Echados para ser reemplazados
El gasto en remuneraciones de la administración nacional
creció 36 por ciento, muy por encima del 26 del gasto público promedio.
Cambiemos contrató una gran cantidad de asesores y aumentó el peso de la
estructura política en lugar de miles de cesanteados.
Por Javier Lewkowicz
A pesar de que el Gobierno buscó justificar los despidos
masivos en el Estado nacional a comienzos de año bajo el argumento del “ahorro
fiscal” que suponía dejar de pagar esos salarios, los datos de ejecución
presupuestaria de las remuneraciones de la administración nacional reflejan
subas interanuales del 36/37 por ciento, muy por encima del crecimiento del 26
por ciento del gasto público en promedio. La aparente contradicción se explica
porque Cambiemos contrató una gran cantidad de asesores con cargos
extraescalafonarios, con sueldos significativamente mayores a los de la planta
regular de trabajadores. Por otro lado, aumentó el peso de la estructura
política del Estado (ministros, secretarios y subsecretarios), que exige mayor
erogación fiscal. La información fue relevada por el Círculo de Estudios
Laborales (Celab) que funciona en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la
Universidad Nacional de San Martín.
En apenas un par de meses, el Gobierno echó a 10.921
trabajadores que se desempeñaban en distintas dependencias del Estado nacional.
Numerosas historias de aquellos primeros días del año, narradas en primera
persona, daban cuenta de que el relato oficial sobre los ñoquis era una gran
mentira. Los trabajadores fueron despedidos (o su contrato no fue renovado) sin
justificación, incluso en muchos casos recibieron felicitaciones por su tarea
pero “había que hacerlo igual por órdenes de arriba”. El blanco predilecto fue
el empleado con algún tipo de sintonía con el Gobierno anterior. Fueron
particularmente afectados organismos ligados simbólicamente al kirchnerismo,
como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) o el
Centro Cultural Kirchner.
“Pero las desvinculaciones también se orientaron a dar forma
al nuevo tipo de Estado que el macrismo prevé construir. En consecuencia, los
despidos afectaron particularmente las áreas del Estado cuyas atribuciones son
consideradas por el oficialismo como de baja prioridad, innecesarias o
directamente contraproducentes”, indica el informe del Celab. En ese sentido,
recuerda que fue desmantelado el equipo del Plan Progresar (Ministerio de Hacienda)
y reducidas las áreas de fiscalización y el Programa Asistir, que brindaba
asistencia jurídica a trabajadores con conflictos laborales (Ministerio de
Trabajo). También destaca los 300 despidos en la Secretaría de Agricultura
Familiar, los 800 empleados echados del Ministerio de Salud que se desempeñaban
en las áreas de salud mental, sexual y reproductiva, 200 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, más de 1000 despidos en el Ministerio de Cultura y
100 en Ministerio de Seguridad.
El informe del Celab da luz sobre uno de los argumentos
utilizados por el macrismo para justificar los despidos. Según estimaciones
oficiales, el “ahorro” fiscal por dejar de pagar esos casi 11 mil salarios
llegaría a los 3 mil millones de pesos por año. “Sin embargo, no parece haberse
producido una disminución de la carga presupuestaria del empleo en el gasto
total, sino más bien todo lo contrario”, indica el trabajo. Detalla que “las
remuneraciones es uno de los conceptos del gasto de la administración pública nacional
que más crecieron durante estos últimos meses (36,1% interanual en mayo; 36,1%
en abril; y 39,7% en marzo)”. Ese incremento está muy por encima del aumento
promedio del gasto del Estado (26 por ciento) y de la paritaria firmada por
UPCN, apenas por encima del 31 por ciento. “Esto podría ser el resultado, en
primer lugar, de la proliferación de cargos extraescalafonarios, que están de
la estructura del Estado y son creados especialmente por las autoridades
políticas para la contratación de asesores con sueldos significativamente
mayores a los de la planta regular de trabajadores. Por otro lado, esta
situación también obedecería al significativo reemplazo de contratos
correspondientes a categorías salariales bajas por otros de categorías altas.
Por último, es notable el crecimiento de la estructura política del Estado:
entre diciembre de 2015 y enero de 2016 la cantidad de Ministros, Secretarios y
Subsecretarios de Estado creció de 252 a 309”, agrega el Celab.
El trabajo también contiene una evaluación sobre la dinámica
del empleo público entre 2003-2015, que alcanzó del 18,5 por ciento sobre el
total de los ocupados en 2004 (a raíz del desguace del trabajo en el sector
privado) y en 2015 se ubicaba en un 17,5 por ciento. Del total de los 129.768
nuevos trabajadores que se incorporaron en ese período, el 58 por ciento lo
hizo en los regímenes de planta permanente y transitoria y el 42 por ciento
restante, como contratado. Esas proporciones representaron una sustancial
mejora con respecto a la calidad del empleo público en relación a los `90, a
pesar de que se mantuvieron altos índices de relativa informalidad.
