Gianfranco Macrì, Marcos Peña Braun, Marcelo
Mindlin, Nicky Caputo, Pablo Clusellas.
N.R. de Utophia.- Comencé a distribuir la nota "Blanqueame
que me gusta" sobre el blanqueo de Macri y sus funcionarios basada en la
denuncia de Verbitsky en el diario Página 12, y Facebook me bloqueó la acción
de publicar en grupos hasta el día Jueves a las 9,12 hs. aduciendo que lo hacen
para protegerse por la publicación de algunos contenidos. Me suena como a
censura y me siento como si fuera Cuba con el bloqueo.
BLANQUEAME QUE ME GUSTA
Si creías que con conocer las offshore del
presidente Macri, sus préstamos truchos a Caputo y al intendente de Lanús
Grindetti, el curro de Arribas con Odebrecht, la plata de la Fundación de
Michetti, estabas errado. Enteráte ahora de la fuga de capitales y del blanqueo
de Macri, Peña Braun, Caputo y Mindlin.
Gianfrancamente hablando
Por Horacio Verbitsky
Un hermano de Macrì, un primo de Peña Braun, el
hermano de la vida Nicky Caputo, el alegado comprador de la empresa familiar,
Marcelo Mindlin, un cuñado de Clusellas blanquearon 132 millones de dólares.
Gianfranco Macrì blanqueó cinco veces más de lo que declaró Maurizio. El fiscal
investiga la omisión maliciosa en la declaración jurada presidencial. La burda
respuesta de un mercenario a la investigación sobre los bienes presidenciales.
Familiares, amigos y asociados del presidente,
de su jefe de gabinete y de su secretario Legal y Técnico ocupan lugares
destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no
declarados. Entre ellos figuran el hermano y socio presidencial, Gianfranco
Macrì, el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun;
el socio y amigo de Macrì, Nicolás Caputo; el emprendedor Marcelo Mindlin,
quien el mes pasado anunció que compraba la constructora de la familia
presidencial, hasta entonces en manos del primo Ángelo Testaferra y un cuñado
del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín.
A la cabeza de esa nómina de allegados figura
Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44
millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado
por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco
Macrì, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco
integra los directorios de varias empresas familiares. Nicky Caputo, a quien
Macrì describe como hermano de la vida, socio en la primera empresa que inició
aparte del holding familiar (Mirgor, fabricante de aire acondicionado para
automotores), testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia,
blanqueó 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares. La fortuna de
Caputo creció como contratista de obras públicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el gobierno de Macrì y de la Nación desde que asumió la
presidencia (con otra empresa que no lleva su nombre, para simular que se
cumple la promesa de ambos de que no volvería a contratar con el Estado.
Intentaron engañar a la aliada revoltosa Elisa Carrió, que exigió excluir a los
contratistas del blanqueo, pero no les preocupó que los viera toda la sociedad,
que es más incrédula). Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de gabinete,
blanqueó 109 millones de pesos, o 6,2 millones de dólares. El secretario Legal
y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, es una pieza
fundamental del universo macrista. Compañero de Macrì desde la primaria,
abogado y directivo de SOCMA, no sólo es el último filtro antes de la firma
presidencial. También fue quien organizó el fideicomiso opaco, a cuyo frente
quedó José María Fernández Ferrari, el socio del escribano general del
gobierno, Carlos D’Alessio, quien renunció a ese cargo para ocultar el
conflicto de intereses. Clusellas Zorraquín tiene cinco hermanos. La mayor, Susana, está casada con Manuel Lucio Torino
Ortíz, quien blanqueó 353 millones de pesos, equivalentes a 20,1 millones de
dólares. Además, Pablo Clusellas Zorraquín es revisor de cuentas del Buenos
Aires Golf Club, que preside Gianfranco Macrì.
Estos 2319 millones de pesos, o 132,5 millones
de dólares, pueden parecer una suma exigua, comparada con los 116.000 millones
de dólares que blanquearon 254.700 CUITs distintos, de acuerdo con los datos
oficiales divulgados por el ministro Nicolás Dujovne y el recaudador Alberto
Abad, de los cuales 96% corresponden a personas físicas y 4% a personas
jurídicas. Pero adquieren otra dimensión si se recuerda que Maurizio Macrì
declaró bienes por 82,6 millones de pesos, más otros 44 en el fideicomiso, en
total 126,6. Es decir que su hermano golfer blanqueó cinco veces más. Esto
ratifica la conocida práctica de la familia presidencial, que ha sido un actor
destacado en la constitución de sociedades offshore y la fuga de capitales. La
declaración jurada de Marcos Peña Braun es la más modesta del gabinete, con
600.000 pesos, pero su primo blanqueó 181 veces más. En el imprescindible libro
recién editado por el economista y doctor en historia Eduardo Basualdo
(“Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez
de Hoz a Macrì”) se afirma que la reanudación del ciclo de la valorización
financiera desde que comenzó el gobierno de Macrì ha incrementado en forma
paralela el endeudamiento externo y la fuga de capitales, dos paralelas que se
tocan en los grandes bancos transnacionales, que gestionan tanto la deuda como
la fuga, y que tienen a varios de sus operadores en el gobierno. Que casi la
mitad de los bienes declarados por los miembros del gabinete nacional estén
fuera del país ratifica este perfil estructural del atraso argentino. Hoy esas
tenencias son legales, como las de todos quienes figuran en el cuadro, porque
el blanqueo perdonó los delitos que habían cometido, aunque no su memoria. Esa
autoamnistía fue tan o más importante para el gobierno que la recaudación
lograda, equivalente a un mes de recaudación impositiva, que dio un breve
respiro a las castigadas cuentas públicas, con un déficit que supera al del tan
denostado gobierno anterior. Lo que se fuga, sostiene Basualdo, no es el
consumo de los sectores de altos ingresos, que nunca se han privado de nada,
sino la inversión, lo cual refuerza la transferencia de ingresos en contra de
los trabajadores y la desindustrialización. ¿Qué inversiones externas pueden
esperarse en un país cuyas elites, ahora en el poder, funcionan como
exportadoras netas de capital, como Angela Merkel le recordó a Macrì?
La clase alta va al paraíso
El blanqueo de capitales fue la respuesta
oficial a la publicación de los Panama Papers, que revelaron la existencia de
empresas del presidente en guaridas fiscales, que no habían sido declaradas
bajo juramento a las autoridades tributarias.
La lucha contra esos santuarios ha sido declarada prioritaria por la
OCDE. El blanqueo fue camuflado dentro de una ley ómnibus que incluía presuntas
mejoras para los jubilados y ninguna restricción para que pudieran aspirar a
ese perdón los familiares de funcionarios ni los contratistas de obras
públicas. Se trató del blanqueo más exitoso de la historia argentina y uno de los
más importantes del mundo. Pero fue diseñado a la medida de los blanqueadores,
no del Estado. El informe de cierre de la AFIP, divulgado en abril de este año,
consigna que el 80 por ciento de los bienes blanqueados estaban, y siguen
estando en el exterior, ya que la ley obligaba a exteriorizarlos pero no a
traerlos de vuelta al país. Las estimaciones de los especialistas en la materia
son que luego del blanqueo quedan más de 250.000 millones de dólares de
argentinos en la clandestinidad fiscal.
El entonces ministro de Hacienda y Finanzas,
Alfonso de Prat Gay, comenzó afirmando que los funcionarios públicos podrían
acogerse al indulto, Carrió hizo saber en público que sólo lo aceptaría si
excluyera a funcionarios públicos y a empresarios que hicieron negocios con el
Estado, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof dijo que se trataba de una
autoamnistía. De Prat Gay volvió a la actividad profesional, que incluye el
asesoramiento sobre el manejo de fondos de grandes evasores, como la familia
Fortabat, que estaba en el listado Falciani del HSBC y tiene tres miembros en
la nómina del blanqueo; Carrió apuntó hacia otros blancos menos sensibles para
el gobierno; Kicillof acertó al suyo. La primera concesión oficial fue excluir
del blanqueo a una lista restringida de funcionarios, aquellos que están
obligados a presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Luego, debió extender la veda a un gran número de funcionarios de los tres
poderes del Estado y de los tres niveles de la administración pública,
nacional, provinciales y municipales. Pero fue inflexible en el grado de
consanguinidad admisible. El dictamen de minoría del Frente para la Victoria
hubiera impedido blanquear a quienes “ejerzan o hayan ejercido la función
pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
afinidad ascendente o descendente”. Esto incluiría a los principales miembros
de la Prima Famiglia. Una vez aprobada
la ley, los impedimentos remanentes para familiares fueron levantados por
decreto presidencial.
Respecto de Gianfranco Macrì y Tomás Peña Braun,
aún sin el decreto rectificatorio hubieran podido presentarse al blanqueo, dado
que la prohibición alcanzaba a padres, hijxs y esposxs pero no a hermanxs. Pese
a todos los intentos de la oposición, el gobierno fue inflexible en mantener la
puerta abierta para “quienes participaron en licitaciones y contrataciones
públicas, concesionarios de servicios públicos, juegos de azar, etc. Muchos de
estos se encuentran seriamente comprometidos en maniobras fraudulentas que la
justicia investiga”, según el dictamen en minoría de las diputadas Margarita
Stolbizer y Alicia Ciciliani, que impugnó la ley porque “canalizará el blanqueo
de bienes fruto de la evasión y de la corrupción”. En este punto, el Frente para
la Victoria coincidió con el gobierno y Stolbizer no volvió a tocar el tema una
vez que sus temores se concretaron.
El proyecto protegía con los dos años de prisión
del artículo 157 del Código Penal “el más absoluto secreto” de toda la
información obtenida. La obligación de guardarlo no comprendía solo a los
funcionarios intervinientes sino a cualquier tercero que divulgue o reproduzca
“documentación o información de cualquier modo relacionada con las
declaraciones voluntarias y excepcionales” de los blanqueadores. A la prisión
añadía “una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados”.
Escribí entonces que “si un periodista contara que Nicky Caputo se propone
blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría
detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares”.
Sólo me equivoqué en el monto que el amigo del alma se proponía blanquear. Las
críticas fueron tantas y tan fuertes que el dictamen de mayoría excluyó a los
periodistas y medios de comunicación del castigo por informar sobre la evasión
fiscal. Sin ese cambio, esta nota hubiera constituido un delito penal. Pero
hasta llegar a ese punto, el gobierno minimizó la cuestión y reivindicó el
sigilo, para lo cual recurrió a razonamientos falaces. El presidente explicó
que “hay actos que son públicos y otros que no lo son” y que es preciso
“respetar la privacidad de las personas” (sic). Para el jefe de gabinete Peña
Braun la norma no iba contra los periodistas, “tiene que ver con el secreto fiscal,
con el mismo espíritu que está en el Código Penal”. Para los diputados
oficialistas Pablo Tonelli (Unión PRO) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica
Libertadora, ahora colaborador de Peña Braun en la jefatura) desde 1978 la ley
11.683 establece el más absoluto secreto de la información tributaria y
extiende la responsabilidad de guardarlo a “los terceros que divulguen o
reproduzcan dichas informaciones”.
No es cierto. Aquel decreto mal llamado ley
establecía esa restricción, pero fue modificado en democracia por el presidente
Carlos Menem mediante el decreto de necesidad y urgencia 606, convalidado luego
por el Congreso. En consecuencia, desde 1999 el artículo 101 de la ley de
procedimiento tributario establece que “no están alcanzados por el secreto fiscal
los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la
falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes (…) y al
nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las
denuncias penales”. Es decir que hasta la sanción de esta ley, el delito no
estaba protegido. Esto es lo que Macrì engloba como si fuera lo más natural del
mundo dentro de la privacidad de las personas, que no debería ser expuesta al
público, lo cual dice mucho sobre su conducta privada en relación con el
interés público. El proyecto regresó al decreto de Videla, abriendo una ventana
de oportunidad para el periodismo, por la que nos asomamos en esta nota. Esto
es coherente con el interés propio del gobierno de las grandes empresas en el
blanqueo de capitales ocultos y la amnistía para las deudas previsionales y
aduaneras.
Requerimiento fiscal
El fiscal federal Ramiro González requirió al
juez Marcelo Martínez de Giorgi que pida informes al registro de la propiedad
de la provincia de Buenos Aires sobre las parcelas de 32,5 y 17,3 hectáreas en
Bella Vista, que el presidente no incluyó en su declaración jurada. La
desmentida que según el diario Clarín el presidente Maurizio Macrì encargó a un
vocero sin cargo oficial genera más dudas que certezas. La velocidad de la
respuesta en los medios del Grupo Clarín mide la inquietud del gobierno por la
revelación. La nota de PáginaI12 fue citada por el diputado nacional Rodolfo
Tailhade quien denunció al presidente por omisión maliciosa. El vocero
presidencial sin cargo sostuvo que Macrì vendió esos lotes antes de asumir como
jefe de gobierno de la Capital. Ese es el año en el que la exposa de Macrì,
Isabel Menditeguy, embargó la parte del campo que pertenecía a su consorte. El
embargo fue levantado en noviembre de ese año.
El vocero reconoce que la Agencia de Recaudación
Bonaerense emitió la boleta del impuesto inmobiliario a nombre del presidente,
cuyo facsímil se publicó aquí, pero pretende que eso “no significa en absoluto
que ese terreno sea de su propiedad”. La explicación de esa incongruencia sería
“una sutileza técnica” que el presidente se abstiene de explicar. También hace
silencio sobre algo más importante: la minuta de inscripción de la
“adjudicación de inmuebles por subdivisión de condominio” en el Registro
bonaerense de la Propiedad, fue registrada el 13 de julio de este año, no de
2007. Allí se afirma que los adquirentes en partes iguales son el presidente,
casado en terceras nupcias con Juliana Awada, y su hermano Gianfranco Macrì,
casado con Eliana Badessich. Lo mismo dice el Catastro provincial. Si la
Agencia de Recaudación puede tener su registro desactualizado, al estilo de las
compañías prestadoras de servicios que continúan enviando su facturación de
electricidad o gas a nombre del propietario anterior de un inmueble, nada de
eso es posible con el Registro de la Propiedad, donde la inscripción debe
coincidir con la realidad. Por otra parte, la información suministrada por el
vocero presidencial no obtuvo confirmación de Emprendimientos Inmobiliarios de
Interés Común (Eidico), que construyó y vendió en las tierras de Macrì el
barrio privado Buenos Aires Village. Su gerente general, Mateo María Salinas,
es el apoderado de Macrì en la escritura por subdivisión de condominio. Su presidente,
Jorge O’Reilly Lanusse, respondió una serie de preguntas sobre el sistema que
utiliza y aclaró que los ocupantes de las casas tienen cada uno su título de
propiedad. Es claro que el mismo terreno no puede tener dos propietarios
distintos en forma simultánea. De modo que Macrì tiene la posesión del lote,
como indican el registro de la propiedad y la agencia de recaudación
bonaerense, o el dinero que percibió por su venta. Al llegar a este punto,
O’Reilly cortó el contacto y no respondió más. Pero tampoco avaló la versión
presidencial, que fue difundida hace hoy una semana.
Para la Agencia de Recaudación bonaerense, la
valuación fiscal de ese predio es al presente de 122 millones de pesos. Otra
boleta emitida a nombre de Maurizio Macrì por una parcela contigua, suma otros
11,6 millones de pesos de valuación fiscal. En total 133 millones de pesos, lo
cual supera la suma de los bienes declarados bajo juramento por el presidente,
más los depositados en el fideicomiso opaco. La minuta de inscripción de la
división del condominio consigna además de la valuación fiscal el valor al acto
del predio, que asciende a 477 millones de pesos. La valuación al acto se
utiliza para calcular las tasas fiscales y los tributos a la herencia. Es
siempre superior a la valuación fiscal pero inferior al valor venal o de
mercado de la propiedad. Según el descargo del vocero presidencial la venta a
la desarrolladora Eidico se realizó por un millón de dólares, que fue
transferido en pesos a la caja de ahorro de Macrì en el Banco Galicia. El 13 de
julio de este año, esa suma equivalía a 17,6 millones de pesos actuales.
Cualquiera haya sido el origen del millón de dólares mencionado en el descargo
presidencial, su traducción a pesos es siete veces menor que el valor real a la
cotización actual.
Fuente: Página 12
