"NO ADJUDIQUÉ EL PRESUPUESTO"
Ayer fue el turno de la indagatoria del ex
ministro de Planificación, quien, al igual que la ex presidenta, cuestionó la
figura de la asociación ilícita para esta causa. Dijo que la asignación de las
obras públicas correspondía al detenido ex secretario José López.
Por
Irina Hauser
El ex ministro de Planificación y actual
diputado Julio De Vido declaró ante el juez Julián Ercolini que no era su tarea
asignar obras viales ni controlarlas, sino del ex secretario de Obras Públicas,
José López, quien está citado a indagatoria para hoy. Más allá de su situación
particular, sostuvo en la misma línea que Cristina Fernández de Kirchner: “En
qué gastar, cómo y dónde se hace obra pública” son decisiones “del Poder
Ejecutivo sometidas al Poder Legislativo” que en sí no pueden ser delitos. “La
política de criminalizar los actos de gobierno es utilizada riesgosamente en
casi todas las causas seguidas a los funcionarios del gobierno al que
pertenecí”, planteó De Vido, quien está acusado de integrar una asociación
ilícita, junto con la ex presidenta y otros funcionarios, cuyo objetivo habría
sido favorecer al empresario Lázaro Báez y quedarse con dinero de la obra
pública vial en Santa Cruz.
De Vido fue recibido en el juzgado por el propio
Ercolini, además de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques más un
equipo de secretarios que trabajan con ellos. Pidió, igual que CFK, la nulidad
de su citación a indagatoria, que considera infundada porque está basada en
cuestiones que considera no judiciables. No sólo se refiere a las decisiones de
realizar tal o cual obra y destinar cierto presupuesto, sino a que una de las
imputaciones es que Néstor Kirchner habría trasladado a muchos de los que
fueron sus funcionarios de confianza en Santa Cruz al gabinete nacional, en
puestos claves en obra pública, para lo cual también creó el ministerio que
estuvo a cargo de De Vido. Todo eso supuestamente ideado para cometer delitos y
desviar fondos. En función de esa descripción, el abogado defensor del ex
ministro, Adrián Maloneay, les dijo con ironía a los fiscales que construyeron
una verdadera “novela”.
Uno de los puntos en que hizo hincapié De Vido
es que Pollicita y Mahiques hablan de supuestos sobreprecios, privilegios y
desvíos, pero no hay en el expediente ni una pericia o informe técnico en que
se apoye esa afirmación. Reclamó que, en todo caso, se concreten y se demuestre
la imputación con evidencias reales. Lo único que hay es una denuncia genérica
del actual director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ex candidato a
intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento. Iguacel invocó un informe de la
Unidad de Auditoría realizado en tiempo récord en enero de este año que,
paradójicamente, según destaca De Vido –y también había planteado CFK– concluye
“que no existen desvíos significativos en la obra pública” y “no hay ni un solo
pago que no corresponda a un certificado de obra”.
Ante la acusación de integrar una asociación
ilícita –un delito de los más graves contra la administración– De Vido aseguró
que no benefició a Báez y que no integró ninguna banda dedicada a robar dinero
de las arcas del Estado. Pidió al juez que tenga en cuenta toda la obra pública
a nivel nacional, señaló que es habitual que una provincia tenga uno o dos
contratistas principales y recordó que el Grupo Austral de Báez está ubicado en
el puesto 38 en el ranking de las adjudicaciones. “En la causa se omite
analizar las obras de manera contextualizada en una política de inserción en
todo el país”, dijo. Se sumó así al pedido de la ex mandataria para revisar
todas las obras a nivel nacional.
“Debo decir que no intervine en ningún tramo de todos los
procesos que llevaron adelante las obras públicas cuestionadas”, puntualizó
también De Vido, en lo que concierne a su función como ex ministro. “A lo largo
del dictamen los fiscales describen situaciones, sucesos y hechos de las que no
he sido parte”, señala. Aclaró que no tuvo relación ni dirigió la Dirección
Nacional de Vialidad ni la provincial, no participó en las licitaciones, ni
controló las obras de Vialidad, “no decidí el lugar de las obras cuestionadas
ni su volumen ni su estructura, ni adjudiqué el presupuesto de manera concreta
a tal o cual obra sino a la DNV”, tampoco “intervine en la asignación del
fideicomiso” utilizado “que estuvo a cargo de los jefes de Gabinete, a quienes
no se incluyó en el dictamen”. Dijo que él tampoco fue cuestionado ni
mencionado en ninguno de los informes de auditoría. La mayor parte de las
decisiones de las que se desliga dependían de la secretaría de Obras Públicas a
cargo de López, preso por lavado y enriquecimiento ilícito, desde que fue a
dejar los bolsos con casi 9 millones de dólares al convento de General
Rodríguez.
Fuente: Página 12
