Diego Morales y Manuel Tufro, del CELS, alertan
sobre la reforma de la ley de Migraciones
El director del área de Litigio y Defensa Legal
y el coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional
del CELS alertan sobre la reforma que impulsa la ministra de Seguridad y
refutan los supuestos en que se basa el cambio de paradigma sobre los
migrantes.
“Hay una operación de asociar migración con
delincuencia”, dicen Diego Morales y Manuel Tufro.
Por Victoria Ginzberg
“Hay una operación para asociar migración con
delincuencia, es un recurso que han usado muchos sectores”, dicen Diego
Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, y Manuel Tufro,
coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del
mismo organismo de derechos humanos. Especialistas en el tema, analizaron los
cambios que el Gobierno quiere introducir en la ley de Migraciones a través de
un decreto de necesidad y urgencia. Rodeados de los libros de la biblioteca del
CELS, que ocupan varias paredes del techo al piso, explicaron que ya existen
herramientas (y que se aplican) para negar la residencia a quienes comenten
delitos graves, pero que si prospera la iniciativa oficial podrían ser
expulsadas personas que entren al sistema penal incluso por una simple
contravención. El decreto perjudicará a los más débiles y no implicará ningún
cambio para los más “peligrosos”. Además, intuyen que detrás de esta reforma
que se promueve con la inseguridad como excusa hay una avanzada integral contra
la ley de Migraciones que se votó en 2004 por unanimidad y fue la primera norma
democrática sobre esa materia.
–¿Cuáles son los cambios que el Gobierno quiere
introducir en el decreto sobre migración y cómo los evalúan?
–D. M.: Encontramos tres ejes que tienden a
endurecer los criterios de la ley vigente. El primero tiene que ver con tratar
de ampliar los supuestos que habilita la prohibición del ingreso o expulsión
cuando la persona tenga antecedentes penales. Esos supuestos ya están previstos
en la ley de Migraciones, pero en el proyecto del DNU del Gobierno nacional incluía
todos los delitos del Código Penal, incluso el código contravencional, que
impliquen pena privativa de la libertad en expectativa. Esto puede alcanzar
situaciones de venta en la vía pública, personas que están en una casa tomada o
los que corten una calle. No importa la suerte de esa persona en el proceso
penal, el dato que importa es tener algún tipo de imputación. La segunda
cuestión es que todo migrante que ya tenga papeles puede ser considerado sujeto
a expulsión porque ingresó al sistema penal. Hay un escenario de incertidumbre
para todos los ya radicados.
–La ley actual también prevé mecanismos de
expulsión, ¿cuál es la diferencia?
–Prevé una posibilidad de retirar la radicación
para quienes hayan sido condenados a un
delito que tenga una pena mayor a cinco años. Es para delitos graves.
–¿Cuál es el tercer cambio que haría el decreto?
–La reducción de garantías en los trámites de
expulsión. Si el migrante tiene algo para decir, por ejemplo que vive acá hace
más de veinte años, que sus redes están acá, solo va a tener tres días para
decirlo. Y el juez solo va a tener tres días para decidir.
–¿Es lícito hacer estos cambios a través de un
decreto de necesidad y urgencia?
– En la Constitución, la facultad para regular
la política migratoria es del Congreso. Para la procedencia de un decreto de
necesidad y urgencia hay que acreditar alguna razón de urgencia y necesidad.
–El Gobierno la justifica con la emergencia en
seguridad.
–Pero ese texto no dice nada sobre la cuestión
migratoria. Y agregan el caso de Brian. Ese caso es significativo, es una
situación crítica, pero no general. De ninguna manera puede suponer que la
situación migratoria es de emergencia. Por otro lado, están prohibidos todos
los DNU que se refieran a materia penal. En esta reformas están regulando sobre
antecedentes penales, sobre materias que involucran el proceso penal.
–La ley que está vigente es producto de un largo
proceso y tuvo un amplio consenso. ¿Cómo fue esa experiencia?
– Hay que decir que en 1876 hay una primera ley
de fomento a la migración que era muy abierta: el pasaje para que vinieran de
Europa lo pagaba el gobierno argentino. En 1902 aparece la ley de Residencia y
en 1910 la ley de Defensa Social. La elite del Centenario entiende que estaban
viniendo personas que reclamaban
derechos sociales, organizaban sindicatos. Por lo tanto establecen un criterio
de expulsión para quienes tuvieran ideas contrarias “al orden social
argentino”. Desde 1910 a 2004 no hay una ley en materia migratoria. Todas
fueron decisiones por decreto. Más progresivas, las del peronismo, o muy
regresivas, como las de Juan Carlos Onganía, que tipificaba a los migrantes
limítrofes como sujetos de expulsión aunque no cometieran ilícitos. La
dictadura de Jorge Videla organizó el sistema migratorio y cuando llega Raúl
Alfonsín esa ley sigue vigente. En ese contexto se organizó un frente muy
amplio para instalar la necesidad de una ley de la democracia. Empezó en 1999,
con un proyecto de Juampi Cafiero que después continuó Rubén Giustiniani. Con
Néstor Kirchner, ese proyecto lo toma el Poder Ejecutivo. Y fue votado por
unanimidad. Todos los sectores políticos aprobaron la ley.
–¿Qué cosas positivas introdujo esa ley?
–Por un lado, la regularización no es una
cuestión del migrante, sino que es el Estado el que debe ofrecer canales de
regularización. La segunda cuestión es que todos los habitantes de
Latinoamérica tienen derecho a residencia. Ya no es el sujeto discriminado,
sino el sujeto privilegiado. A veces se generar distorsiones frente a otras
nacionalidades pobres, pero era tan fuerte lo antilatinoamericano en la
legislación previa que se resolvió así.
Y da garantías de debido proceso.
Si un migrante debe ser expulsado la decisión debe ser de un juez.
–¿Creen que después se avanzará en estas
cuestiones?
–Hay indicadores que muestran que hay una
intención de avanzar sobre la política migratoria en general. Ya no existen más
los programas de abordaje territorial que tenía la Dirección Nacional de
Migraciones para ir al territorio y facilitar canales de regularización. Ahora
si tenés que hacer un trámite tenés que venir a la sede central.
–M. T.: Como mínimo vuelve a poner sobre el
migrante la responsabilidad de buscar la regularización. Vuelve al paradigma
anterior.
–¿Y el otro indicador?
–D. M.: Que aumentaron mucho las expulsiones. Es
algo que estamos mirando de cerca.
–¿El discurso antiinmigantes de Trump tiene
relación con lo que pasa en la Argentina?
–M. T.: El gobierno viene pensando esto desde
antes. Tiene que ver con una concepción de seguridad ligado a lo que se llama
las nuevas amenazas y es un discurso que viene bajado de los Estados Unidos
desde la década del 90. Una de esas “nuevas amenazas” son las migraciones,
entendidas como posibles focos de desestabilización. Lo de Trump es una
exacerbación de algo que Estados Unidos ya sostenía, no es que había una
cultura migratoria amplia, ni promovía en el resto del continente una cultura
migratoria amplia. Sí se puede ver una continuidad en lo que llamamos la
demagogia punitiva: buscar aquellos temas que se supone que a la gente le
importa o le exacerba lo peor de sí frente al otro, al diferente. Ahí sí hay
una continuidad. Esa es la línea de continuidad también en la cuestión de los
migrantes y la de los menores. Apuntan a cuestiones que prenden fácilmente pero
que las estadísticas indican que no son las cuestiones centrales de los
problemas de seguridad.
–La ministra de Seguridad usó estadísticas sobre
el tema de los migrantes que ustedes refutaron.
–D. M.: No refutamos los números, sino el uso
que hizo. Mezcló dos poblaciones distintas. Dijo que los migrantes eran el 6
por ciento del total de presos pero que si se mira el narcotráfico pasan a ser
el 33 por ciento. Y es el 33 por ciento si se mira el narcotráfico solo en el
Servicio Penitenciario Federal, que representa solo el 15 por ciento del total
de detenidos del país. Si se ve la misma imagen global de donde saca el 6 por
ciento, es un 17. Ya estamos en la mitad. Las cifras ocultan que es esperable
que en un delito como narcotráfico haya una mayor representación de
extranjeros. Pasa en todo el mundo, porque es un delito que tiene un componente
transfronterizo. Entre 40 y 50 por ciento de los argentinos presos en el
extranjero están presos por narcotráfico. ¿Se podría decir que hay un problema
de los argentinos narcotraficantes en todo el mundo? No.
–El argumento del Gobierno es que hace esta
reforma para evitar que haya más delincuencia.
–M. T.: Lo que muestran los datos es que la
participación de extranjeros en el delito no es significativo como para que
esto ocupe el centro de la escena. Además, para resolver los crímenes más
graves que los extranjeros puedan haber cometido ya tiene las herramientas para
expulsarlos. El efecto de las reformas no va a caer sobre los que cometen
crímenes graves, porque sobre ellos ya cae, sino que va a ampliar la capacidad
del sistema penal para captar delitos menos graves, que desde un punto de vista
de derechos humanos ni siquiera habría que considerarlos como delitos.
–Si ya tienen herramientas para perseguir a
quienes cometen delitos graves, ¿por qué hacen esta reforma, quieren
efectivamente avanzar para expulsar a los migrantes más pobres o es para
mostrarse activos en temas de seguridad, por, como ustedes dicen, “demagogia
punitiva”?
–D. M.: Lo que sucede en los hechos es que se
habilita un nuevo sistema de control migratorio. Se delega el control
migratorio en las agencias policiales y judiciales.
–M. T: Una es la cuestión de mostrar gestión en
temas de seguridad. Pueden creer que esto tiene un rédito político en la
discusión electoral que se viene. Y hay una pela sobre quién toma este tema en
la campaña, porque hay otros actores interesados. Primereo…
-A Sergio Massa.
–Y con lo de los menores seguramente también.
Otra hipótesis en que empiezan a presionar en la reforma migratoria sin abrir
todavía la discusión porque en el Congreso no hay una correlación de fuerzas.
–¿Pero el decreto no modifica la ley de hecho?
–D. M: Sí. Pero no modifica el derecho a migrar
que está en la ley o la obligación del Estado de generar canales de
regularización. El año pasado hubo versiones que decían que el gobierno estaba
analizando cambios a la ley para agilizar trámites de expulsión. Después, salió
lo del centro de detención de migrantes para combatir la irregularidad
migratoria, no para combatir el delito. Hubo intento de poner en discusión la
política migratoria.
–¿Los discursos sobre los migrantes y los
menores está vinculados?
–M. T.: Son temas cíclicos, cuando pasa algo
conmocionante y el gobierno siente que tiene que dar una respuesta urgente o
cuando hay alguna situación complicada de agenda y hay que instalar otros temas
vuelven a aparecer.
–D. M.: Hay una operación de asociar migración
con delincuencia, es un recurso que han usado muchos sectores.
–¿Pudieron conversar con algún funcionario?
–Más de 150 organizaciones le pedimos una reunión al jefe
de gabinete para dar una discusión sobre los efectos del decreto. Esperamos
tener un espacio de diálogo en lugar de ser estigmatizados. No hemos tenido
respuesta. Estamos esperando el diálogo.
Fuente: Página 12
