La imagen inmaculada de la Justicia es una
señora imparcial, con venda sobre sus ojos para fallar de acuerdo a la ley y
sin tener en cuenta la condición del acusado. Acá mira muy bien la cara del
cliente y su poder político.
Por Emilio Marín
Un ejemplo de injusticia, con neto carácter
político y de clase, se vio en Jujuy. El Tribunal que pasó para el año próximo
juicios por violaciones a los derechos humanos imputadas a militares y patrones
del Ingenio Ledesma, se abocó a juzgar a una dirigente social, Milagro Sala.
El miércoles la condenó a tres años en suspenso
por el escrache en 2009 al entonces senador Gerardo Morales, que iba a dar una
conferencia en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Hubo
huevazos y un par de vidrios rotos, sin ningún lesionado.
La defensa de la jujeña pudo demostrar que ese
tribunal había postergado juicios mucho más importantes, como el que debía
sentar en el banquillo a Carlos P. Blaquier, del ingenio. Que Sala no había
estado en el escrache. Que esa protesta había sido convocada por otras
organizaciones sociales. Y que el principal testigo de Morales era empleado
suyo en la gobernación, condición sobre la que éste había mentido para ocultar
esa relación de dependencia.
Las dos abogadas de la acusada la pasaron mal,
apremiadas por los miembros del tribunal, sobre todo su presidente, un
desconocedor de reglas elementales del derecho y los procedimientos. Peor la
pasó su defendida, condenada por un hecho donde no pudo probarse que
participara porque sencillamente no estuvo allí.
Y al día siguiente, jueves, siempre en Jujuy
pero en la justicia contravencional, la líder de la Tupac Amaru recibió una
segunda condena, con una pena a trabajos comunitarios, una sanción económica y
la prohibición de ocupar cargos en organizaciones sociales durante tres años.
¿Motivo? Haber liderado un acampe en diciembre pasado, tras la asunción de
Morales, reclamando que se mantuvieran los programas de la cooperativas de
trabajo en Jujuy. Estas entidades, sobre todo la Tupac Amaru, habían construido
miles de viviendas, escuelas, talleres, calles, piletas, campos de deportes,
etc., y querían asegurar esas conquistas para miles de jujeños.
Lejos de atender esos pedidos, el flamante
gobernador, con el apoyo de la justicia que había cambiado a gusto tras asumir,
y con la cobertura nacional de Mauricio Macri, forzó su detención con esta
criminalización del acampe. Se la mandó a prisión el 16 de enero pasado,
mientras de apuro se juntaban elementos para encartarla en otra media docena de
expedientes por delitos más graves, como corrupción, fraude al Estado, etc. Ese
poder político revanchista y esa justicia dependiente, ambos elitistas,
consiguió el récord de volver a una Navidad con presos políticos.
Disparen contra Cristina
La señora de la venda caída, para ver
perfectamente a quién condena y a quién no, dio otra cátedra de dependencia
política y lesiones al cuerpo jurídico con el fallo de Julián Ercolini contra
la ex presidenta, procesándola por supuesto fraude al Estado con la obra
pública en Santa Cruz.
El escrito de 800 páginas -la cantidad no tiene
correspondencia con la calidad- afirma que CFK orientó la obra pública para
favorecer a Lázaro Báez. Detrás de esas voluminosas adjudicaciones, sostiene la
acusación, la ex mandataria habría cobrado coimas para sí y por medio de Julio
de Vido, el secretario José F. López, etc.
Sobre la cantidad de obras, la acusada se
defendió argumentando la mayor necesidad de caminos en una provincia tan
extensa (10 por ciento del territorio nacional) y con tan poca población. Esto
no fue tenido en cuenta por Ercolini.
Respecto a las supuestas ventajas de Báez, el
ministerio de De Vido había publicado la lista de las mayores 40 contratistas
del Estado. La primera era Techint, la segunda Electroingeniería y la tercera
IECSA, de la familia Macri. Austral Construcciones ocupaba un lejano puesto 38.
Eso tampoco importó.
Los pagos de Báez a firmas de los Kirchner
supusieron apenas el 0,03 por ciento de lo ganado por aquél en los contratos.
No parece un pago adecuado a tanta presunta corrupción. O Báez era muy listo, o
los Kirchner muy tontos o tales coimas no habían existido…
Por otra parte, cuando Macri comenzó su
embestida judicial contra el kirchnerismo con el ariete de la obra pública en
Santa Cruz, encargó una auditoría a Vialidad Nacional. El dictamen dijo que no
había nada reprochable ni ilegal. No obstante, el nuevo titular de Vialidad,
macrista, desoyendo ese informe de su dependencia, hizo acusaciones temerarias
que Ercolini tomó como propias.
Tales reproches penales tienen otro punto flojo
notable. Si las licitaciones en la Patagonia eran tan direccionadas a favor de
Báez, ¿por qué los rivales perdidosos no denunciaron ante la justicia con
pruebas, para anularlas y competir en pie de igualdad?
Otro aspecto netamente político de Ercolini fue
el embargo que trabó contra la ex presidente: 10.000 millones de pesos. Se sabe
que CFK es rica y que al morir su esposo el patrimonio de ambos alcanzaba 80
millones de pesos, de los que la mitad quedó para ella y la otra mitad pasó a sus
dos hijos. Embargar por 10.000 millones persigue el objetivo de presentar a la
dos veces presidenta como la responsable de la dura situación económica del
país, cuando las causas son bien distintas y tienen que ver con el plan de
ajuste piloteado por Macri y hasta ahora Alfonso Prat-Gay, eyectado y
reemplazado por Nicolás Dujovne y Luis Caputo.
Una buena defensa que hizo Cristina cuando
empezaron las acusaciones por la obra pública, fue solicitar un estudio sobre
toda la obra pública. Su pedido tiene pocas chances porque una investigación
medianamente correcta pondría en evidencia los chanchullos de López y Báez pero
también los de Socma, Iecsa, Techint y demás socios de la Cámara de la
Construcción. Ercolini sólo mira y apunta a Cristina y Báez, y se pone venda
para no ver al gran capital.
Ni pies ni cabeza
Ese juez fue noticia cuando cerró la causa Papel
Prensa sobreseyendo definitivamente a Héctor Magnetto, Ernestina de Noble y
Bartolomé Mitre, acusados desde 2011 en su juzgado de haberse apoderado de Papel
Prensa usufructuando las amenazas (1976) y secuestro y torturas (1977) sufridas
por la familia propietaria Graiver-Papaleo.
En estos cinco años Ercolini ni siquiera aceptó
las solicitudes de la Secretaría de Derechos Humanos, de la familia afectada y
del fiscal Gómez Barbella para citar a indagatoria a los tres dueños de medios
concentrados. Y finalmente los sobreseyó. Un fiscal apeló tan vergonzoso fallo
y otro tanto la familia Papaleo, pero la secretaría de DD HH del macrista
Claudio Avruj lo consintió.
La esposa de Ercolini, María Julia Kenny, es una
consultora de comunicación que ha trabajado para Germán Garavano cuando era
funcionario macrista en la CABA y para la Unidad Especial de Fiscalía de la
AMIA, con Alberto Nisman.
Y como todo suele tener que ver con todo, el
vínculo de Ercolini y su esposa con Nisman, conecta con el otro fallo alevoso
de la justicia en vísperas del Año Nuevo. La Sala I de la Cámara de Casación
Penal resolvió reabrir la denuncia de Nisman contra la ex presidenta, Héctor Timerman,
Andrés Larroque, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y otras personas,
por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.
En enero de 2015, poco antes de morir en un
aparente caso de suicidio, el fiscal sionista había hecho tan gravísima
acusación. El 19 de enero debía dar explicaciones en la Cámara de Diputados y
estaba “flojito de papeles” toda vez que el jefe de hecho de la SIDE, “Jaime”
Stiusso, no le aportaba pruebas ni le respondía el teléfono. Y el día anterior
apareció muerto en el baño de su casa, con un tiro disparado por una pistola
pedida a Diego Lagomarsino, sin que las pericias detectaran la presencia de
otras personas.
La denuncia fue considerada disparatada por el
juez Daniel Rafecas y por la instancia superior de la Cámara Federal de Eduardo
Freiler y Jorge Ballestero. La apelación del fiscal Germán Moldes también fue
rechazada por su colega de Casación, Javier de Luca.
Una nueva movida de dirigentes de la AMIA, DAIA
y diputados del PRO para reabrir la causa volvió a chocar de frente con los
análisis jurídicos de Rafecas, la Cámara y la fiscalía. Pero en las nuevas
condiciones políticas del gobierno de Macri, Casación Penal ordenó la
reapertura. Ahora se sorteará el expediente y todo puede recomenzar, para poder
acusar a Cristina Fernández y tratar de ponerla presa, acusada injustamente de
traición a la Patria.
El Memorándum fue ley del Congreso y no se puso
en marcha porque Irán no lo ratificó. Si tenía algún fin ilegal, como acusó
Nisman, no tuvo existencia real. Las tarjetas rojas de Interpol para los 5
iraníes nunca fueron levantadas, al contrario de lo que decía el suicida. Y el
comercio bilateral no tuvo incremento, contrariando a quien sostuvo que el
encubrimiento reportaría más petróleo iraní por granos argentinos.
Las graves acusaciones del fiscal eran venta de
humo tóxico. Lo suyo no era argentinidad al palo. Todo lo consultaba con las
embajadas de EE UU e Israel. Dependía de Stiusso y la SIDE. Era un sionista
adelantado a Donald Trump. Gastaba en mujeres las partidas de la Fiscalía y
tenía cuentas ocultas en el Merril Lynch y cuatro cajas de seguridad. Y lo
peor, nunca trabajó en serio en la causa AMIA.
Fuente: La Arena
