Por Luis Bruschtein
Cristina Kirchner tiene por lo menos ocho causas
armadas en su contra como parte de la ofensiva del macrismo para impedir que el
kirchnerismo vuelva a reconstruir su fuerza. El corazón de esa ofensiva está en
la investigación de los contratos de obra pública. Pero por precaución, para
evitar que la investigación afecte a las empresas ligadas al macrismo, como las
de Calcaterra y Caputo, o a las contratistas históricas más poderosas, como
Techint, la orden del gobierno de conservadores y radicales fue investigar
solamente la obra pública que se realizó en la provincia de Santa Cruz, la
única donde el principal contratista es la empresa de Lázaro Báez. Sobre esa
piedra basal se apoya la certificación de la megacorrupción kirchnerista que alegan el oficialismo y los grandes
medios corporativos que lo respaldan. Con bastante eficiencia han podido
instalar ese guión en el imaginario de un sector de la sociedad: la gran bestia
ponzoñosa de la obvia corrupción “k”.
La causa sobre corrupción en la obra pública
tendría que ser el corazón que diera vida a este monstruo inconmensurable y
diabólico. Por eso tenían que ponerle una cifra que alimentara esas dimensiones
míticas. En las 780 y pico de páginas de la argumentación del juez Julián
Ercolini no hay cifras de ciertas ni de supuestas coimas ni de sobreprecios, ni
de presupuestos injustificados. No existen esas cifras, y como tienen que
ponerle alguna que sea inconcebible, que desborde cualquier fantasía, el juez
inventó los diez mil millones de pesos, que sería el total de lo que insumieron
las obras públicas que se le asignaron a Báez en Santa Cruz durante diez años.
Por lo general, en las provincias grandes están
los grandes contratistas que disputan obras. En las más chicas, están las
empresas menores y, en aquellas que, por las condiciones climáticas y
geológicas extremas, como Santa Cruz, que exigen especificaciones técnicas más
complicadas, por lo general hay un solo contratista especializado importante
que para algunas obras que lo exceden suele asociarse con alguno de los más
grandes.
Santa Cruz es una de las provincias con menos
habitantes y con más extensión territorial y por lo tanto ha sido una de las
más relegadas. A los gobiernos no les interesa desarrollar obras públicas
costosas donde hay pocos votos. La excepción sería un gobierno de origen
santacruceño como los del kirchnerismo. Que un gobierno de origen santacruceño
le haya dedicado el diez por ciento de la obra pública a una provincia que
tiene el once por ciento del territorio nacional, es casi una reparación
histórica, un acto de patriotismo. En cambio al juez Ercolini le parece una
prueba de corrupción. Y sobre esa acusación discurre el carrousel de cifras
faraónicas captadas por la corrupción. Si eso es todo, si lo que dice el
escrito es todo lo que han encontrado, entonces no tendría que haber
acusación.
La presunción de corrupción se basa en la
cantidad de obras públicas que se hicieron en Santa Cruz en los doce años de
kirchnerismo. Pero no se ha encontrado el dinero que involucró esa corrupción
fenomenal. No existe ruta del dinero “k” porque hasta ahora ese dinero
solamente existe en el discurso mediático y judicial. Periodistas del Grupo
Clarín, financiados por los fondos buitre, viajaron a Panamá para encontrar
cuentas offshore. Con semejante respaldo no encontraron nada allí ni en ningún
otro paraíso fiscal europeo, norteamericano, británico, ni en las Seychelles ni
en las Cayman. Hasta ahora nadie ha podido demostrar que el dinero “k” no sea
lo que han declarado los “k”. Excavaron en la Patagonia y no encontraron pozos
del tesoro ni sótanos atiborrados de billetes. El único dinero “k” estaba en
cuentas declaradas en Argentina. Para algunos será mucho, para otros es poco,
pero todo está declarado.
Columnistas de Clarín y algunos de La Nación
calificaron el escrito acusatorio de Ercolini de “detallista” y “muy completo”.
Salieron a disimular los agujeros. Un solo columnista de La Nación reconoció
que el escrito por sí solo, ni esa causa por sí misma, alcanzaban para una
condena, sino que era necesario visualizar las ocho causas como un todo. En la
Justicia no existe nada parecido: se es culpable o inocente en una acusación
concreta que se dirime en una causa. Y con esta acusación, por la cual fue
procesada y embargada, Cristina Kirchner queda más limpia que antes, esta
acusación elimina toda sospecha, ilumina a un fantasma que desaparece con la
luz.
Las situaciones de Milagro Sala y Cristina
Kirchner están calcadas. En vez de tener una sola causa fuerte cada una, como
debería ser, tienen un montón de causas abiertas. La única razón que lo explica
es la intención de persecución política, de desfile interminable y humillante
por los tribunales con acusaciones de corrupción, magnicidios y traición a la
patria. A Milagro ya la condenaron a tres años en suspenso por una tirada de
huevos en la que no estuvo y la inhabilitaron tres años para dirigir
movimientos sociales por un acampe pacífico. Las acusaciones contra Milagro
Sala tienden a criminalizar la protesta social. Las acusaciones contra Cristina
Kirchner buscan criminalizar decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Hay un
hilo de complicidad en la Justicia que involucra al oficialismo, a los grupos
de poder económico y a los servicios de inteligencia. El oficialismo siempre
fue consciente del control que podía ejercer sobre el Poder Judicial. No fue
casual que dos de las primeras acciones de Cambiemos fueron copar el Consejo de
la Magistratura con la ayuda del opoficialismo y tratar de meter por decreto a
dos jueces en la Corte, lo mismo que hizo Gerardo Morales en Jujuy. La jueza
María Servini de Cubría le dijo a Ambito Financiero que en 40 años de Poder
Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con este gobierno. El
control total de la Magistratura por parte del oficialismo es una poderosa
herramienta de presión. En todo caso esta semana hubo una seguidilla de fallos
insólitos: la Corte no quiso intervenir en el escandaloso diferendo con los
organismos internacionales por la detención ilegal de Milagro Sala y lo derivó
a la cuestionada justicia jujeña dominada por Morales, y a su vez Casación
reabrió la denuncia bizarra del fallecido fiscal Alberto Nisman que ya había
sido rechazada en cinco instancias previas. “Se le exige demasiado a una
denuncia” fue la excusa. “Demasiado” es que, por lo menos, tenga una prueba.
Para Casación se puede acusar sin pruebas.
La ráfaga de causas abiertas contra Cristina
Kirchner y otros dirigentes fue combinada con tácticas de extorsión y
cooptación que buscaron dividir y aislar al kirchnerismo en un movimiento de
pinzas que hizo ilusionar al massismo haciéndole creer que el macrismo lo veía
como heredero del peronismo y sucesor natural de un gobierno macrista. En los
hechos se produjo un primer efecto de dispersión en el Frente para la Victoria
con algunas deserciones, el surgimiento de nuevos agrupamientos y un debate
caótico. Se perdió el voto homogéneo en el parlamento y en algunos momentos
parecía que se producirían rupturas y realineamientos importantes.
Pero la persecución judicial y el uso abiertamente
extorsivo de ese control sobre jueces y fiscales generó finalmente un efecto
contrario al que buscaban. Seguramente también influyeron las primeras
encuestas en las que el massismo queda relegado al tercer lugar y Cristina
Kirchner le saca más de diez puntos a Elisa Carrió. El tercer lugar de Massa
fue competitivo en 2015, pero si no crece en las próximas elecciones dejaría de ser una carta de triunfo para
algunos caudillos del PJ que pudieran estar expectantes. Un nuevo tercer lugar
condena a Sergio Massa a funcionar como furgón de cola de Cambiemos como hizo a
lo largo de este año.
Fuente: Página 12
