Con relación al blanqueo impositivo buena parte de los esfuerzos que el gobierno realiza están destinados a bloquear toda posibilidad que los argentinos conozcamos quienes fueron los fugadores de divisas de origen espurio. Ya sea por provenir de la evasión fiscal u otras ilegalidades más graves aún, tales como lavado de dinero y corrupción.
Están armando un entramado de regulaciones para impedir que desde los bancos, de la propia Afip y otros organismos oficiales puedan filtrar los datos, yendo más allá de lo que la propia ley sancionada recientemente por el congreso establece, al extremo de convertir en un delincuente a quien filtre alguna información.
Es decir, legalizan maniobras ilegales de dinero que perjudicaron al país en su conjunto, y convierten en ilegal el ejercicio del derecho constitucional a conocer quienes fueron sus protagonistas.
Una curiosa manera de interpretar la transparencia de la información en la función pública que durante la campaña predicaba el PRO.
Tan curiosa que mientras desde el Estado ocultan las maniobras fraudulentas de las sociedades off shore y el destino de dólares oscuros hacia los paraísos fiscales, simultáneamente pretenden manipular ilegalmente datos que forman parte de la intimidad de las personas y que constan en los registros públicos por la simple razón de nuestra condición de argentinos.
* Ex Diputado Nacional
Fuente: Soy donde no pienso
