Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
La semana pasada, durante la presentación de mi
libro más reciente, hablaba de la manera cómo los medios de comunicación
haciendo uso de la “postverdad” generan escenarios de conflicto, y le dan
connotaciones distintas acorde a los intereses imperiales. A continuación los
afanes políticos oligárquicos asociados con los poderes transnacionales
manipulan los deseos de la ciudadanía a favor de oscuros beneficios de grupos
que se mantienen en la sombra y que son los verdaderos usufructuarios de las
acciones derivadas de las situaciones creadas. Reviso la prensa y encuentro
-por ejemplo- estas tres noticias:
1.
“Los agentes policiales usaron armas de fuego en la Explanada de los
Ministerios para dispersar a los manifestantes. Al menos 49 personas resultaron
heridas este miércoles (…), tras recibir disparos por parte de la policía,
informaron medios locales. Los manifestantes se hallaban en la Explanada de los
Ministerios en el marco de las protestas (…) cuando los policías comenzaron a
disparar contra ellos. Medios locales refieren que los manifestantes rompieron
ventanas y atacaron los edificios en la explanada. El presidente ordenó este
miércoles enviar a las Fuerzas Federales a las calles (…) durante una semana.
Según decreto presidencial quedó `… autorizado el empleo de las Fuerzas Armadas
para garantizar la ley y el orden en el Distrito Federal en el periodo del 24
al 31 de mayo de 2017´. Los manifestantes marcharon hacia el palacio
presidencial para exigir la renuncia del presidente y exigir elecciones
directas inmediatas, pero la Policía los dispersó con bombas lacrimógenas”.
2.
“Una de las promesas de la campaña (…) fue no volver a convocar la Ley
Antiterrorista. Pero tras la quema de siete camiones durante la noche de ayer,
el Ministerio Público decidió acudir a la polémica medida para investigar los
hechos. La información, fue confirmada por el gobernador de la provincia (…).
Ayer, siete camiones resultaron quemados, (…) uno de los ataques fue a un
camión de la empresa Transol, que transportaba gas propano y butano. En el
lugar se habría encontrado un lienzo que decía: `(…) No más represión y
justicia contra nuestra lamngen, libertad a los presos políticos´. La pancarta
hacía alusión a tres polémicos casos de violencia: La estudiante Fabiola
Antiqueo Toro, quien perdió su ojo izquierdo tras el impacto de una bomba
lacrimógena lanzada por la policía; Lorenza Cayuhán, quien dio a luz engrillada
a su pequeña hija Sayén; y Macarena Valdés, muerta en extrañas circunstancias
mientras lideraba la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en
Tranguil”.
3.
“El Gobierno (…) decretó un toque de queda y mantiene militarizada la
comunidad de Buenaventura, frente a las protestas y disturbios que se han
generado desde el viernes. Luego de celebrar un Consejo de Seguridad en
Buenaventura, las autoridades confirmaron que el toque de queda comprendido
entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana (hora local) se mantendrá
por tiempo indefinido, con el objetivo de evitar saqueos y preservar el orden
público. La Gobernadora (…), indicó que la seguridad en Buenaventura fue
reforzada con 1.500 policías y más de 700 militares, mientras que el ministro
de Medio Ambiente (…), indicó que el puerto (…) se encuentra controlado.
El funcionario, designado (…) para dialogar con
los habitantes de la región, reiteró que, ante esta situación –que ha llevado a
un paro cívico que cumple seis días– es necesario una mesa de negociación que
permita resolver los problemas que generaron este hecho. Por las acciones, que
el presidente calificó como "vandálicas", se encuentran 11 policías
heridos y 80 personas detenidas, presuntamente involucradas en los saqueos,
además de pérdidas materiales, que se cuantifican en más del equivalente a un
millón 300 mil dólares, Los habitantes de Buenaventura denuncian que en vez de
atención del Ejecutivo, reciben represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(Esmad). Los agentes del Esmad usaron gases lacrimógenos para dispersar a los
protestantes, a pesar de que en el sitio se encontraban personas de la tercera
edad y niños. “La situación se desbordó y es necesario un puente internacional
que sirva como intermediario entre fuerza pública y comunidad”, aseguró una
organización social en un comunicado en el que solicita una `acción urgente´
para resolver la situación de manera que no haya más represión”.
Lo curioso de estas informaciones es que ninguna
de ellas está referida a Venezuela como pudiera pensarse, sino a Brasil, Chile
y Colombia, países gobernados por la derecha. También resulta particular, que
las mismas, han pasado bastante inadvertidas para los medios transnacionales de
la información e incluso para la gran prensa de los países donde ocurren tales
hechos, que prefieren informar sobre Venezuela en sus primeras planas. Tampoco
sorprende, que para la OEA, tales acontecimientos no revistan la importancia
necesaria como para convocar una reunión de consulta o tan siquiera para
motivar una declaración del Secretario General. Por su parte, el gobierno de
Estados Unidos, en el caso de Brasil, se limitó a expresar su preocupación por
los hechos, “motivados en denuncias de corrupción” que involucran al presidente
de facto Michel Temer. Michael Fitzpatrick, Subsecretario Adjunto de Estado
para América del Sur (que incluye a los tres países mencionados) expresó que
“Nos preocupamos por la violencia, pedimos la calma, pero tenemos fe en las
instituciones democráticas de Brasil”.
Es evidente el impacto nocivo que genera el uso
interesado de los conceptos cuando por ejemplo, se le llama dictadura al
gobierno del presidente electo de Venezuela, mientras que por el contrario se
le da esa potestad al gobernante de facto de Brasil, o cuando se justifica como
normal que en ese país, la policía use armas de fuego para dispersar a
manifestantes que no agredían a la autoridad, al mismo tiempo que se tilda como
represión a la respuesta con armas no letales en el marco de la ley de la
policía venezolana para repeler ataques directos de grupos terroristas que
utilizan indumentaria y armamento de combate en su accionar político. De la
misma manera, la militarización y el toque de queda de una importante región de
Colombia es minimizado frente a la generalización y sobre exposición de la
violencia en Venezuela, en una situación que afecta solo a 19 de los 333
municipios del país, precisamente aquellos que son gobernados por la oposición.
O cuando se habla de desmanes y destrozos
causados por manifestantes en Chile o Brasil, mientras que se asume como válido
que en Venezuela los activistas opositores violentos, apliquen el terror
cotidiano a través del ataque a instalaciones públicas, incluyendo hospitales y
escuelas o impidan durante semanas el libre acceso de los ciudadanos a su
trabajo o centros de educación. En Colombia se aprecia como legítimo que las
fuerzas del orden se propongan evitar saqueos y mantener el orden público,
mientras que en Venezuela ese objetivo es demonizado por los medios. De la
misma manera, se acepta que en Colombia sea valedera buscar la vía del diálogo
y la negociación, de la misma manera que en Venezuela el camino pacífico es
rechazado y manejado como no aceptable por los medios de comunicación.
La poderosa bomba que significa la fusión de la
postverdad como falso referente de la realidad con la masificación de las redes
sociales y medios de comunicación ajenos a cualquier responsabilidad social con
la verdad está creando un instrumento muy peligroso sobre el que se fundamentan
las decisiones políticas. En la actualidad, es suficiente emitir un tweet, una
afirmación irresponsable en facebook, publicar una foto en otro contexto, lugar
y fecha para que cualquier rumor se transforme en hecho de la realidad. A
partir de ello, los ciudadanos que desconocen la veracidad de lo que escuchan,
ven o leen, toman decisiones sin fundamento ni base. Peor aún, dirigentes
políticos inescrupulosos se valen de ello para manipular sin apego alguno al
mínimo comportamiento ético y a la necesaria decencia que obliga la función
pública.
Este es el ambiente propicio para la
instrumentalización de políticas que sumergen a los individuos en una condición
de objeto inconsciente de las decisiones de otros, generalmente grupos de poder
que nunca aparecen pero que son los grandes generadores del caos y los
principales ganadores tras la manipulación de millones de ciudadanos. Los
medios de comunicación y las redes sociales hoy, son lo mismo que fueron los
marines ayer: herramienta principal de la intervención y la agresión.
sergioro07@hotmail.com
Fuente: Barómetro latinoamericano
