Gonzalo Morales en su cuatriciclo y apuntando con su escopeta. Sana
diversión en compañía de un periodista del amistoso diario La Nación.
¿División de poqué?
La presidente del Superior Tribunal de Jujuy,
quien designó a su yerno para detener a Milagro Sala, coordina con el contador
Morales la respuesta oficial para justificarlo ante la CIDH. Los mails del
abogado del estudio Gil Lavedra que asesora a Morales muestran la supresión del
estado de derecho y la división de poderes. La detención de Milagro Sala no
hizo más transparentes las cuentas jujeñas. También la brutal represión a los
mapuches en Chubut fue denunciada ante la CIDH.
Federico Wagner le escribe a la presidente del Superior Tribunal para coordinar cómo defender a Morales de Milagro Sala, de modo
El lunes pasado el abogado Federico Wagner, que
representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala
fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un amistoso correo
electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Su propósito:
diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que visitaría el país en mayo. Su idea es poner a los comisionados en
contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la
organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor
del Pueblo.
La CIDH solicitó al gobierno nacional la
liberación inmediata de Milagro Sala, en cumplimiento de la resolución del
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que la
consideró nula por violación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial e
independiente. Wagner trabaja en el estudio del ex juez, ex ministro y ex
diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el mail del 9 de enero a las 16.46, Wagner
le propone a Miranda “concretar una primera reunión de trabajo durante la
primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la
Dra.Falcone, como para coordinar la tarea”.
¿Quién es cada uno de ellos?
Mariano Miranda es el fiscal de Estado que en
enero de 2016 presentó la acusación contra Milagro Sala por el acampe en la
Plaza Belgrano. El fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no
encontró que hubiera delito, a raíz de lo cual el gobierno provincial lo
denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de
funcionario público”. Miranda cumplió el encargo y Milagro fue privada de su
libertad. Para mantenerla por tiempo indefinido, Morales fue agregando nuevas
causas en las que distintos jueces le dictaron la prisión preventiva.
Leandro Despouy es el representante de Derechos
Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, que debe responder ante los
organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos en nombre del
gobierno nacional.
La doctora Falcone preside el Superior Tribunal
de Justicia de Jujuy y ha sido una pieza fundamental en la domesticación del
Poder Judicial. Ex diputada radical, Clara De Langhe de Falcone fue nominada
para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición y
designada para presidirlo en cuanto se conoció el resultado electoral de 2015.
En cuanto asumió, Morales hizo llegar a la Legislatura el proyecto de
ampliación del Superior Tribunal, de cinco a nueve miembros. A la noche
siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos
magistrados, dos de los cuales (Pablo Baca y Beatriz Altamirano) acababan de
votar la ampliación como legisladores por la UCR. Como presidente del tribunal,
Falcone designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas
contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga
íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las
causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida
por la Constitución.
Dieciocho minutos después del primer mail,
Wagner dirigió otro a la propia clarafalcone9@hot mail.com. A las 17.04 del
lunes 9, le reenvió el mensaje a Miranda y la propuesta de reunión para
coordinar “la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas
por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre”. Es decir que la coordinación
viene de antes. El objetivo es que esas personas presten un testimonio a los
comisionados que “justifique el mantenimiento de su prisión preventiva”, le
aclara Wagner a Falcone. Esta promiscuidad de Morales con la presidente del
Superior Tribunal ratifica más allá de toda duda que Milagro Sala no goza en
Jujuy de las garantías del debido proceso y que la justicia actúa como una
dependencia más de la gobernación.
Los de Arribas y los de Abajos
Cuando le preguntaron por las denuncias contra
Gustavo Arribas (quien niega haber recibido transferencias de Odebrecht pese a
la afirmación del arrepentido pagador de los sobornos de la constructora
brasileña), el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue
categórico:
–En este país, somos todos inocentes mientras no
se demuestre lo contrario.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación Germán Garavano dijo lo contrario:
–Milagro Sala deberá demostrar su inocencia en
el juicio.
Para quienes militan en o están vinculados con
la Alianza Cambiemos, como el denunciado jefe de la inteligencia federal y su
inquilino el presidente Maurizio Macrì, rige en plenitud la presunción de
inocencia de Larreta. En cambio la carga de la prueba se invierte para todos
quienes se opongan al oficialismo, culpables por definición de Garavano. Sala
carece de los recursos que tiene Arribas para fugarse o entorpecer la
investigación, lo que torna más irrisoria su detención preventiva, de la que
mañana se cumplirá nada menos que un año. Si se mira al conjunto de la
población y no sólo a las personas con actividad política o social destacada,
la situación de Milagro no es excepcional: por lo menos la mitad de las
personas privadas de su libertad por delitos comunes aún no han sido sometidas
a juicio. Lo que tienen en común es su vulnerabilidad ante el sistema penal,
que en términos generales coincide con su vulnerabilidad socioeconómica. El
caso de Milagro Sala es así representativo de un estado de cosas general, con
el agravante de la persecución política. La sociedad se divide entre quienes
tienen y quienes no tienen derechos. En el primer año de gobierno de Macrì la
novela más exitosa de la televisión argentina llevó el sugestivo título “Los
ricos no piden permiso”. Ni pagan las consecuencias.
Sin límites
Durante los 364 días transcurridos desde que
Milagro Sala fue apresada se violaron todas y cada una de las garantías del
debido proceso y de la defensa en juicio, no sólo en su contra sino también en
relación con compañeros y familiares a quienes se les ofrecen dos pares de
opciones binarias con las que el contador Morales concibe el debe y el haber de
su contabilidad política. Toda persona próxima a la líder de la organización
barrial Túpac Amaru puede elegir entre plata o palos, entre acusar o ser
acusada, sin tercera vía. La semana pasada, Morales llevó más allá los límites,
al abrir una nueva causa contra los hijos de Milagro Sala. Para la novedosa
dogmática penal del joven prodigio jujeño Joaquín Millón Quintana, el proceso
comienza por la pena, las causas se reproducen por cariocinesis y la prueba es
un incordio superfluo. Por eso el juez provincial Jorge Zurueta dispuso el
secuestro de los vehículos de Sergio y Claudia Chorolque Sala con la mera
referencia a la causa Pibes Villeros, que instruye el fiscal de acusación Diego
Cussel. Ese juicio aún no se inició, pero Zurueta da por probado con la mera
acusación que Sala es la “jefa suprema” de una asociación ilícita creada para
delinquir contra la administración pública y que esos vehículos son el fruto
del delito. La prensa oficialista se apresuró a presentar imágenes de los
modelos secuestrados como si se tratara de autos de lujo y duplicó el efecto al
atribuirle a los hijos de Milagro tanto la propiedad del rodado que poseen como
la del que vendieron para adquirirlo. El camino en que se interna de este modo
Morales es más peligroso que los inutilizados por el alud de barro y piedra que
devastó varios pueblos en el departamento de Tumbaya, declarado zona de
desastre y emergencia. Si se habla de autos, el contador Morales y sus hermanos
declararon varios de gama y costo superior a los que el juez Zurueta les
secuestró a los hermanos Chorolque Sala. Por ejemplo Gerardo Morales posee un
Renault 2011 valuado en 210.000 pesos y una camioneta Ford 2013, de 480.000. Su
hermano y secretario de Gobierno Freddy Morales declaró bajo juramento tres
camionetas Toyota, modelos 2011, 2012 y 2013, valuadas en 247.000, 257.000 y
457.000 pesos. El tercer hermano, Walter, a cargo del Instituto de Vivienda y
Urbanismo de Jujuy, herramienta escogida para el desmantelamiento de las
cooperativas vinculadas con la organización Túpac Amaru para que la
construcción de viviendas vuelva a empresas privadas, sólo declaró una
camioneta Ford Ranger 2013, valuada en 283.000 pesos. Si también se considerara
aceptable involucrar a los hijos en las actividades de sus padres, los del
contador Morales, Gonzalo y Daniel, serían más divertidos que los de su presa.
Sólo una pasada por sus muros en las redes antisociales los muestra recorriendo
bellos lugares en diversos países de América, cazando, empuñando una brillante
escopeta, bailando con una novia o participando en una carrera de cuadriciclos,
en la que el acompañante de Gonzalo es el periodista Diego Granda del amistoso
diario La Nación. En Jujuy es más difícil que en el resto del país saber si el
dinero que gastan un funcionario y sus familiares proviene de una actividad
lícita o fue defraudado a la administración pública. Desde 2010 el Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)
publica un Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial que verifica doce
cuestiones: la publicación de las leyes presupuestarias, el presupuesto
plurianual, los informes de ejecución de ingresos y gastos, su desagregación y
actualización, los informes de deuda pública, la recaudación tributaria, los
fondos transferidos desde el gobierno nacional, las transferencias de la
provincia a los municipios, la normativa fiscal y presupuestaria, el
presupuesto ciudadano y la cuenta de inversión.
Daniel Morales de cacería. Simpático
esparcimiento juvenil con perros y amigo.
En 2016, primer año de la gobernación del
contador Morales, Jujuy retrocedió un 44 por ciento en su puntaje y cayó al
penúltimo lugar de la tabla nacional de transparencia, con 2,9 (en una escala
que va de 0 a 10). Sólo La Pampa está peor, con un puntaje de 2,1. Jujuy es una
de las seis provincias que no publican información de deuda, una de las cuatro
que no informan sobre las transferencias del Estado Nacional, que este año se
incrementaron en forma notoria, y una de las tres más opacas en información
presupuestaria. Sólo Chubut, bajo el gobierno de Mario Das Neves, y Salta
retrocedieron más que Jujuy. Puede afirmarse con certeza que la detención de
Milagro Sala no mejoró la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La casita del Cochinillo
En la última semana de diciembre, el Tribunal
Oral Federal de Jujuy condenó a Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso
como instigadora de la rotura de siete vidrios del Colegio Profesional de
Ciencias Económicas de San Salvador y el lanzamiento de un número indeterminado
de huevos sobre el contador Morales, el 16 de octubre de 2009. Los únicos
testigos de cargo contra Milagro, a quien nadie vio en el lugar, fueron El
Cochinillo René Arellano y su compañera, Cristina Noemí Chauque, alias Solange
de los Ángeles, quienes casi un año después de los hechos fueron presentados
como testigos por el contador Morales. En las últimas dos semanas se descubrió
que ambos cobran sueldo del gobierno radical, lo mismo que el hijo de
Cochinillo, Freddy Arellano, y su pareja, Solsito Sena. Además, la cooperativa
fantasma Newen, registrada hace cinco años por el hijo del Cochinillo pero que
nunca tuvo obras ni empleados, en vísperas del juicio recibió depósitos por
822.000 pesos, que sumados a los sueldos de los cuatro miembros del núcleo
familiar superan con holgura el millón de pesos. La dirección de esa
cooperativa Newen es Pasteur 1085, donde progresa una edificación cuya
categoría contrasta con la del anterior domicilio del Cochinillo, junto al
negocio que atendía su compañera. Recién el 3 de febrero el Tribunal dará a
conocer los fundamentos de la condena a Milagro y con ella la valoración que
hicieron de esos testimonios comprados por el contador Morales. La semana
pasada un tribunal administrativo, a cargo de un funcionario designado allí por
Morales una vez iniciado el acampe frente a la casa de gobierno a la espera de
respuesta a tres solicitudes de audiencia que Morales nunca contestó, condenó a
la líder de la organización Túpac Amaru a tres años y tres meses de
inhabilitación para integrar asociaciones civiles, gremiales o políticas.
También clausuró la sede central de la organización, cuya personería ya había
sido suspendida por el gobernador. La inconstitucionalidad de esta decisión es
flagrante: el Código Contravencional no incluye, ni podría incluir, la pérdida
de derechos civiles y políticos. La ley contravencional fue sancionada en 2014
con la única oposición del Frente Unidos y Organizados (FUyO), formado por la
Túpac Amaru, pero recién entró en vigencia el 1º de enero de 2016. El debate
legislativo es elocuente. El entonces diputado Agustín Perassi, del Frente
Primero Jujuy, sinceró lo que estaba en juego. Dijo que en Jujuy “el problema
institucional es que tenemos dos poderes enfrentados y distintos; uno es el
poder de la Constitución y el otro es el poder de la fuerza y de la calle”. Por
eso, en defensa de la detención de Milagro Sala, Ernesto Sanz dijo que de otro
modo Morales no hubiera podido gobernar. Como ministro de Justicia de Morales,
Perassi justificó ahora la represión policial a quienes querían ingresar a la
sala de audiencias donde se leyó el veredicto contra Milagro Sala porque la
diputada nacional Mayra Mendoza estaba “histérica”. En un pedido de informes
que presentó en el Senado de la Nación una semana después de la huevada de
2009, Morales sostuvo que la Túpac Amaru logró “poner en la agenda pública de
la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del
entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. Se
quejó de que el poder de presión que ejerce la Túpac Amaru “es una suerte de
contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por
ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para
negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. Se
refería a la ley 5574/08, que facultó al Poder Ejecutivo a contratar en forma
directa la refacción y acondicionamiento de la mitad de las escuelas con las
cooperativas sociales. En el debate legislativo, el 12 de junio de 2008,
Perassi y el diputado radical Alberto Bernis encabezaron la oposición a que
participaran las cooperativas. Los poderes económicos influyentes en la
política local que la Túpac Amaru compensó con su acción son los del Ingenio
Ledesma y su accionista principal, Carlos Pedro Blaquier. La Corte Suprema de
Justicia tiene ahora para decidir si Blaquier debe ir a juicio por las
detenciones y desapariciones producidas en la Noche del Apagón, en 1976,
mediante el uso de vehículos cedidos por él a la Gendarmería, tal como solicitó
hace dos semanas la procuradora fiscal subrogante ante la Corte, Irma Adriana
García Netto. Su dictamen afirmó que el caso se encuadra en la colaboración
entre un sector del empresariado y las fuerzas armadas y de seguridad en la
neutralización de la actividad política y gremial, que hoy se procura por
medios menos drásticos. La destrucción de la Túpac, que en diciembre de 2015
contaba con 4500 cooperativistas y era el tercer empleador de la provincia
luego del Estado y el ingenio, fue un objetivo estratégico de la burguesía y
del bipartidismo jujeños. Durante el acampe de enero, Morales decretó un
reempadronamiento de las 600 cooperativas inscriptas y anunció que el personal
del área de salud y educación de la Túpac continuaría brindando su servicio, ya
que desarrollaban una actividad buena y necesaria. Un año después los
cooperativistas tupaqueros no fueron aceptados, a pesar de cumplir con un
reempadronamiento, ya que a ninguna cooperativa se le otorgó la matrícula. En
su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, Morales
anunció que los cooperativistas cobrarían 8000 pesos, los policías 20.000 y los
médicos 40.000. Nada de ello ha ocurrido. De las 600 cooperativas anotadas (que
empleaban a unas 9000 personas) según informe del IVUJ a septiembre de 2016
sólo 180 fueron matriculadas y habilitadas. Algunos cooperativistas fueron
empleados en la limpieza y corte de pasto a la vera de las rutas provinciales.
El resto fueron excluidos del sistema y engrosan los índices de desocupación
local. Morales reconoció que la pobreza en Jujuy ronda el 42 por ciento. Los
500 profesionales y administrativos del área de salud de la Túpac fueron
excluidos, pese a la promesa del ministro de salud y presidente de la UCR
jujeña, Mario Fiad, durante su visita al Centro Modelo Integral de
Rehabilitación de Alto Comedero, donde se atendía a 120 niños con discapacidad.
El ministro elogió las instalaciones y se comprometió a avanzar en la
contratación de profesionales, cosa que no sucedió. Se desconoce si las 120
personas que recibían tratamientos y rehabilitación pudieron incorporarse en
alguna institución del estado ya que carecían de recursos. Tampoco pudieron
seguir funcionando los centros de salud (en el Barrio Túpac del Alto Comedero,
en la Sede Central y en doce localidades de la provincia. La fábrica de bloques
y adoquines donde trabajaban 160 personas fue usurpada con protección del
gobierno y dejó de funcionar, lo mismo que las dos fabricas metalúrgicas, una
en alto Comedero y otra en la calle Mejías de la capital. Sus 50 trabajadores
se quedaron sin medios de vida. De las 60 personas que trabajaban en la fábrica
textil de la Túpac, sólo 40 personas subsisten con costuras particulares, ya
que no pueden facturar porque el Estado no habilitó a sus respectivas cooperativas.
De los 19 centros deportivos donde trabajaban 200 personas, el 80 por ciento
han sido destruidos o deteriorados. Sólo funcionan dos piletas (la climatizada
del Alto Comedero y la de la Sede Central, que el juez contravencional ordenó
clausurar) con unos 14 docentes a cargo. El área educativa, a cargo del
profesor Juan Manuel Esquivel, atendió en 2016 a 5.000 alumnos matriculados en
escuelas primarias, secundarias y terciarias. Sus 150 empleados de servicios,
administración y maestranza sólo cuentan con contratos del ministerio de
Educación de 3.500 pesos mensuales, lo mismo que reciben las 30 personas que
reciben capacitación laboral en el Centro Cultural. En el interior de la
provincia sólo siguen brindando asistencia social en Parapeti, El Carmen,
Monterrico, Palpalá, Libertador General San Martin y Abra Pampa las Copas de
Leche, que fueron la primera forma de encuentro que impulsaron Milagro Sala y
su organización, de las que el gobierno revanchista del contador Morales quiere
borrar la memoria. No lo conseguirá, pero entretanto está sembrando la
provincia de dolor y humillación.
Gracias al blog El Disenso por los datos sobre
la familia Morales.
La juez Langhe de Falcone
Morales, Langhe de Falcone y el ministro Garavano.
