El gobierno de Mauricio Macri adelanta nueva política migratoria
Por: María Constanza Costa
En agosto de 2016, el gobierno había anunciado
la firma de un acuerdo para crear un “Centro de Detención de Migrantes”, que
más allá de los eufemismos, se trata de la primera cárcel para migrantes del
país, similar a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) europeos, que
hoy están siendo cuestionados por los abusos a los derechos humanos que allí se
cometen
Las palabras pronunciadas por la ministra de
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación al porcentaje de
migrantes presos por violación a la ley de droga, despertaron el rechazo de las
comunidades migrantes en nuestro país y avivaron un debate sobre la
estigmatización que este tipo de generalizaciones puede provocar. La
funcionaria aseguró estar preocupada por la “concentración” de extranjeros que
delinquen, pero las cifras muestran que del total de extranjeros que viven en
Argentina, solo el 0,07% están presos por delitos vinculados al narcotráfico.
Estas declaraciones son vertidas en un momento en el cual el gobierno nacional
ha manifestado su intención de endurecer la ley migratoria aprobada en 2003 por
el Congreso Nacional, que fue reglamentada en 2010.
En agosto de 2016, el gobierno había anun.ciado
la firma de un acuerdo para crear un “Centro de Detención de Migrantes”, que
más allá de los eufemismos, se trata de la primera cárcel para migrantes del
país, similar a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) europeos, que
hoy están siendo cuestionados por los abusos a los derechos humanos que allí se
cometen. Todo un cambio de paradigma, que criminaliza a los migrantes y
defiende una política orientada a la expulsión. Además, la reforma propuesta
busca impedir el ingreso de personas con antecedentes penales (así hayan
cumplido su condena) y facilitar la deportación de aquellos que cometan
delitos. Este proyecto de reforma de la ley cobró fuerza en la agenda mediática
y política a fines de diciembre de 2016, luego de que un adolescente de 14 años
fuera asesinado en el barrio porteño de Flores y el principal acusado del
delito fue un joven de la misma edad descendiente de una familia de peruanos.
La postura del gobierno nacional se encuentra en
sintonía con una corriente mundial que hace un tiempo viene planteando la
necesidad de endurecer la gestión de las migraciones internacionales. Desde la
directiva de retorno planteada por la Unión Europea (UE), allá por 2008,
llamada también “Directiva de la Vergüenza”, que recibió numerosas críticas por
contradecir derechos humanos fundamentales y elementos del estado de derecho, o
la militarización de la gestión de las migraciones en el Mediterráneo, hasta el
anuncio de la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, anunciada
por Donald Trump en su campaña y ratificada hace unos días al asumir su
presidencia. Todas las iniciativas apuntan a reforzar la idea de la migración
vinculada a la “seguridad“.
Es sobre el imaginario de un “otro” responsable
de todos los males que las derechas articulan su discurso discriminatorio, pero
en realidad lo que buscan son “chivos expiatorios” para los efectos generados
por una economía global en recesión y la aplicación de medidas neoliberales,
que han llevado a una concentración de la riqueza en manos de uno pocos, un
mercado laboral cada vez más precario, la pérdida de derechos sociales.
El discurso del gobierno de Cambiemos no es para
nada original y retoma el de la década del noventa, el cual afirmaba que el
país era “víctima” de una supuesta “invasión silenciosa”(1) de ciudadanos
provenientes de países limítrofes, sustentada en la todavía vigente en ese
entonces, ley N°22.439, conocida como “ley Videla”, sancionada durante la
última dictadura (1976-1983). Esta ley habilitaba la detención sin orden
judicial, así como los allanamientos de hogares donde se sospechara que se
encontraban migrantes irregulares, obligaba a denunciar a los extranjeros sin
la documentación requerida para residir en el país. Al permanecer en situación
migratoria irregular, las personas migrantes veían restringido el acceso a
diversos derechos humanos en razón de las desigualdades que preveía la propia
ley. El derecho a la salud, por ejemplo, sin negarse expresamente, en caso de
migrantes sin residencia regular, en general se limitaba a la atención sanitaria
de emergencia. De igual modo, el acceso a la educación de niños y niñas
migrantes sin residencia regular se limitaba al nivel de educación primaria, ya
que para estudios secundarios, terciarios o universitarios se exigía tener una
residencia legal en el país (artículo 102 de la ley 22.439).
“En la Capital el delito se extranjerizó”,
aseguraba el entonces director nacional de Migraciones, Hugo Franco. Por su
parte, el entonces ministro del Interior sostenía: “Si no regulamos la cantidad
de gente que entra al mercado de trabajo, aumenta la desocupación” y el
presidente Carlos Menem (1989-1999) se refería a “indocumentados que se
organizan en bandas”.
Aunque los datos estadísticos de la época
contradecían estas afirmaciones, la idea se instaló con fuerza y fue base para
la construcción del imaginario social que relaciona los migrantes con el
“usufructo” de servicios públicos, el crecimiento de la delincuencia y la
desocupación, fomentando la estigmatización de las comunidades provenientes,
sobre todo, de los países limítrofes.
La ley 25.781 significó un cambio radical en la
manera de contemplar el fenómeno migratorio, cambiando el paradigma para
abordar la temática, dejando de lado el carácter restrictivo y persecutorio que
tenía la “Ley Videla”, instalando una nueva política migratoria nacional cuyos
cimientos son el respeto irrestricto a los derechos humanos y la construcción
del migrante como un sujeto de derecho. La ley 25.781 establece que la
migración es un derecho humano. En su artículo 4, la ley establece: “El derecho
humano a la migración es inalienable de la persona y la República Argentina lo
garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”,
obligando al Estado a garantizar condiciones dignas de vida, en este caso es el
Estado el que “reconoce” el derecho a migrar e iguala derechos y obligaciones
con los nacionales. La obligación de denuncia que pesaba sobre los organismos
públicos en la ley anterior fue reemplazada por un deber de asistir a los y las
migrantes para que puedan regularizar su situación migratoria.
El paradigma plasmado en la ley 25.781 se
enfrenta hoy con numerosos inconvenientes en materia de inclusión de los
migrantes. No solo por la utilización política que el gobierno intenta hacer en
un año electoral, sino también porque los medios operan muchas veces como
perpetradores de esa exclusión que al menos desde lo jurídico, se intenta
combatir. Por ejemplo, en la tendencia a indicar la nacionalidad de quien es
imputado en un delito grave o violento, siempre y cuando se trate de un
extranjero -y sobre todo de determinadas nacionalidades-, haciendo hincapié en
ese dato más que en el hecho en sí, a los efectos de abordar públicamente el
asunto. En cambio si el sospechoso -imputado o acusado- es argentino, el dato
de la nacionalidad parece no tener relevancia alguna. Este proceder
estigmatiza, y crea la percepción que quienes delinquen son los extranjeros y
no los argentinos. Y lo que es peor aún, se genera la idea de que los
“extranjeros” vienen a delinquir a nuestro país.
1. Revista “La Primera de la Semana”, dirigida
por Daniel Hadad, 4 de Abril de 2000. Bajo el título “La invasión silenciosa”
la nota sugería que la alta desocupación que sufría el país se debía a la
presencia de extranjeros indocumentados.
Fuente: Telesurtv
