La Vicepresidenta estuvo esta semana en el programa de Leuco haciendo una suerte de descargo ante las acusaciones que se presentaron por irregularidades surgidas a partir del robo cometido en su casa. Dinero de dudoso origen, contratos de su pareja con el Gobierno de la Ciudad por cifras millonarias, sumado a donaciones por cientos de miles de pesos de mano de contratistas billonarios del Gobierno de la Ciudad a una fundación sin papeles fueron el puntapié para que Michetti hoy esté imputada a requerimiento del fiscal Marijuán.
La intervención de Michetti en el programa aclaró algunas dudas:
Michetti tenía 50 mil dolares de inexplicable origen, propiedad de su novio, Juan Tonelli, contratista millonario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para pagarle una maestría en noviembre del año pasado a su hijo que a la fecha no esta recibido. Es decir, con el dinero de los contribuyentes el Gobierno de la Ciudad le pagó a la pareja de Michetti contratos millonarios mientras ella era vicejefa porteña y después senadora, y luego Tonelli de su bolsillo le hizo un préstamo.
Una Suma que resta
La Fundación Suma, “Fundación Suma para el diseño de políticas públicas con visión estratégica” ya desde el nombre parece aspirar a influir sobre el rol del estado en la sociedad y no dedicarse exclusivamente a las tareas “solidarias” que le atribuye Michetti.
Formada el 15 de septiembre de 2009, la Fundación no ha presentado un solo balance en la IGJ hasta la semana pasada fecha en que, ya investigada penalmente, decidió a legalizar la situación. Tampoco tuvo nunca empleados pese a que Michetti públicamente admitió pagarle a la Directora y a dos personas que realizaban tareas full time en la entrevista en Radio Vorterix. Curiosamente recién a fines de Julio y luego de presentada la denuncia penal, la fundación se inscribió frente a la AFIP como empleadora.
Esto significa que prácticamente ninguna actividad de la Fundacion fue fiscalizada por el estado, ni siquiera las asambleas que recién fueron presentadas la semana pasada ante la IGJ.
Por ley, las donaciones a una fundación deben estar bancarizadas, y para abrir una cuenta bancaria a nombre de una fundación la misma debe contar con todos los papeles de inscripción reglamentarios, que nunca habían sido terminados.
La ley también indica que:
Todas las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000 o el equivalente en especie, en un solo acto o en varios, que individualmente sean inferiores a dicha cifra pero que en conjunto la superen, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días, deberán presentar una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas fundaciones se consideran sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos de la Resolución UIF N° 30/11
Fundaciones como Suma deben ser fiscalizadas también por la UIF porque la Ley Anti Lavado concibe la posibilidad de que una fundación pueda ser utilizada para mover dinero en negro, por ejemplo: un contratista del estado podría recibir un contrato millonario “inflado” y hacerle el “retorno” a los funcionarios que “facilitaron” ese contrato a través de una fundación que ellos mismos manejen.
Los 30 sponsors de Gabriela Michetti en la Fundación Suma son contratistas millonarios del gobierno macrista. Ver lista de sponsors
