Por Alfredo Zaiat
Días antes de la publicación del Índice de
Precios al Consumidor, el Gobierno empezó a difundir que el indicador de mayo
iba a marcar una cifra más baja que el consenso de consultoras y centros de
estudios de gremios. Así fue. El Indec de Macri asumió como política
institucional no oficial adelantar al Poder Ejecutivo el resultado de variables
claves. De esa forma la Jefatura de Gabinete está avisada para preparar el
instructivo de propaganda gubernamental que distribuye entre funcionarios y
voceros oficiosos. Esa relación brumosa entre el organismo encargado de
producir estadísticas públicas y el gobierno quedó otra vez en evidencia con
las cifras de desocupación. El presidente Macri estaba informado de los pésimos
datos de empleo del primer trimestre, que dos días después difundiera el Indec,
cuando arremetió contra el derecho de los trabajadores de defenderse de
injusticias patronales en el fuero laboral. Para distraer aún más de la
cuestión relevante, cruzó límites de la convivencia democrática y soltó una
agresión directa contra el jefe de la principal bancada de la oposición,
diputado y abogado laboralista Héctor Recalde. Lo cierto es que
independientemente de la campaña de confusión, del ocultamiento de información
en grandes medios adictos y de la persecución política a opositores, el
gobierno de Macri elevó los índices de desempleo y de subocupación al nivel más
alto desde 2007 para los primeros tres meses del año.
La estrategia oficial para desentenderse del
impacto negativo de su política económica en el mercado laboral es afirmar que
el aumento de la desocupación es por culpa de los trabajadores, abogados y
jueces del fuero laboral que fallan contra las empresas, lo que desalentaría la
creación de empleo. La mayoría de las cámaras patronales actuó de red de apoyo
a esa causa oficial. Lo hicieron con declaraciones contra lo que denominan
“industria del juicio”, informes detallando casos que por demandas de
trabajadores pymes están obligadas a cerrar, discursos que acusan a
trabajadores que defienden sus derechos de ser los responsables de la pérdida
de competitividad de la producción nacional.
Además de conseguir que el alza de la
desocupación sea minimizada por gran parte de los medios (Clarín ni la mencionó
en la tapa), el Gobierno busca que el debate acerca del acelerado deterioro del
mercado de trabajo sea orientado hacia la polémica de los juicios laborales.
Así desplaza la causa principal que provocó el fuerte aumento del desempleo: la
batería de medidas regresivas que derivó en recesión y posterior estancamiento
de la economía.
Las pymes están quebrando por el derrumbe del
mercado interno; no por los juicios laborales. La prueba es que en los años
dominados por la bestia del populismo hubo expansión de pymes con este mismo
contexto del fuero laboral. Esto no significa que lo que es considerado la
“industria del juicio” necesite un abordaje riguroso y sin prejuicio de clase,
pero un gobierno de y para los ricos no está en condiciones de realizar esa
tarea con criterio de equidad, seriedad técnica y respeto por la legalidad.
Combo
Subieron el desempleo y la subocupación, bajó el
empleo y retrocedió el salario en términos reales. Es un combo que define una
crisis del mercado laboral. Otra interpretación de esta crítica situación
sociolaboral sólo puede atribuirse a una deliberada decisión de distraer. La
pasividad de la conducción de la CGT ante ese cuadro de desmejora de los
trabajadores y de avanzada de entidades empresarias contra derechos laborales
convoca a sospechar de la existencia de una turbia comunión de intereses. Sin
buscar razones ocultas, puede ser la exteriorización simplemente de una
confluencia política de respaldo a un gobierno neoliberal o a opciones
políticas que no difieren en mucho de los actuales lineamientos económicos.
Esta alianza está teniendo consecuencias
negativas en las condiciones laborales y de ingresos de gran parte de los
trabajadores. El Ministerio de Trabajo publica en el Boletín de Estadísticas
Laborales los convenios colectivos rubricados. De esos acuerdos paritarios
surge una caída del salario real (en relación al IPC-CABA) en casi todos los
sectores, entre diciembre de 2015 y 2016. En algunos casos, ese retroceso
superó el 13 por ciento, como en Gastronómicos, Calzado y Vidrio.
El documento “¿Cómo preservar el poder
adquisitivo de los salarios en las paritarias 2017?”, elaborado por el Centro
de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San
Martín, analiza la cláusula gatillo incorporada en varias negociaciones
paritarias de este año. Esa cobertura no necesariamente permitirá mejorar el
poder adquisitivo del salario. Para los autores de ese informe, “si por las
cláusulas gatillo, si en algún momento el aumento salarial acordado fuera
equivalente al incremento acumulado del nivel de precios, es posible que se
logre sostener el poder adquisitivo durante 2017, pero en ningún caso se
recuperará la capacidad de compra raleada en 2016”.
Rencor
En un discurso descolgado del contexto, cuando
le tomó la jura al nuevo canciller, Jorge Faurie, el presidente Macri acusó a
Héctor Recalde de liderar la mafia de estudios de abogados laboralistas y
jueces. Para que no quedaran dudas del destinatario dijo: “Hay que enfrentar la
mafia de los juicios laborales. Enfrentarlo y terminarlo porque destruye la
generación de empleo futuro. Este grupo de estudios laboralistas –que por
suerte son una minoría–, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas
conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina”. La psicología
tiene una definición muy precisa para ese desborde y obsesión presidencial
hablando de mafias.
Recalde interpretó la agresión presidencial a un
viejo rencor debido a que le ganó una querella por prácticas antisindicales
cuando Macri era titular del Correo Argentina SA. Se trata del juicio “Jerez,
Víctor c/ Correo Argentino SA s/Práctica Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39,
CNAT S.III. El litigio se originó por las presiones ejercidas contra
trabajadores para que se desafilien del sindicato. En primera instancia y luego
de la apelación en la Cámara, el Correo de Macri fue condenado y tuvo que pagar
una multa de 300 mil pesos, equivalente en ese año a 300 mil dólares.
El artículo “Carta Abierta a los trabajadores”
que publicó el domingo pasado en el suplemento económico Cash, Recalde detalló
cada una de las iniciativas oficiales para recortar y hasta eliminar derechos
laborales. Precisa que el gobierno no quiere paritarias libres para beneficiar
a las empresas, bajando el costo laboral y aumentando la rentabilidad; indica
que no ha convocado la paritaria nacional docente para acordar el salario
mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las provincias pese a que
la ley obliga al Estado Nacional a hacerlo y a que una sentencia judicial lo
ordenó; menciona que a través del Ministerio de Trabajo determinó un techo
salarial para las paritarias 2017, que no sólo es inferior a la inflación
proyectada, sino que no recupera la pérdida del poder adquisitivo del 2016,
como se mencionó arriba; destaca que quieren limitar el aumento de los salarios
al crecimiento de la productividad, lo que impediría mejorar la distribución
del ingreso consolidando un reparto inequitativo de la riqueza; advierte que la
pretensión oficial es limitar las paritarias por actividad para impulsarlas por
empresa; señala que buscan disminuir o eliminar la actual indemnización por
despidos, reemplazándola por un esquema donde los trabajadores financien su
salida de la empresa aportando a cuentas individuales de capitalización y
retirando “su ahorro” cuando pierden el empleo; indica que el presidente Macri
elogió la flexibilización laboral al anunciar un plan para la industria
automotriz, que significa contratos basura, sin estabilidad ni indemnización,
salarios reducidos y el cese de la ultraactividad de los convenios; rescata
declaraciones del Presidente donde expresa su deseo de que haya jornadas
flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábado y domingos y francos a mitad de
la semana y sin derecho a cobrar horas extras; y, finalmente, denuncia que el
gobierno ataca a la Justicia Laboral, persigue a los jueces que aplican la ley
y protegen los derechos laborales y que tiene el proyecto de eliminar la
Justicia Nacional del Trabajo para transformarla en una justicia municipal en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La política antiobrera desplegada en casi 20
meses de gestión revela la existencia de una línea de conducta inalterable que
va del Macri empresario al Macri presidente de la Nación. Continuidad que no
oculta que tiene identificado a quien considera el enemigo a debilitar.
