La primera condena por un escrache en el que
Milagro no participó y la prohibición de integrar organizaciones sociales
reafirman la arbitrariedad de su detención señalada por la ONU y la OEA. Un
mensaje intimidatorio a la sociedad, que Macrì potencia desde Neuquén.
Equipamiento y doctrina israelíes de seguridad y blindados con neumáticos para
el Ejército. Destrucción del activismo social jujeño y nuevos juicios contra
CFK. Para Macrì el tema no es la economía sino la seguridad y el narcotráfico.
Por Horacio Verbitsky. Desde Jujuy
La lectura del veredicto comenzó con el
sobreseimiento de Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra porque la
acción por amenazas al contador Gerardo Morales había prescripto, es decir que
el Inquisidor y los fiscales habían dejado transcurrir más del máximo de la
pena de dos años sin instar el avance de la causa. La fugaz algarabía de
quienes no dominan el idioma judicialés se apagó cuando el secretario lector
agregó que la acción por daños agravados no prescribía, pese a la vulneración
del derecho a ser juzgado en un plazo razonable invocada por las defensas, en
una causa simple que se extendió por siete años. Y se convirtió en un murmullo
de fastidio con la condena a tres años de prisión en suspenso por ese delito,
que se habría cometido el 16 de octubre de 2009 con la rotura de siete vidrios
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el lanzamiento de un número
indeterminado de huevos sobre el entonces senador nacional y hoy gobernador
jujeño.
Al día siguiente, Milagro Sala fue condenada en
un denominado juicio contravencional por la protestas en la plaza Belgrano en
demanda de respuesta a tres pedidos de audiencia a Morales. Ese fue el motivo
inicial de su detención, definida como arbitraria por el órgano especializado
de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que intervinieron a solicitud de la organización regional Andhes y de las sedes
argentinas de Amnesty y del CELS. Ninguna de esas condenas ha variado el
carácter arbitrario de su detención: Sala nunca estuvo privada de su libertad
en la causa fallada el miércoles, ni lo estará ahora, porque la condena quedó
en suspenso, sujeta a varias ofensivas condiciones, como realizar “trabajo
comunitario no remunerado” en la organización confesional de beneficencia
Caritas, que se financia con sisas a la colecta anual para los más pobres y
depende del Episcopado Católico. El Grupo de Curas en Opción por los Pobres le
reprochó al obispo jujeño Daniel Fernández su indiferencia ante la persecución
a Milagro y la Tupac. Durante el alegato, el abogado de Morales Eduardo Vergara
pavoneó su ignorancia al pretender que el derecho a ser juzgado en un plazo
razonable no figuraba en el código procesal, como si nunca hubiera oído hablar
de la Convención Americana de Derechos Humanos ni del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de explicita jerarquía constitucional desde hace
22 años. Después del veredicto, informó exultante la novedad de fondo: la
condena en suspenso se hará efectiva ante la próxima sentencia adversa, sin
posibilidad de cumplimiento condicional. Misión cumplida.
El patrón
El contador Morales es protagonista y patrón
excluyente de este proceso:
1. Denunció a Milagro pese a que nadie la vio ni
la nombró en el lugar del escrache, ni a ella ni a miembros de su organización.
2. Se constituyó como querellante para ofrecer
prueba y controlar el expediente,
3. Como vicepresidente de la Comisión de
Acuerdos del Senado escogió a dos de los tres jueces del tribunal (Mario Héctor
Juárez Almaraz y María Cataldi) en noviembre y diciembre de 2014, luego del
sospechoso concurso 215. Uno de los jurados fue el juez Alberto Pravia, que
debió renunciar para eludir el juicio político porque en el simultáneo concurso
245 de Paraná se descubrió que había anticipado los temas del concurso a uno de
los candidatos. Juárez Almaraz quedó séptimo en el orden de mérito de Jujuy,
pero la consejera de la magistratura Diana Conti consiguió ascenderlo al
quinto, a pedido de la senadora Liliana Fellner. La muerte de un colega lo elevó
al cuarto, Conti pidió que se repitiera su entrevista personal y pasó a
integrar la lista complementaria. Así un laboralista llegó a sentarse en un
Tribunal Penal que le queda demasiado holgado. Esta será una de las cosas de
las que deberían hacerse cargo quienes entonan “Vamos a volver”. En este caso
hablar de la justicia de Morales es una super simplificación: es el
paternalismo oligárquico el que condena en Milagro Sala la subversión de todos
los valores que su rostro político bifronte acata sin chistar. En octubre de
2009, Morales anunció que muchos dirigentes del Partido Justicialista y de la
Unión Cívica Radical “no estamos dispuestos a soportar lo que está pasando en
Jujuy” con esa organización que llamó mafiosa y vinculada con la droga. Ese fue
el programa para el que se ofreció como caudillo y que está cumpliendo con
contante y sonante beneplácito del gobierno nacional. Una resolución firmada el
jueves por De Prat-Gay, el mismo día de la inhabilitación de Milagro, concedió
a Morales un préstamo por 3175 millones de pesos para cancelar los adelantos
financieros que le transfirió en todo el año. Recién comenzará a pagarlo dentro
de un año en cómodas cuotas trimestrales. Otras provincias recibieron
asistencia, pero muy inferior.
4. Una semana después del escrache (no antes,
como pretende) presentó el famoso pedido de informes en el que se quejó porque
la Túpac Amaru instaló en la agenda pública provincial “la ley de reforma
edilicia” y “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos, en
la práctica política”. Esa es la ley que permitió a las cooperativas participar
en la obra pública, cosa que Morales está revirtiendo desde hace un año para
volver a la primacía de la empresa privada con el nuevo programa Jujuy Habitat.
5. Designó como “juez contravencional” al
funcionario de su gobierno Matías Ustarez Carrillo, quien el jueves sinceró el
fondo de la cuestión: por el acampe de enero inhabilitó a Milagro para formar
parte de personas jurídicas, asociaciones civiles, sociales, culturales y
deportivas por los tres años que restan del mandato del actual gobernador y
clausuró la sede central de la Túpac Amaru a la que Morales ya le había
revocado la personería. Esa inhabilitación tan genérica y extensa no está
contemplada en la ley contravencional que Morales puso en vigencia durante el
acampe sin disimular el propósito de utilizarla contra la Túpac.
6. Designó al funcionario Rodolfo Rocamoso para
que actuara como acusador. Del acampe participaron 24 organizaciones sociales y
todas las decisiones se adoptaron en multitudinarias asambleas públicas. No
obstante, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Túpac Amaru. Rocamoso lo
justificó en que eran “las más conocidas y si se hubiera convocado a todas no
se hubiera terminado nunca con este proceso”. Con quemar a una bruja, las demás
se disciplinan y la humareda llega mucho más lejos de Jujuy.
7. Proveyó los únicos dos testigos de cargo en
el juicio por la huevada, los llevó a declarar con su abogado Luciano Rivas y
es el empleador a sueldo de uno de ellos en la gobernación, el iletrado
Cochinillo Arellano.
8. Su compañera Cristina Chauque cobra de la
intendencia radical de San Salvador, pero ella lo admitió al declarar. Otras
cosas son las que oculta.
9. Morales reconoció que el Cochinillo fue
contratado desde el 1º de julio de este año. Pero en realidad su empleo comenzó
mucho antes. Según el blog El Disenso, de los periodistas Mariana Escalada y
Agustín Ronconi, Arellano informó en su muro de Facebook que desde 2014 trabaja
a sueldo de la intendencia radical de San Salvador.
10. En septiembre de ese año, Chauque se quejaba
en su muro de que los 5.000 pesos que ganaba por mes no “me alcansa tengo 5
hijos o les doy de comer o los bisto no alcanza!!!!! Como ellos roban a dos
manos a ellos si les alcansa agan algo los hijos crecen y piden más”. Según el
Banco Central en octubre de este año Chauque consumió 114.000 pesos con cuatro
tarjetas de crédito. En vísperas de las elecciones de 2015 escribió en su muro
(donde se identifica como Solange de los Ángeles) que Milagro “tiene miedo de
hir en cana (…) se están robando todo el futuro de nuestros hijos ojalá gane
morales y meta en cana a todos los corruptos y gatos jaja voten por morales
vamos por el cambio” (sic).
Antes de ser devuelta a la fría cárcel de Alto
Comedero, con diez kilos menos que cuando la detuvieron, Milagro Sala alcanzó a
decir el jueves: “Están criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada de
lo que hice porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima”.
Cuando más oscuro pintaba el panorama, por suerte apareció en la sala de
audiencias Mario Moreno (el argentino, no el mexicano), quien tranquilizó a los
entristecidos tupaqueros que entonaban “Vamos Milagro, no podemos caer/ los muchachos
estamos de pie”. El autor de los mayores éxitos del kirchnerismo les trajo una
solución muy sencilla que a nadie se le había ocurrido: “Les ganamos las
elecciones, cambiamos el gobernador y el próximo la libera”. Su intención era
afiliar a Milagro al Partido Justicialista. No tuvo éxito, porque nadie sabe
mejor que ella que la destrucción de la Túpac Amaru es el mínimo común
denominador del bipartidismo jujeño. Siga participando.
El Tribunal ni respondió a la solicitud de la
defensora Elizabeth Gómez Alcorta de investigar al Cochinillo y su esposa por
falso testimonio. Lo rectificó al día siguiente, comunicando que rechazaba el
pedido. Ambos se presentaron a declarar en compañía del apoderado de Morales,
Luciano Rivas, casi un año después de los hechos. Él dijo que se habían cruzado
por azar en un pasillo de la Legislatura cuando fue a pedir ayuda al bloque
justicialista; ella explicó que habían ido a buscarlo directamente al bloque
radical, enviados por el también abogado radical Miguel Álvarez García, el
Doctor Chiqui, actual embajador argentino en Bolivia. También difirieron acerca
del Doctor Chiqui: Arellano dijo que lo conoció cuando por orden de Milagro
buscaba un defensor para Salvatierra luego del escrache; Chauque reveló que
desde hacía años era el abogado de la cooperativa del Cochinillo, Argentina
Avanza. Al menos uno de los dos miente. Gómez Alcorta explicó que en las
presuntas reuniones previas, Milagro sólo pudo instigar a cometer el delito al
propio Arellano (pegale una piña a Morales, tirale huevos, no lo dejes hablar o
te pego un tiro a vos, le habría dicho). Pero como Cochinillo jura que no
concurrió a la huevada porque no estaba de acuerdo, Milagro no pudo haber
participado como instigadora en un delito que no tuvo ni comienzo de ejecución.
Hasta los estudiantes saben que la participación siempre es accesoria de un
delito. La mera tentativa no es punible. Otra incongruencia fue condenar al
presunto autor Salvatierra a 2 años y a Milagro como instigadora a 3.
Una doctrina amenazante
Condenar a una dirigente social como instigadora
de un hecho del que no tomó parte y proscribirla para cualquier actividad
política y social es una amenaza latente contra toda protesta. El presidente
Maurizio Macrì se sale de la vaina por estrenar la original Doctrina Morales
con la dirigencia de los trabajadores estatales neuquinos, que no estaban
presentes cuando piedras de origen desconocido trizaron dos vidrios de su
camioneta, que se apartó de los protocolos de seguridad para procurarle un
alfajor a la Niña Antonia. Es inverosímil que hayan apedreado al presidente con
las pecheras de ATE bien visibles para protestar por los despidos de estatales.
Macrì también interpeló en una declaración pública a Horacio Rodríguez Larreta
para que en 2017 tenga “un comportamiento distinto y termine con los piquetes”
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Patricia Bullrich, que lo urge en el
mismo sentido, viajó a Israel en noviembre junto con el diputado Waldo Wolff
(DAIA-PRO). Con los ministros de Defensa, Avigdor Lieberman, el ala
ultraderechista de un gobierno de derecha, y con el de Seguridad, Gilad Erdan,
debatió sobre “modelos policiales y de investigación y programas de
capacitación”. En la conferencia internacional HLS&Cyber, donde las
empresas israelíes no sólo ofrecen en venta equipos sofisticados sino también
la doctrina de su empleo, Bullrich disertó sobre el terrorismo internacional
(que no entra en las competencias de su ministerio). En diciembre, su colega de
Defensa Julio Martínez anunció la intención de adquirir para el Ejército entre
10 y 30 vehículos blindados de combate Piraña, fabricados en Suiza por General
Dynamics, que no llevan orugas sino ocho neumáticos. ¿Se intuye qué uso
pretenden darles? Wolff es el impulsor de la escandalosa reapertura de la causa
fenecida por la denuncia del fiscal Natalio A. Nisman, con la que el gobierno
imagina sacar de la pista electoral a la ex presidente CFK y restringir las
garantías del debido proceso para los réprobos, mientras la economía sigue
esperando algún semestre. Sus partidarios respondieron en las redes
antisociales con un poster que vaticina: “Échenla a los lobos y volverá como
jefa de la manada”. Entre 2010 y 2014, Nisman recibió 282.000 dólares
transferidos por una empresa de Sheldon Adelson a la cuenta bancaria
9700-7548-MAJ-6325-AC874, de la sucursal uruguaya en Colonia del Banco israelí
Hapoalim, cuyo detalle publiqué aquí el 24 de enero de este interminable 2016.
Adelson es socio de Paul Singer en el fondo buitre Elliot, y uno de los mayores
aportantes a las campañas del primer ministro de Israel Benjamin Netanhayu y
del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La cooperación israelí
en tecnología de inteligencia, seguridad y defensa fue acordada por Macrì y
Netanhayu ese mismo mes de enero cuando se encontraron en Davos, donde el
presidente llevó un bufón. La declaración de emergencia en seguridad permite
comprar esos juguetes sin licitación. También coincidieron sobre el juzgamiento
en ausencia de los acusados iraníes por la explosión de la DAIA en 1994. Macrì
y Netanyahu ya se habían visto en Israel, en junio de 2014, cuando hablaron del
fallo del juez de Wall Street, Thomas Griesa. “Habrá que pagar al contado”,
opinó Macrì. Esa es una de las promesas que cumplió desde el gobierno. El
gestor del encuentro fue su actual secretario de derechos humanos Claudio
Avruj, socio del compañero sentimental de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco.
Juntos administran la agencia de noticias Vis-A-Vis, financiada con publicidad
oficial argentina y cuya principal fuente informativa internacional es el
diario Israel Hayom, propiedad de Sheldon Adelson, desde el que se giraron las
subsistencias a Nisman. ¿Me acusará la DAIA de antisemita por revelar estos
pormenores?
Liderazgo social como agravante
El comienzo del veredicto con los incidentes y
las prescripciones es usual, aunque ningún código lo manda. En abril de 2013,
Horacio Días, presidente del Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital adelantó
la parte dispositiva de la condena por el asesinato de Mariano Ferreyra en un
lenguaje llano, comprensible para todos, como quien razona en voz alta sobre la
lógica del fallo y la valoración de cada prueba. Eso requiere buen conocimiento
del derecho y respeto por la propia función y por la publicidad de los actos de
gobierno. En cambio, el tribunal jujeño vertió sobre Milagro y los suyos una
dosis adicional de sadismo, luego de mortificar a los reos (rodeados a pocos
centímetros por una sobrepoblación de gorilas machos y hembras con uniforme y
actitud intimidatoria), defensoras (que hasta recibieron gritos del presidente
del tribunal) y público (que debió aguardar horas bajo el sol de diciembre,
porque sus señorías no se preocuparon por disponer de suficiente espacio y
organizar con sensatez el ingreso. Estas deficiencias fueron agravadas por el
encarnizamiento de los cuerpos especiales de la policía jujeña, que manosearon
y apalearon a discreción, y atenuadas por el sentido común y la buena
disposición dentro del tribunal del comisario de la Policía Federal, Pablo
Agüero).
El día anterior al juicio, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación hizo saber que también estaba alineada con el escarmiento
que la Alianza Cambiemos dispuso para los alborotadores. Sin fundamentarlo
rechazó cuatro recursos de los procesados y del Ministerio Publico Fiscal de la
Nación. Sala, López, Salvatierra y la fiscalía pidieron la suspensión del
juicio a prueba. El Tribunal se opuso alegando la “connotación social del
caso”, un agravante sui generis, que profundizaría luego el fiscal Federico
Zurueta en su alegato sobre la mayor responsabilidad de Milagro Sala por su
carácter de líder social. La Corte Suprema demoró ocho meses en rechazar esos
recursos. En cambio apenas necesitó una semana para hacer lo mismo con la
querella de Milagro Sala contra los funcionarios de Morales que la privaron en
forma ilegal de la libertad, la fiscal Liliana Fernández Montiel, íntima amiga
del ministro Ekel Meyer, y el juez Gastón Mercau, padre de los nietos de la
presidente del Superior Tribunal, Clara De Langhe de Falcone.
El 12 de mayo, el mismo tribunal ya había
declarado prescripta la acción por amenazas, pero en octubre la Cámara Nacional
de Casación Penal revocó esa decisión para que fuera el tribunal de juicio el
que decidiera si debía considerarse el plazo de las amenazas simples, que es
más breve, o de las agravadas. Morales y la fiscalía sostuvieron que el
agravante era la coacción tendiente a impedir, según los concertados testigos
del gobernador, que se auditaran las obras construidas por cooperativas. Esa tarea
sería más simple ahora, porque Morales suprimió toda contratación con la Túpac
Amaru, colocó a uno de sus hermanos en el instituto provincial de la vivienda y
ofreció a las constructoras privadas la recuperación del mercado perdido.
La clave de fondo
Esta es la clave de fondo de la ofensiva
obstinada contra Milagro Sala que no sólo la privó en forma ilegal de su
libertad, sino que destruyó su obra construida en dos décadas. La primera tarea
que se propuso Morales fue descabezar a esa organización gigantesca que llegó a
ser el tercer empleador provincial, después del Estado jujeño y del ingenio
Ledesma. Con el bipartidismo peronista-radical, Carlos Pedro Blaquier y el
ingenio fueron el poder real en la provincia, hasta que la Túpac Amaru expresó
y logró organizar el descontento popular con el sistema político. En todos sus
sitios hay carteles con frases de los tres númenes de la organización.
“Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza”, proclama Túpac Amaru.
“Endurecerse sin perder la ternura” es la consigna del Che. Milagro aprovecha
un rayo de luz que viene de afuera de la pieza que comparte con otras cuatro
reclusas para leer y releer de noche “La razón de mi vida”, escrito por otra
plebeya amada y odiada por igual, que sólo se salvó del escarnio que ella
padece porque apenas vivió 33 años. Como explica la antropóloga Elizabeth Gómez
(homónima pero no pariente), en una investigación sobre el barrio Alto
Comedero, la conformación de cooperativas de trabajo representó mucho más que
la vivienda para una población que no tenía acceso al salario, lo cual ponía en
crisis la propia subsistencia. Entre 1980 y 2001 un proceso de generación y
consolidación de población sobrante para las necesidades del capital llevó la
desocupación del 1,8 al 37 por ciento de la población jujeña. Los desocupados
se refugiaron en el Estado y convergieron sobre las zonas urbanas. Esa fue la
base del protagonismo de las organizaciones sociales, que surgieron vinculadas
al movimiento sindical. Entre 1990 y 1998, Jujuy tuvo ocho gobernadores. La
mitad fueron derrocados por movilizaciones populares de los sindicatos
nucleados en el Frente de Gremios Estatales, que fueron desplazando a los
punteros políticos de los partidos tradicionales. El Estado reconoció a esas
organizaciones, vinculadas con la CTA y la CCC como mediadoras en la asignación
de planes de empleo. En 1999, Milagro Sala era secretaria de organización de la
CTA. El origen sindical de la organización barrial se advierte en la elección
de delegados, el cobro de una cuota gremial a sus miembros y el uso de ropa de
trabajo con la silueta de Túpac Amaru (que la querella, la fiscalía y los
testigos del contador Morales confundieron en forma maliciosa en el juicio con
uniformes de una organización armada o paramilitar). Milagro sumó también a esa
rudimentaria organización a chicos de la calle que nunca habían trabajado,
provenientes de barrios enfrentados, que se unieron para enfrentar situaciones
sociales comunes. Luego de años de administrar en forma compartida bolsones de
alimentos, en 2005 comenzó a recibir fondos del gobierno nacional para
construir viviendas y en 2009 ya tenía 70.000 miembros y 4500 trabajadores
organizados en cooperativas. En 2012 formó el Partido de la Soberanía Popular,
que con 98.000 afiliados sólo fue superado por el justicialismo con 120.000, y
en las elecciones de 2013 integrado en un frente con otras fuerzas rozó el 15
por ciento de los votos. El ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA
Jaime Sorin analizó que en los barrios de la Tupac “la idea de un techo no es
suficiente, habilitando la posibilidad de construir ciudad a través de la
acción de un colectivo social devenido en comunidad, rechazando la
fragmentación territorial y la segregación social de las formas tradicionales
de estandarización urbana. A diferencia de otras expansiones, esos barrios han
evitado desde su concepción el rápido deterioro de los entornos ya que son sus
mismos habitantes –constituidos en ciudadanos sujetos y demandantes de sus
derechos– los que han decidido vivir en entornos calificados con la presencia
de los equipamientos sociales necesarios desde el inicio; y de allí la
presencia de todo aquello que convierte al conjunto en un barrio más integrado
y de mejor calidad: escuelas, centro de salud, parques para la recreación,
presencia de los servicios públicos y, fundamentalmente, lugares de trabajo que
garantizan la perdurabilidad de la condición urbana”. Así fue, pero Sorín pecó
por exceso de optimismo. Esa extraordinaria organización, que dio una nueva
visión del mundo y de su rol en él a quienes sólo eran personal de servicio de
la burguesía local, duró lo que los recursos estatales. Su brusca interrupción,
que motivó el acampe, el chantaje que se ejerce sobre quienes han vuelto a
vivir en una economía que ni siquiera garantiza la subsistencia, para que
abandonen a la Túpac y acusen a Milagro de los delitos más disparatados, la
devolución de los programas de obra pública a las empresas constructoras, la
redujeron a su mínima expresión. Encuadrar esa experiencia como una conducta
delictiva contradice los resultados de esos años en que se cumplieron las metas
del milenio supervisadas por las Naciones Unidas y que mejoraron en forma
substancial los indicadores sociales. Entre 2005 y 2015 el desempleo y el
subempleo disminuyeron a la mitad en los aglomerados urbanos jujeños de San
Salvador y Palpalá; la pobreza cayó del 50 al 3,4 por ciento de los hogares
entre 2003 y 2012 y las necesidades básicas insatisfechas del 28 al 18 por
ciento entre los censos de 2001 y 2010. Liz Gómez ya vaticinaba que un cambio
en sentido contrario en las políticas de protección social podría revertir con
rapidez la tendencia iniciada a partir de 2003.
Fuente: Página 12
