miércoles, 2 de noviembre de 2016

Comunicado del Dr. Carlos Rozanski al ser aceptada su renuncia por el ejecutivo.

Redacción de Utophia: recibimos de Adriana Fernández el comunicado que le hiciera llegar llegar el Dr. Carlos Rozanski al ser aceptada su renuncia por el ejecutivo, solicitando su difusión.

MOMENTOS
Con motivo de la aceptación de mi renuncia, al cargo de Juez de Cámara Federal, por parte del Sr. Presidente de la Nación, se imponen algunas breves líneas a modo de cierre de una etapa personal y profesional. A lo largo de 25 años ejercí la magistratura como juez de Cámara por concurso -10 en San Carlos de Bariloche y 15 en La Plata-. Durante ese cuarto de siglo, jamás sentí presión alguna de parte del Estado Provincial o Nacional, debiendo tenerse en cuenta que diversos gobiernos con distintas orientaciones políticas han regido esos años los destinos del país. Las presiones, amenazas y agresiones, personales, familiares y de colaboradores, han sido siempre desde los mismos sectores violentos que llevaron adelante el proyecto económico que en los años 70 utilizaron el Terrorismo de Estado para imponer dicho designio. Con ese objetivo, necesitaron disciplinar a la sociedad, para lo cual, como quedó probado en la justicia, secuestraron, torturaron, robaron identidades de niños, se apropiaron de empresas millonarias, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de personas en una orgía de sangre que no tiene otro nombre que genocidio.
Luego de 20 años de impunidad, una luz encendida desde el propio Estado comenzó a iluminar el camino de la reparación, y por primera vez en el mundo, tribunales del propio país en el que se cometió el genocidio, comenzaron a juzgar y condenar a los responsables materiales. En una progresión incontenible, se llegó a trascender a los asesinos y torturadores de mano propia y se avanzó sobre los cómplices civiles. Ese avance, que avizoraba la suerte de diversos sectores responsables desde el inicio del proceso asesino, encendió una alerta mucho más fuerte que el juzgamiento de miembros de fuerzas de seguridad. Los procesos sociales de justicia “real” respecto de crímenes de masas, no se detienen en los ejecutores, sino que llevan naturalmente a investigar y eventualmente a castigar a sus verdaderos jefes, economistas, abogados, sacerdotes, jueces y empresarios, sin los que jamás se podría haber llevado a cabo el proceso genocida. Claro está que los sectores mencionados no incluyen a aquellos sacerdotes, políticos, empresarios y jueces, que se opusieron horrorizados a la barbarie asesina de ese proceso. Por supuesto también que quienes, integrando cualquier categoría social de las mencionadas, se enfrentaron a los mercaderes de la muerte, corrieron la misma suerte que los miles de obreros, estudiantes, docentes y dirigentes que pagaron con su vida o el exilio enfrentar con dignidad la violencia de los tiranos.
Hoy con dolor, debo hacer público, que por primera vez en más de tres décadas de vigencia institucional, se percibe que el Estado avanza sobre jueces y fiscales de la nación.           
Valiéndose de los mismos medios de comunicación que llevan a cabo sus operaciones en papel manchado de sangre, anuncian a través de algunos periodistas, en no menos ensangrentados canales de televisión, la suerte de los magistrados seleccionados. Luego, sin que la verdad tenga importancia alguna, con burdas mentiras y difamaciones bizarras, se ponen en marcha los mecanismos legales para llegar -con métodos ilegales-, a los fines propuestos. Todo ello, a fin de evitar que el proceso actual continúe mostrando a la sociedad las complicidades civiles que excedan a los uniformados y expongan legal, ética y materialmente, a quienes gozaron durante décadas no sólo de la impunidad que la tradición les garantizó, sino además, de las inmensas fortunas obtenidas tanto con el proyecto económico que sostuvieron, como con la rapiña de las empresas y bienes de los que se apropiaron bajo tortura y que les permitió disponer de los ríos de papel en los que volcaron y vuelcan hoy sus operaciones de prensa.     
 Se podrán deshacer de algunos jueces y fiscales, pero jamás podrán manchar 33 años de democracia, de desenmascaramiento de asesinos y cómplices, de repudio al terrorismo de Estado y del irreversible camino hacia la verdad, la justicia y la memoria que la inmensa mayoría del pueblo argentino decidió transitar.

Carlos Rozanski

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