El momento en que Díaz (arrodillado) se entrega
(Foto Eduardo Longoni)
Lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Casación
Penal y abarca los tormentos, homicidios y desapariciones de Iván Ruiz y José
Díaz, dos de los cuatro militantes del Movimiento Todos por la Patria
desaparecidos tras el copamiento del cuartel militar en enero de 1989. Además,
los integrantes de la Sala 1 calificaron estos hechos como crímenes
imprescriptibles. Radio La Retaguardia dialogó durante el programa Hora Libre,
con Irene Provenzano, hija de Francisco, otro de los desaparecidos, sobre la
importancia de este fallo y el largo recorrido realizado para alcanzarlo. (Por
La Retaguardia)
El 23 de enero de 1989, militantes del
Movimiento Todos por la Patria (MTP) ingresaron al Regimiento de Infantería
Mecanizada III de La Tablada con el objetivo de coparlo. Consiguieron su
objetivo pero rápidamente las fuerzas estatales comenzaron la tarea de
recuperar el control del lugar. Para esa tarea, recurrieron a las “viejas”
prácticas del Terrorismo de Estado. Hubo un largo enfrentamiento con la Policía
Bonaerense y el Ejército, en el que murieron varios integrantes del MTP y otros
finalmente se rindieron y entregaron. Sin embargo, algunos fueron fusilados y
otros capturados con vida, de los cuales cuatro fueron desaparecidos: Francisco
Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y José Díaz.
El fallo de la Sala I hace referencia
específicamente a las torturas y asesinatos de Ruiz y Díaz en la guardia de
prevención del cuartel, cuyos restos permanecen desaparecidos.
En primera instancia, el juez de Morón Germán
Castelli había declarado la causa por las cuatro desapariciones como de lesa
humanidad, pero la medida fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín. Sin embargo, la lucha e insistencia de familiares y organismos de
derechos humanos llevaron a que en los últimos días, la Sala I de la Cámara
Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos,
reabriera la causa contra el entonces general Alfredo Manuel Arrillaga y el
militar Jorge Eduardo Varando por la aplicación de tormentos y las ejecuciones
contra militantes del MTP.
“Esta decisión tuvo su primer paso con el fallo
de la Corte Suprema en diciembre de 2014 cuando le reclamamos que no permitiera
que la causa prescribiera. En ese momento, con los votos negativos de (Carlos)
Fayt y (Ricardo) Lorenzetti, se logró que la Corte dijera que se tenía que
seguir investigando, haciendo suyos la mayoría de los argumentos de la
procuradora (general de la Nación, Alejandra) Gils Carbó, que se había
pronunciado unos meses antes. La continuidad del juicio con la postura de la
Corte Suprema y ahora con la Cámara de Casación nos permite que tenga un
correlato jurídico esto que venimos denunciando hace muchos años los familiares
y ex compañeros de los desaparecidos y fusilados en La Tablada”, explicó Irene,
hija de Francisco Provenzano.
Para Provenzano, el avance de esta causa se dio
en gran medida gracias al informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de 1997 que hacía referencia a las violaciones a los derechos
humanos que se cometieron en el cuartel: “se responsabiliza en ese momento a
Arrillaga y Varando, y se le recomienda al Estado argentino que realice una
investigación completa e imparcial de los hechos, investigación que el Estado
nunca llevó adelante, pero que es una y otra vez tomado por la Corte y
Casación, y también por nuestras abogadas querellantes, como prueba y elemento
para insistir en la necesidad de investigar y que esto no quede en la impunidad
total. La CIDH da legitimidad a lo que los compañeros vienen sosteniendo desde
1989 cuando fueron llevados a juicio quienes estuvieron en La Tablada; desde
ese momento ellos denuncian que había compañeros que fueron llevados del
cuartel y que no estaban, denuncian las torturas, los fusilamientos
extrajudiciales y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el
cuartel, y como eso nunca tuvo un correlato en la investigación y juzgamiento
de los responsables”.
Provenzano destacó la importancia del informe
presentado ante la Corte Suprema por las abogadas querellantes Liliana Mazea y
Marta Fernández para alcanzar este fallo y mencionó además la estrategia
llevada adelante por la defensa de los acusados: “previo a nuestra presentación
también hicieron lo propio la defensora pública oficial de Arrillaga
presentando argumentos vinculados a que las recomendaciones de la CIDH son solo
recomendaciones, que no son vinculantes y que, por otro lado, sí hubo una
investigación completa e imparcial solo que a la querella no le satisface el
resultado, y que al no ser crímenes catalogados como de lesa humanidad hay una
prescripción establecida por ley de 20 años que ya estaría superada y que en el
caso de Arrillaga tiene derecho a juzgamiento en un plazo razonable, cosa que
después de 25 años se habría cumplido. Esos argumentos pueden ser fácilmente
rebatidos aun cuando no se catalogue el caso como de lesa humanidad, ya que
están comprobadas las violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido el
Estado argentino tiene responsabilidad no solo de investigar hasta el fondo las
consecuencias y no dejar esto en la impunidad, sino de juzgar a los agentes del
Estado que cometieron estas violaciones”.
Por otro lado, la hija de Francisco Provenzano
aclaró que tanto Arrillaga como Varando están detenidos actualmente, pero por
otras causas: “Arrillaga por ser responsable también de lo sucedido en la Noche
de las Corbatas durante la última dictadura cívico militar (se hace referencia
al secuestro de abogados laboralistas combativos en su mayoría en Mar del
Plata). En tanto, Varando siguió después en sus funciones como secretario
privado de seguridad y es el responsable de algunos de los asesinatos de la
represión de 2001. Esto no anula que no tienen sentencia por su responsabilidad
en los crímenes cometidos en La Tablada, con lo cual un avance en el juicio y
una condena como principales responsables de la represión permitirían que se
haga justicia en este caso particular. Los familiares, los compañeros, las
compañeras y los organismos de derechos humanos, las organizaciones que nos han
acompañado todos estos años en el reclamo seguimos exigiendo memoria verdad y
justicia por los hechos cometidos en La Tablada, señalando a los principales
responsables y exigiéndole a la justicia que investigue y lleve esto hasta las
últimas consecuencias”.
Hacia el final de la entrevista, Provenzano
volvió a destacar el trabajo realizado por los familiares y organismos para
conseguir este fallo: “después de 25 años de complicidad política y judicial
que hace que todos los crímenes cometidos en La Tablada sigan impunes, creo que
este fallo es producto de la lucha de compañeros y compañeras que siguen
denunciando esto desde hace más de 20 años, que siguen haciendo presentaciones,
que seguimos yendo al juzgado de Morón donde la causa sigue estando, donde se
puede seguir investigando, se puede seguir llamando a indagatoria a quienes
estuvieron a cargo del operativo mal llamado de ‘recuperación’ del cuartel”.
Provenzano cerró la charla con La Retaguardia
con un grito que se escucha desde hace más de 25 años, pero que no por ello deja
de perder fuerza: “Iván Ruiz y José Díaz, Francisco Provenzano, Carlos
Samojedny presentes, todos y todas los compañeros y compañeras caídos en La
Tablada presentes, ahora y siempre”.
Fuente: Agencia para la Libertad
