El informe anual de 2017/2018 denunció "una
criminalización" contra grupos indígenas; habla de un retroceso en la
política migratoria y detenciones "indiscriminadas" de parte de la
policía
Por Martín Dinatale
Una "criminalización y discriminación"
de los pueblos indígenas. Derechos de los inmigrantes con "retrocesos
importantes". Detenciones "indiscriminadas" y mujeres
maltratadas por la policía. Críticas por la muerte de Santiago Maldonado y por
la detención de Milagro Sala.
Estos son algunos de los ejes relevantes del
informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2017/2018 que
presentará este jueves Amnistía Internacional y cuyo capítulo dedicado a la Argentina
muestra una dura crítica a la política de derechos humanos del gobierno de
Mauricio Macri.
Si bien ofrece algunos elogios al país como la
sentencia en la megacausa ESMA y los avances legislativos con la ley de
emergencia territorial y la ley de paridad de género, en líneas generales el
documento es duro con el Gobierno.
El informe anual de Amnistía al que accedió
Infobae será presentado hoy en todo el mundo. Contempla severas críticas a la
situación de violación a los derechos humanos en Venezuela y también revela una
primera radiografía completa de los dos primeros años de Macri en materia de
derechos humanos sobre los siguientes temas:
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1- Comunidades indígenas y Maldonado. El
documento sostiene que "la mayoría de las comunidades indígenas aún no
contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a
que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los
recursos naturales".
En este punto Amnistía destacó que en enero de
2017, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina,
"una policía federal militarizada", cerraron todos los puntos de
acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut.
Así, al abordar el caso de la muerte de
Maldonado el informe revela que "la comunidad denunció ataques de las
fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas".
Y luego califica como "una operación ilegal" de la Gendarmería la que
se realizó en la comunidad de Pu Lof durante la cual desapareció el tatuador.
Indica más adelante que fue hallado el cuerpo del joven y que la investigación
sobre su muerte no concluyó.
Por otra parte, al destacar las políticas
"discriminatorias" contra los grupos indígenas el informe de Amnistía
sostuvo que "las autoridades emplearon procedimientos judiciales para
intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de
sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y
homicidio".
Allí menciona que Agustín Santillán, líder
indígena del pueblo wichí en la provincia de Formosa, pasó 190 días en prisión
preventiva entre abril y octubre y afrontaba más de 28 procesos penales.
2- Derechos sexuales y reproductivos. En
referencia a este tema el informe anual de Amnistía sostiene que en la
Argentina "las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para
acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando
era consecuencia de una violación". Así, aclara que la despenalización
plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el Congreso.
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3- Violencia contra las mujeres. En un apartado
especial, el informe destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero
y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. En tanto,
denunció que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres "para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos
necesarios para su implementación plena".
4-Inmigrantes y refugiados. El informe de
Amnistía cuestiona duramente el decreto de Macri que modificó la ley de
migraciones de 2004 para "limitar los derechos de entrada y residencia y
potencialmente acelerar las deportaciones".
En tanto, al recordar la promesa del Presidente
de recibir 3000 refugiados sirios destaca que "el sistema de recepción de
solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de
integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de
asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención
médica y el aprendizaje del idioma".
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De esta manera, Amnistía señala que, a pesar del
compromiso del jefe de Estado, hasta ahora no se había creado ningún programa
de reasentamiento y "menos de 400 personas refugiadas sirias se habían
beneficiado de un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias".
5- Juicios a militares. Amnistía señaló que en
2017 seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios los juicios orales
por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de
1976-1983. Así, enumera que entre 2006
y mayo de 2017 se dictaron 182 sentencias, con lo que el número total de
personas declaradas culpables se elevó a 756 y el de absoluciones ascendió a
74.
Pero por otra parte, el informe destacó que la
Corte Suprema dictó sentencia en el caso de Luis Muiña (que fue declarado
culpable de crímenes de lesa humanidad) y estableció que cada día cumplido en
prisión preventiva debía contar como dos cuando la persona en cuestión
permanecía detenida más de dos años sin que se dictase condena. Luego aclara
que el Congreso aprobó posteriormente una ley para aclarar que la conocida como
"fórmula del 2×1" podía no ser aplicable a crímenes de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
6- AMIA. Al evaluar el caso del encubrimiento de
la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, la ONG
mundial encargada de velar por los derechos humanos alertó que un decreto de
Macri de abril de 2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal
Especial al Ministerio de Justicia, lo cual "ponía en peligro la
independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las
pruebas".
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7- Marchas y policías. En este capítulo Amnistía
destacó que durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el
8 de marzo, se produjeron "detenciones indiscriminadas". Y reveló que
"muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas
por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a
desnudarse por completo".
En otro tramo del informe se revela que en abril
"se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de
salarios justos". Y se destaca que
en septiembre, 31 personas fueron "violentamente detenidas" y
retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de la Ciudad de Buenos
Aires por participar en una manifestación masiva.
Luego hace mención a las protestas de diciembre pasado
en contra de la reforma previsional frente al Congreso. Sobre esta marcha,
Amnistía denunció que "la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y
hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas".
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Al recordar el caso de Milagro Sala, Amnistía
destacó que "no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la
liberación inmediata de la líder social y activista" piquetera acusada por
delitos de corrupción. "Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que
las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e
internacionales", dijo el informe.
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En diálogo con Infobae, Mariela Belski,
directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, destacó: "En
Argentina observamos avances y retrocesos. Entre los pasos hacia adelante
podemos destacar la sentencia en la megacausa ESMA; la absolución a Belén, una
mujer que estuvo presa por la pérdida espontánea de embarazo y los avances
legislativos con la ley de emergencia territorial y la ley de paridad de
género".
"Sin embargo –añadió Belski- también
debemos mencionar algunos retrocesos especialmente en la criminalización de la
protesta social y de los pueblos originarios; y de los derechos de las mujeres.
Las barreras para acceder a un aborto legal cuando el embarazo pone en peligro
la salud o cuando es consecuencia de una violación es un problema gravísimo que
se cobra miles de vidas. Por eso, es urgente que este año el Congreso por fin
debata la despenalización del aborto".
Fuente: Infobae
