Los trabajadores de Página/12, al mismo tiempo
que exigimos al Grupo Octubre que pague el aumento de sueldo que adeuda desde
mayo, denunciamos y repudiamos las presiones del gobierno de Mauricio Macri
contra el diario, en clara represalia por su línea editorial y sus contenidos.
El domingo 27 de agosto, en un artículo de
Horacio Verbitsky, se informó sobre 132 millones de dólares blanqueados por
familiares, amigos y socios del presidente y sus funcionarios. Cinco días
después, en un programa vinculado al aparato de inteligencia estatal, su
conductor informó sobre la preocupación oficial por las filtraciones que
hicieron posible la nota y, sin poder explicar el vínculo entre ambos temas
(“parece todo una serie de casualidades”, balbuceó), anunció que “el gobierno
tiene la decisión política de ir contra las mafias sindicales” y “sueña con
esta imagen”, en referencia a una hipotética detención de Víctor Santa María,
director del Grupo Octubre, propietario desde el año pasado de Editorial La
Página SA. “Esto va a explotar el lunes”, anunció el conductor, anticipando
burdamente la campaña de los alfiles políticos, judiciales y de prensa de la
alianza Cambiemos, que de hecho continuó el martes con un editorial del diario
La Nación.
Como el propio Verbitsky informó el último
domingo, la operación en curso “constituye una amenaza abierta a la libertad de
buscar y difundir información de interés público” por parte de quienes hacemos
Página/12, que somos los verdaderos destinatarios y el fin último de una
cruzada tendiente a silenciarnos y dejarnos en la calle.
La decisión política del gobierno de Cambiemos,
que uno de sus muchos operadores en los medios vinculó directamente con las
notas sobre el patrimonio de funcionarios y testaferros, es una clara respuesta
a coberturas que desnudan políticas regresivas en todos los órdenes y ponen en
evidencia la manipulación de la información por parte del Poder Ejecutivo y sus
voceros, ya sea con temas que la gran prensa silenció históricamente como la
complicidad civil con el terrorismo de Estado o la apropiación ilegal de Papel
Prensa durante la dictadura, o con los atropellos a los derechos humanos del
presente, como la represión policial, la criminalización de la protesta social
o la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
La defensa de Santa María ante las acusaciones
instaladas desde el gobierno y ante eventuales imputaciones judiciales corre
por su cuenta. Lo que los trabajadores de Página/12 denunciamos y repudiamos,
sin dejar de reclamarle al Grupo Octubre que cumpla con su obligación de
garantizar salarios y condiciones de trabajo dignas, es la perversa maniobra
para silenciarnos del gobierno que encabeza Mauricio Macri, a quien pedimos que
aprenda a respetar a todas las voces que garantizamos el derecho a la
información de la sociedad.
Asamblea de Trabajadores de Página/12, 7 de
septiembre de 2017
Fuente: Sipreba