N.R. de Utophia.- Por qué en Lanús la inseguridad, la droga, la
violencia se ha instaurado de una manera desvergonzada. La pregunta parece
tener la respuesta en el prontuario que
ostentan los funcionarios que gobiernan nuestro municipio: el intendente Néstor
Grindetti, cajero del presidente Macri, que tuvo una orden de captura
internacional y denunciado como delincuente por la diputada Carrió; el
secretario de Seguridad, Diego Kravetz, asaltante a plomo y fuego de un comedero repleto de chicos, y secuestrador de un niño (el Polaquito) para ser utilizado como víctima indefensa por la trituradora de carne de pobres e indefensos, en que se han convertido los medios de comunicación, y el subsecretario de Seguridad Daniel
Villoldo, exonerado de la policía en 2005 por la desaparición de 200 kilos de
cocaína, y denunciado, cuando no, por la bruja
Carrió.
LA MANO DERECHA DE KRAVETZ
El Movimiento de Trabajadores Excluidos encontró
la pista en la chapa de la Amarok que aparece en la nota al Polaquito y que
pertenece al funcionario Daniel Villoldo. En un documento, denuncian que eso
prueba el armado de la nota “espontánea” con el chico de once años.
Villoldo, jubilado de apuro en 2005 por la
desaparición de 200 kilos de cocaína, funcionario reciclado por Kravetz y dueño
de la camioneta televisiva.
Villoldo, jubilado de apuro en 2005 por la
desaparición de 200 kilos de cocaína, funcionario reciclado por Kravetz y dueño
de la camioneta televisiva.
Una pieza clave del montaje que Canal 13
presentó hace una semana como una entrevista espontánea a un niño de once años,
que se adjudicaba la comisión de graves delitos, es un ex policía bonaerense
exonerado en 2005 por el entonces ministro León Arslanian y denunciado hace dos
meses nada menos que por la diputada Elisa Carrió como actor central de una red
policial-judicial-política que garantiza cobertura e impunidad a redes
delictivas en Lanús y Lomas de Zamora. Se trata del ex comisario inspector
Daniel Alberto Villoldo, actual subsecretario de Seguridad de Lanús, mano
derecha de Diego Kravetz y dueño de la camioneta VW Amarok patente JQW419 sobre
la que se apoyaba el cronista de Periodismo Para Todos (PPT) mientras le hacía
preguntas al chico. El dato lo descubrió el Movimiento de Trabajadores Excluidos
(MTE), que denunció a Villoldo como presunto jefe de un grupo parapolicial que
el día anterior secuestró al menor para extorsionarlo y que ya lo había
denunciado en 2010 como la cabeza de una red de trata de personas. Kravetz y
Villoldo fueron también quienes el 30 de marzo respaldaron con su presencia al
comisario inspector Marcelo González en el operativo que según Carrió exhibió
“la brutalidad policial en toda su dimensión”, cuando más de veinte policías
entraron con armas de fuego y tiraron gas pimienta en un comedor de Villa
Diamante donde había ochenta niños.
Leer más: La Defensoría del Público cuestionó al programa Periodismo para todos | “No se adaptan a las normas”
El programa que conduce Jorge Lanata difundió un
informe en el que un niño a quien presentan como “El Polaquito”, que en teoría
apareció espontáneamente mientras hacían una nota sobre un robo a un jardín de
infantes de Villa Caraza, aseguró haber matado a “un transa” y baleado a un
hombre que quiso robarle un botín. El MTE que encabeza Juan Grabois denunció de
inmediato que se trató de un show armado entre funcionarios de Seguridad del
municipio que encabeza Néstor Grindetti, de Cambiemos, y el programa de Canal
13. “El niño no estaba de casualidad en lugar”, le advirtió Grabois a Lanata durante
una entrevista por Radio Mitre, en la que denunció que el chico fue víctima de
un “amedrentamiento por parte de agentes de la policía local y personal de
civil”. Kravetz “le entregó al menor, no se haga el tonto”, le pidió al
periodista Rolando Barbano, protagonista del diálogo. “¿Cómo llega el menor
ahí? A partir de que la policía local se lo hace llegar a su producción. ¿Qué,
apareció alegremente y usted vio a un pibito que dijo quiere hablar?”, lo
increpó. “Sí, lo tengo filmado haciendo eso”, fue la respuesta.
“En ningún momento sostuvimos que el niño llegó
o se fue en un patrullero ese día. Sabemos que la coacción fue previa. Ponen
esa versión en nuestra boca también para desacreditar la denuncia”, advierte el
MTE en un documento que difundirá hoy, titulado “Hechos, delitos e ideas en
torno a un caso de violación alevosa de los derechos del niño”. “Tampoco
conocemos con exactitud el grado de conocimiento o participación que la
producción y periodistas de PPT pudieran tener en las circunstancias anteriores
a la nota, aunque cuanto menos la documentación confidencial del niño no pudo
haber sido obtenida por medios legales”, advierte la organización, y agrega que
“existieron contactos previos con las autoridades del área de seguridad que son
indicativas de cierta connivencia”.
El documento del MTE, que forma parte de la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), señala a
funcionarios de Lanús y policías bonaerenses “por coaccionar al niño el día
anterior a la entrevista dentro de un vehículo marca Corsa”, uno de los tres
que usarían habitualmente hombres de confianza de Villoldo. “Desconocemos la
identidad de los adultos que estaban dentro del patrullero”, apuntan antes de
reclamar una investigación judicial seria y advertir sobre “la impunidad que
suelen gozar los poderosos en la Argentina”. “Tenemos elementos suficientes
para sostener que existió participación en los hechos de un grupo parapolicial
que opera en Lanús” comandado por Villoldo, afirman. Recuerdan que lo denunciaron
en 2010 como responsable de cuatro prostíbulos en Lomas de Zamora y que la
diputada Carrió lo denunció en mayo “por su participación en el entramado de
corrupción de La Salada”.
La denuncia de la líder de la Coalición Cívica
remarcó que Villoldo fue dado de baja en la Municipalidad de Estéban Echeverría
y pasado a retiro obligatorio en 2005 “luego de una inexplicable ‘desaparición’
de casi 200 kilos de cocaína que se encontraban bajo su custodia”. Destaca que
“se lo vincula insistentemente con la explotación de prostíbulos” y relativiza
que no esté acreditado en expedientes porque “contaría con cobertura judicial”.
“Sus relaciones con piratas del asfalto y dueños de boliches en infracción
(Bailable Kla-A) son un secreto a voces en Lanús”, relató Carrió, socia del Pro
y la UCR en Cambiemos.
Los antecedentes de Villoldo no le impidieron
hacer carrera en el municipio que encabeza el ex hombre del Grupo Socma y luego
ministro de Hacienda de Mauricio Macri en la ciudad. El 9 de diciembre de 2015,
por decreto 3122, Grindetti lo designó a cargo de la Subsecretaría de
Videovigilancia, Sistemas y Comunicaciones, clave para obtener y filtrar a la
prensa amiga imágenes de las cámaras de seguridad como las que usó Canal 13
para ilustrar su informe. Llamativamente, el decreto omitió su primer nombre y
optó por asentar “Alberto Villoldo”, detalle útil para despistar a quienes
quisieran indagar sobre su pasado. El 19 de enero de 2016, por otro decreto,
asumió como Subsecretario de Seguridad, cargo en el que se mantiene a dos meses
de la denuncia de Carrió. Según el portal Real Politik, Villoldo cobra 36 mil
pesos, tiene tres propiedades en la provincia, se mueve en cuatro autos y usa
cuatro celulares. Su esposa Cristina Germán tiene un puesto en la Dirección
General de Cultura y Educación, y cobra 44 mil pesos. Carrió menciona el
nombramiento de su “joven abogada hija” como auxiliar letrada del juez Esteban
Baccini como prueba de “la conexión judicial, política y policial en zona sur”.
Cruzar los límites
El documento del MTE denuncia a Lanata y a la
productora ARTEAR de “infringir alevosamente” las leyes de Servicios de
Comunicación Audiovisual, de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, y los pactos internacionales que los protegen. “La ilegalidad
es manifiesta y no dudamos que las actuaciones finalicen con las
correspondientes sanciones tal como establece la legislación vigente”, se
esperanza la organización de Grabois, quien decidió no hacer declaraciones
hasta el 7 de agosto cuando el MTE realice su Marcha por Tierra, Techo y
Trabajo.
La responsabilidad de Lanata “es ni más ni menos
que el uso ilegal de la imagen del niño”, recuerda. Evita explayarse sobre las
motivaciones del conductor (“imponer cierta ideología para intervenir en un debate
social y criminalizar a los pibes pobres que están sufriendo, y obviamente
después echarle la culpa a las organizaciones sociales, cuando ustedes son un
ladrillo claro en el muro de exclusión de esta sociedad”, le dijo en la radio)
y admite conocer “las represalias siempre latentes cuando enfrentamos el
poder”. “Nuestros dirigentes y organizaciones de base sufrirán el escarnio”,
anticipa el MTE, y enfatiza que la emisión de PPT “cruzó los límites”. “El
respeto a ley no puede depender de la audiencia de un programa o la popularidad
de su conductor. Muy por lo contrario, cuando son figuras públicas, poderosas y
de gran influencia las que desconocen los límites de la legalidad en forma
ostensible para lograr sus objetivos, el daño a la sociedad democrática es
enorme”, destaca.
A los funcionarios que participaron del montaje
televisivo el MTE los acusa de infligir la ley penal juvenil bonaerense porque
“lejos de proteger (al niño) como corresponde a su función pública, cuanto
menos lo expusieron al interrogatorio”. En el caso de Kravetz, además de su
presencia en la calle al servicio de Canal 13, señala que divulgó el nombre de
pila del chico en un programa del canal América y “reivindicó su conducta por
considerar que ‘aportaba al debate’ sobre la baja de la edad de imputabilidad y
la necesidad de ‘reconolizar’ el territorio”.
El último capítulo del espectáculo montado
alrededor de la figura de “El Polaquito” comenzó el jueves, cuando trascendió
que un juzgado de menores había ordenado la internación del niño, y expuso una
vez más a Kravetz en TV sugiriendo que no lo podían encontrar, cuando en
realidad estaba al fin a resguardo de funcionarios de minoridad. “Es bochornoso
que con posterioridad al escándalo se hayan filtrado las resoluciones de un
juzgado de familia en el marco de un expediente reservado”, advierte el MTE al
recordar “los incansables esfuerzos” de Fernanda, la madre, que había pedido
mucho antes su internación. “Siempre había una excusa: nunca había vacantes, no
había condiciones”, apuntó. El jueves, sin embargo, la resolución judicial de
internarlo “derivó en la intempestiva, espasmódica y efectista presencia
policial, municipal y televisiva en el domicilio de la abuela del niño”, hasta
donde llegaron cronistas de América mientras Kravetz salía al aire.
Los funcionarios de niñez de la provincia, que
debían hacer efectiva la orden judicial, “conocieron en todo momento el
paradero del niño y su madre, alojados en un lugar seguro y confidencial, al
resguardo de represalias e intromisiones en su intimidad”, aclara el MTE, que
pide a los medios de comunicación “que respeten esta necesaria
confidencialidad” y a los organismos del Estado “que eviten filtraciones”. “A
partir de que el área de niñez tomó el control de la situación desplazando a la
Secretaría de Seguridad (de Lanús), las cosas se encaminaron un tanto mejor.
Sin embargo, es evidente la falta de herramientas, recursos y capacitación de
los organismos públicos para abordar estas situaciones”, destaca.
Fuente: Página 12
