, el gobierno de Cambiemos ha cruzado un
umbral. El doble discurso, las tensiones y contradicciones propias del
kirchnerismo son parte del pasado. En el gobierno anterior había un discurso de
derechos humanos, que coexistía con una política de criminalización y
represión, mientras que bajo la gestión de Cambiemos no hay invocación alguna a
los derechos humanos como guía de las políticas públicas. Por el contrario,
contra la doctrina de los derechos humanos, individuales y colectivos, el
gobierno de Cambiemos plantea una política de criminalización que se aplica de
manera cada vez más sistemática y generalizada sobre el conjunto de los
diferentes actores sociales y políticos movilizados, en un contexto de visible
aumento de la protesta social.
Así, la violencia institucional se agravó y en los últimos meses se abrió a una nueva
época; primero, con el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado en el
río Chubut, luego de estar desaparecido durante 78 días, donde todavía se
desconocen las causas de su muerte por
ahogamiento, sucedida en un contexto de represión de fuerzas de Gendarmería, de
la cual el gobierno ha buscado de modo sistemático des-responsabilizarse; luego
con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, en Río Negro,
por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción criminal justificada
públicamente por altos funcionarios de gobierno. En un contexto de clara
disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a
la población mapuche en una suerte de “enemigo interno” buscando así
disciplinar cualquier disputa sobre la apropiación de los recursos naturales en
el país.
La agresiva campaña política y mediática que
apunta a asociar al pueblo mapuche con la violencia política, supuestamente
articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de
cuya existencia y accionar no se ofrecen pruebas convincentes, se ha vuelto un
injustificado ensayo de agresión del poder político y económico contra los
grupos más vulnerables de la población. Esta campaña de demonización de grupos
vulnerables que protestan contra las políticas oficiales está ligada a la
apuesta explícita que el gobierno de Cambiemos hizo por la profundización del
modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales,
la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas,
de centrales nucleares y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay
que añadir los emprendimientos inmobiliarios, muchos de ellos en manos de
propietarios extranjeros.
Estamos ante una gestión gubernamental que sólo
reconoce los derechos del capital en los territorios nacionales, para lo cual
ha resuelto profundizar el modelo extractivista adoptando modalidades
represivas estatales más graves, que revelan no sólo la responsabilidad del
gobierno nacional sino su connivencia con ciertos discursos y representaciones
sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad
argentina.
Causa alarma la insistencia del gobierno, muy
propia de las últimas décadas, de tratar las cuestiones de derechos a la luz de
lo que expresen coyunturales encuestas de opinión pública. Montado en la
ligereza y la irresponsabilidad,
propias de las políticas de seguridad de las últimas décadas, el
gobierno habla hoy de una “nueva doctrina” en la materia, con lo cual busca
justificar crecientes acciones de represión estatal. No se trata de un “plan
sistemático” (entre otras razones, por la improvisación con que se maneja en el
tema y los “frenos políticos” que mantiene), pero tampoco de meras afirmaciones
desafortunadas y hechos aislados. El gobierno, bajo el impulso fundamental,
pero no exclusivo, del propio Presidente y su Ministra de Seguridad, busca
sostenidamente justificar el “endurecimiento” de la acción represiva del Estado
en un vasto campo que se extiende desde
el accionar policial hasta la política de derechos humanos y su relación con el
Sistema Internacional de Derechos Humanos. En lo que sigue nos ocupamos de
señalar algunas de las piezas del sistema que viene articulando.
En relación con el accionar policial, desde los
lugares más prominentes del gobierno se alienta la idea según la cual la muerte
del delincuente es una opción más, disponible sin mayores resguardos, para los
agentes de seguridad. El hecho de que el Presidente felicitara en público a un
agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones,
y responsable de haber matado a un presunto delincuente (e insistiera con ello
aún luego de la confirmación del procesamiento por la Cámara Nacional Criminal
y Correccional), es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede
celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado,
como un ejemplo.
Otro elemento de la nueva doctrina en la
materia se observa a nivel probatorio,
cuando la Ministra de Seguridad se pronuncia en el sentido de “cambiar la
presunción de inocencia a favor de las fuerzas de seguridad”. Esta afirmación
no sólo choca contra la Constitución, sino también contra la idea, propia del
sentido común, que nos dice que el poder extraordinario que adjudicamos a
quienes llevan armas de fuego, exige de cuidados y controles también
extraordinarios sobre el modo en que ellos pueden hacer uso de ese poder.
El gobierno y sus defensores también proponen
dar un giro en el área procesal, que se advierte cuando quieren presentar como
extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas
“garantistas” –esto es, a la defensa de garantías procesales que son asumidas
aún por el más modesto derecho penal liberal, en cualquier país civilizado. Lo
cierto es que, si reconocemos derechos, también a los victimarios, ello no es
por su condición de criminales, sino porque todos los seres humanos deben ser
tratados como tales, si se pretende respetar los derechos humanos universales.
En el ámbito penal, y desde las más altas
esferas del gobierno, también se advierte la promoción de pautas conservadoras
en cuestiones tan básicas como la prisión preventiva, la libertad condicional,
o aún la pena de muerte –que nuestro derecho decide en línea con las exigencias
del Pacto de San José de Costa Rica. Todas estas cuestiones siguen siendo
elementales para el funcionamiento del Estado de derecho que el gobierno dice
querer respetar; como ejemplo, vale señalar que el Pacto establece de modo
explícito que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.
La nueva doctrina que busca difundir el gobierno en materia penal, aparece en
clara tensión con los principales rasgos que definen nuestro derecho desde
mucho antes que la Constitución de 1853.
El discurso constitucional del gobierno también
aparece degradado en relación con los principios económicos y sociales básicos
que dice sostener. En este sentido, sus objetivos en ciertas áreas económicas
aparecen inequívocamente por encima de las exigencias que el gobierno debe
cumplir en materia de derechos fundamentales. Los derechos económicos y
sociales establecidos en la Constitución desde hace más de medio siglo no son
tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales sino como residuos de
un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más
concentrado. El argumento oficial que justifica estas prioridades en el falso
apotegma que pretende que así se retomará el crecimiento económico, la
generación de empleo y una mejor distribución, es teórica e históricamente
insostenible. En la práctica, se traduce por la erosión de las garantías para
el acceso a condiciones laborales y beneficios sociales básicos, y continúa
políticas asistenciales residuales que no responden a las exigencias de
bienestar social de la población en las actuales condiciones de funcionamiento
del sistema económico.
Todo lo anterior aparece como un resultado
lógico de la señalada postura del gobierno en materia de derechos humanos. En
breve, bajo la gestión de Cambiemos, no hay invocaciones fundadas en los derechos
humanos. No sólo el Presidente se ha referido a los mismos, más de una vez, en
tono despectivo sino que además muchos de sus funcionarios y adláteres parecen
negar la existencia de pactos internacionales, de toda una normativa legal y
constitucional en defensa de estos derechos, a los cuales parecen considerar
como “facciosos” (propios de una determinada facción política) y aún “nocivos”
para el accionar público.
En suma, en materia de derechos humanos, como
también de la protesta social, del reclamo de los pueblos originarios, de la
seguridad ciudadana y del efectivo ejercicio de los derechos económicos y
sociales, el gobierno de Cambiemos busca imponer un conjunto de políticas y de
representaciones sociales que son contrarias a la doctrina nacional e internacional.
Estas prácticas expresan un grave retroceso tanto en cuestiones de libertades
individuales como en términos de autogobierno colectivo que es necesario
rechazar y enmendar de forma urgente.
Primeras Firmas
Roberto Gargarella, Ruben Lo Vuolo, Maristella
Svampa, Beatriz Sarlo, Silvina Ramirez, Horacio Tarcus, Patricia Zangaro,
Enrique Viale, Alicia Lissidini, Pablo Alabarces, Patricia Pintos, Gabriela
Massuh, Andrea Sacca, MaximilianoEstigabirria, Ruben Famá, Pamela Cáceres,
Martín Bergel, Carmen Sara Arraras,Julio Aguirre, Andrés del Río, Victoria
Corte
Adhesiones
a: espaciopensamientocritico@gmail.com
Fuente: Página 12
